El gobierno de Cuba acaba de flexibilizar el régimen que impide a los cubanos viajar libremente al exterior. Dependiendo de cómo se implemente esa decisión, ésta puede ser la reforma más significativa entre las que viene realizando ese gobierno desde 2007 o convertirse en un atenuado medio de control.
La dimensión de la medida concierne a la reforma política en tanto está ligada a la libertad de movimiento cuya restricción caracteriza a los regímenes totalitarios. He allí su potencial libertador. Y el Estado cubano lo reconoce…pero quizás no desea correr los riesgos que ella implica.
En efecto, si esta reforma puede implicar flexibilización de las condiciones carcelarias que el régimen ha sometido a su población y el Estado no desea publicarlo con el despliegue apropiado es porque la medida tiene un detonador de expectativas que el gobierno desea minimizar.
Al respecto, es sintomático que Granma, el vocero oficial del régimen, anuncie la reforma no como una medida de apertura sino como una norma administrativa de “adecuación” de la “política migratoria” “a las condiciones del presente y futuro”. En su perspectiva, que es la del Estado, no hay, en apariencia, nada que celebrar.
En lugar de ello, se informa en tono corriente sobre la eliminación del permiso de salida para los viajes al exterior y de la ‘carta de invitación’. Estos documentos serán reemplazados por el simple pasaporte y la obtención de una visa al país de destino.
Y el anuncio burocrático va acompañado del condicionamiento normativo: para el otorgamiento del pasaporte, se “tiene en cuenta el derecho del Estado revolucionario de defenderse de los planes ‘injerencista’ y subversivos del gobierno norteamericano y sus aliados”. Es más, se advierte al respecto a los cubanos que “se mantendrán medidas para preservar el capital humano creado por la Revolución frente al robo de talento” que se practica en el exterior.
Tal advertencia implica la total discrecionalidad que mantendrá el Estado para el otorgamiento de pasaportes y, en consecuencia, reduce la expectativa ciudadana (especialmente de la que es considerada “capital humano”) cuyos derechos no son mencionados por Granma.
No estamos, por tanto, frente al equivalente de la caída del muro de Berlín en el Caribe sino a una intento del régimen cubano de mostrar apertura a un ritmo aún más lento que el del régimen chino.
Pero los cubanos, finalmente habitantes de una isla a 90 millas del lugar donde prosperan miles de sus compatriotas, no tienen la paciencia sedentaria de los chinos continentales.
En efecto, a pesar de la represión y del inmenso riesgo que implica cruzar por cuenta propia el Estrecho de Florida, centenares de miles de cubanos han emprendido esa aventura. En el intento han fallecido en el mar miles (según el recuento de Cuba Archive la cifra se estima en las proximidades de 70-80 mil cubanos).
Si la magnitud de esa catástrofe implica responsabilidad del gobierno cubano (éste, lejos de proteger a sus ciudadanos, decidió no hacerlo empujándolos al mar sin precauciones en 1980 luego de intentar impedir la “fuga” de cientos mediante el uso de la fuerza), ésta es correspondiente con la aspiración de buena parte de esa ciudadanía de poder salir y volver a la isla a voluntad.
Ésta se expresó con intensidad antes de la revolución. Pero luego de ella la presión migratoria cubana, esencialmente ligada a Estados Unidos, se siguió manifestando.
En efecto, según un estudio de Matías Travieso-Díaz publicado en el Berkely Journal of International Law, esa presión se ha expresado en cinco olas migratorias desde 1959. Durante la primera (1959-1964) emigraron a Estados Unidos alrededor de 200 mil cubanos, en la segunda (1965-1973) alrededor de 260 mil, en la tercera (1973-1979) aproximadamente 39 mil, en la cuarta (1978-1982) aproximadamente 125 mil y en quinta (1982-1990) alrededor de 75 mil.
Es decir, si las cifras son ciertas, alrededor de 700 mil cubanos han logrado salir de la isla desde 1959 a pesar de los intentos del gobierno cubano por impedirlo de manera represiva.
La fuerza de esa predisposición se debería manifestar ahora con mayor intensidad a pesar de los intentos del gobierno cubano de atenuar su propia decisión con condicionamientos quizás ligados al orden migratorio pero también a la esencia totalitaria del régimen.
El Perú, cuya Embajada fue invadida por miles de cubanos en busca de libertad en 1980 y que coadyuvó a su salida a pesar de la hostilidad castrista en 1980, debiera tener interés en que el gobierno cubano implemente su propia ley de la manera menos restrictiva posible. En ese caso Cuba se habrá beneficiado ampliamente.
