El Presidente Rafael Correa acaba de ser reelecto en primera vuelta con un margen importante de votos (56.7% según cifras preliminares). Si, a la luz del control o influencia determinante que el Presidente ejerce sobre los poderes públicos y los medios de su país, ese triunfo pudiera cuestionarse, la pésima perfomance de la oposición no deja, sin embargo, dudas sobre la magnitud y naturaleza de su victoria.
En efecto, dispersa en siete agrupaciones (entre las que no aparece ningún “partido tradicional”) y una serie de organizaciones ilegitimadas (la izquierda del ex -socio del Sr. Correa, el Sr. Alberto Acosta, con sólo 3.2% de los votos, la organización del ex-presidente Lucio Gutiérrez con 6.6% o la del ex -primer contendor Álvaro Novoa 3.7%) han dejado como mejor representante de la oposición a un banquero y ex -ministro del defenestrado Jamil Mahuad (Guillermo Lasso con apenas 23.3% de los votos). Asumiendo que el Presidente Correa cumpla con la ley –y con su palabra- y no se presente a las elecciones de 2017, un gran vacío de poder se puede avizorar en Ecuador para entonces.
Esta perspectiva de inestabilidad de largo plazo se esconde hoy bajo el manto de lo que O’Donnel denominó democracia delegativa, fenómeno político que se ha propagado por Suramérica desde que Alberto Fujimori se reeligiera maníacamente a lo largo de la última década del siglo XX en el Perú. En efecto, a partir de la promulgación de la nueva constitución ecuatoriana en 2008, el Presidente Correa ha logrado controlar la Asamblea Nacional (hoy habría obtenido una mayoría de 70 representantes sobre 124 asambleístas), la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura (el Poder Judicial) y el Consejo Nacional Electoral con una mayoría de miembros más o menos afines al régimen o dependientes de él. Sin embargo, la población ha premiado con su voto esa realidad delegando toda la autoridad en el Presidente a cambio de seguridades inmediatas de bienestar.
En ese marco de autoritarismo popularmente avalado, el Presidente Correa se ha embarcado en una confrontación con la prensa controlando algunos medios, ejerciendo sobre los demás coerción jurídica y política e imponiendo reglas de silencio (es decir, de censura y autocensura) si de lo que se trata es expresar opinión favorable a uno u otro candidato. Más allá del problema de la propiedad de la prensa o de los excesos que algunos hubieran cometido en el pasado, el hecho es que la libertad de opinión política no existe en el Ecuador disuelta en los excesos de la prohibición pública del libelo.
Si la autoridad del Estado reside sólo en el Presidente, su condición de representante de esa entidad soberana se ha ampliado extraordinariamente. Nadie puede negar que el del Sr. Correa es un gobierno autoritario que incumple con las obligaciones comprometidas internacionalmente en la Carta Democrática. Pero a la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos, como en el caso de los venezolanos afiliados al Sr. Chávez, esta situación no sólo no parece alarmarlos sino que han resuelto confirmar esa delegación plena del poder.
Discutir si este tipo de gobierno es legitimado por la ciudadanía mediante el ejercicio de la democracia delegativa o si es sólo un producto de la manipulación autoritaria del presidente ciertamente no es intrascendente. Pero parece impráctico si los vecinos miran para otro lado.
Especialmente si algunos de ellos –y de otros lares- consideran que el gobierno del Sr. Correa es un éxito en contraste con la etapa de extraordinaria inestabilidad política que vivió Ecuador entre 1996 y 2005 cuando ese país padeció la sucesión de siete presidentes (incluyendo a Alfredo Palacio, quien heredó el cargo del depuesto Lucio Gutiérrez y tuvo como ministro de Economía al actual presidente). Sin embargo, la aparente estabilidad de hoy puede ser la inestabilidad del futuro si las lecciones del reciente pasado anárquico no han sido aprendidas o se mantienen ocultas bajo el manto de una autoridad que ha reformado el Estado pero cuya funcionalidad institucional es notoriamente excluyente y, por tanto, frágil.
Esta prospectiva debe ser considerada seriamente por los vecinos de Ecuador. Especialmente por el Perú que, durante la etapa de estabilidad relativa que es atribuible al Sr. Correa, ha logrado un nivel de relación bilateral excepcional en la historia de los dos países aun en el marco de gobiernos que tienen visiones del mundo no concordantes y alineamientos estatales claramente divergentes (el ALBA sigue siendo el escenario de articulación ecuatoriana mediante la cual Ecuador procura su inserción en el mundo aunque el Presidente Correa quizás no persiga su liderazgo: considerando que no pretende reelegirse nuevamente, será difícil que se le considere el heredero regional de Hugo Chávez).
En efecto, en esta etapa el Perú y Ecuador han cerrado todos sus problemas limítrofes al suscribir el tratado de límite marítimo (2 de mayo de 2011), han acordado el reconocimiento del Golfo de Guayaquil como bahía histórica (23 de noviembre de 2012), han celebrando sistemáticamente reuniones bilaterales a nivel presidencial y de gabinetes y han avanzado persistentemente en el desminado de la frontera común, en el proceso de integración fronteriza y en el fomento de medidas de confianza de acuerdo con los términos del acuerdo de paz de Brasilia (1998).
Esta relación interestatal desarrollada al amparo de la convergencia de intereses nacionales primarios ha sido complementada por un importante incremento del intercambio comercial que se estima, en el agregado, en US$ 900 millones durante el período de gobierno del Sr. Correa (la diferencia entre los US$ 1.8 mil millones de 2007 y los US$ 2.7 mil millones en 2011).
Este moderado dinamismo de los intercambios es largamente superado por la inversión pública realizada en el marco del Plan Binacional de Integración Fronteriza y de proyectos de los diferentes sectores en el área estimada en US$ 3688 millones en los últimos diez años. De ese total US$ 2242 millones son de origen gubernamental peruano y ecuatoriano, US$ 404 millones provienen de la cooperación internacional y US$ 1037 millones de inversión privada orientados a los programas del Plan Binacional (1).
La inversión privada mutua es, en cambio, menor. Por lo demás, el estimado de la inversión realizada en los respectivos países varía enormemente entre la que tiene fuente registrada (Ecuador reporta una inversión de US$ 80 millones en el Perú en los años 2008-2009) y la no registrada (funcionarios en Ecuador consideran un stock bilateral de alrededor de US$ 3 mil millones). La magnitud de esta distorsión genera serias complicaciones para determinar la relación financiera entre ambos países y, obviamente, para la evaluación de sus efectos (este problema debe merecer la mayor atención en el menor plazo). Pero la premisa es que la inversión de doble dirección se ha incrementado notablemente en relación a los escuálidos montos de principios de siglo.
Ese incremento ha ocurrido, sin embargo, en un contexto reciente de baja inversión privada en Ecuador, de fuerte aumento de la inversión pública (24.9% en 2012 según la CEPAL) (2) y en un marco de gasto público equivalente a 51% del PBI (pero con un déficit fiscal de sólo -2.5%). A moderar ese déficit ha contribuido el incremento de los ingresos fiscales (14%) fuertemente marcado por un incremento tributario (28%) y menos por los aportes del mayor ingreso petrolero (que han sido de sólo 2.9% en el 2012 aunque partiendo de un piso muy alto).
Esta última cifra parece consistente con el tipo de crecimiento de la economía ecuatoriana en el último año cuyo motor más dinámico, según la CEPAL, fue la demanda interna basada en el incremento del gasto (inversión en capital fijo especialmente en infraestructura y construcción) y en el consumo privado.
Ello se ha reflejado en un crecimiento de 4.8% en 2012 (un fuerte retroceso en relación a la perfomance de 8% en 2011) en el que las exportaciones de bienes y servicios no han tenido un desempeño extraordinario (el déficit de cuenta corriente es –US$ 427 millones). A pesar de que los déficits fiscal y de cuenta corriente son relativamente bajos, el menor crecimiento esperado para este año (sólo 3.5%) en un marco de inflación de 5% (que se espera que descienda a 4%) no permitirá sostener el ritmo de gasto público del último año (que ha permitido un desempleo por debajo del 6%, el incremento real del salario mínimo en 5.2% y, según el Banco Mundial, un descenso de la pobreza a 28.6% en 2011 desde 35.1% en 2008).
Si los intereses convergentes del Perú y Ecuador y el valor creciente de los intercambios y de la integración física entre ambos países son un hecho constatable (cuyas intensidad, sin embargo, falta incrementar), las diferencias de sustento político, de certeza en el mediano plazo y de inserción regional y global obligan a una relación bilateral en la que el realismo político, la interdependencia y la integración encuentren un punto de equilibrio ajustable y cada vez cada vez más conveniente para los dos países. La reelección del Presidente Correa quizás pueda contribuir a ello pero en un escenario de identidad de intereses que no define aún la relación entre ambos países.
Fuentes: Plan Binacional Perú- Ecuador (capítulo peruano).
CEPAL: Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2012.
