La centro- izquierda ha retornado al gobierno en Chile consolidando la gestión de una línea política que en las últimas dos décadas sólo fue interrumpida por la gestión del Presidente Sebastián Piñera. A pesar de que la Concertación ha sido reemplazada por Nueva Mayoría ese retorno debiera estar marcado más por la continuidad ideológica (definida por la contienda con la Alianza y el vínculo con la ex –Concertación) que por el cambio.
Pero este último se evidencia tanto en la configuración del nuevo frente de gobierno (donde la incorporación del Partido Comunista es la incorporación más notable) como por las propuestas de reforma educativa, tributaria y constitucional de la Presidenta electa. Éstas contienen importantes transformaciones de enfoque (mayor énfasis en la inclusión y en el rol del Estado en la provisión de servicios públicos antes circunscritos al ámbito privado), programáticas (que implican eventuales cambios institucionales incluyendo la modificación de la carta magna) y de sustento (un soporte que desea ampliarse a las clases medias emergentes y a los jóvenes).
Si la gestión macroeconómica se mantendrá dentro de las disciplinas el modelo chileno de fin del siglo pasado y principios de éste, aquélla deberá cambiar de énfasis a la luz de nuevos desafíos cuya confrontación ha sido avalada por una mayoría de 62% (y afectada por una ausentismo superior al 50%).
En ese contexto cabe preguntarse cómo cambiará la política exterior chilena y, a la luz del nuevo escenario que la próxima sentencia de la Corte Internacional de Justicia abre para la relación bilateral peruano-chilena, cuánto de convergencia con la política exterior peruana existe en la propuesta de la Presidente electa Michelle Bachelet.
La respuesta a priori se resume en que, atendiendo sólo al programa general de gobierno de Nueva Mayoría, los intereses convergentes sobresalen sobre los divergentes. Sin embargo, en tanto la convergencia de intereses no implica identidad intereses y considerando que el ámbito de competencia sigue latente en algunos escenarios (como el portuario y de proyección marítima), los niveles de cooperación posible seguirán dependiendo de la disposición de los gobiernos en un marco estructurado por la intensificación de la interdependencia bilateral y por el reiterado compromiso político mutuo de implementación del fallo de la Corte.
En cuanto al diagnóstico del contexto internacional, parece claro que éste es menos favorable si lo compara con el existente antes de la crisis financiera. En el ámbito económico las limitaciones externas al crecimiento afectan al conjunto de la región y no sólo al Perú y a Chile según todos los diagnósticos.
Así, estructuras de oferta exportadora dominada por productos tradicionales plantean similares desafíos a ambos países. Y si es cierto que hay competencia económica, las diferencias de requerimientos de mayor competitividad, productividad y cierre de las brechas de infraestructura e innovación son más cuestión de grado que de sustancia. ¿Concuerdan Perú y Chile en que la tendencia del contexto se orienta a la configuración incremental de bloques regionales como sostiene el documento que contiene el plan de gobierno de la Presidente electa? Que se sepa el Perú no ha producido un diagnóstico oficial sobre la materia. Sin embargo, se pude decir al respecto que si bien la globalización nunca “desterritorializó” a los mercados de la economía real, los mecanismos de transmisión de esa debacle fueron claramente transnacionales.
Por lo demás, los escenarios de integración siempre fueron principalmente regionales (ALALC ALADI, la Unión Europea, la APEC). Si alguna novedad existe al respecto es que la negociación de los acuerdos de libre comercio transpacífico y transatlántico añadirán al regionalismo una novedosa dimensión externa (complementaria del regionalismo abierto) que incrementa la vocación global del comercio internacional. Dentro de los términos de una discusión breve se puede concluir que no asistimos a una conformación de bloques y que, en lugar de ello aparecen más bien nuevos sistemas de balance de poder de carácter regional que pueden afectar a la región. Perú y Chile deberán preocuparse por esa fenomenología complementada por la falta de reconocimiento de la persistente fragmentación ideológica suramericana (algo bien diferente al escenario de una simple heterogeneidad).
Si bien el programa de gobierno de Nueva Mayoría no abunda en la referencia a la relación con los vecinos, sí critica la dimensión mercantil de la misma imputada al gobierno del Presidente Piñera. En realidad éste es un problema que surge en la última década del siglo pasado cuando la Concertación estaba en el poder y la negociación de acuerdos de libre comercio dominó la agenda internacional chilena.
Un hecho semejante ocurrió en el Perú lo que contribuyó al mayor protagonismo de las dependencias públicas preocupadas esencialmente por el interés económico. Además, dentro de un contexto de apertura, los agentes económicos privados incrementaron su influencia en la política exterior de Perú (y Chile). Aunque éstos siguen siendo parte esencial de los vínculos de interdependencia es entendible que Chile desee renovar los contenidos de la relación vecinal. Ese interés es convergente con el interés peruano que desea incrementar el instrumental generador de confianza entre ambos países. A ello debe agregarse el requerimiento nacional de buscar un mejor equilibrio en la relación económica (especialmente en el ámbito de las inversiones). Pero esa es una corrección que debe realizar el Perú incrementando sus capacidades en el área.
De otro lado, aunque la propuesta de Nueva Mayoría no clarifica la aparente contradicción entre la afirmación de que la cuenca del Pacífico será el eje de la política exterior chilena y la que otorga importancia sustantiva a la recuperación del rol de Chile en la región (es decir, en el continente) es evidente que la prioridad otorgada al UNASUR y la CELAC coincide con las políticas que plantearon los gobiernos de la Concertación desde 1990.
En esa agenda la preocupación por la democracia representativa en la región fue explícita mientras que hoy el énfasis parece colocarse en rescatar las virtudes de la diversidad política. El Perú no enfoca así el problema pero su práctica política reciente hace más énfasis en la soberanía que en la defensa colectiva de la democracia representativa.
En el ámbito marítimo es evidente la convergencia de intereses iniciales peruanos y chilenos en el marco de una Alianza del Pacífico no excluyente y como plataforma comercial de proyección hacia el Asia. El documento no se detiene en la enumeración de los beneficios continentales que procura la Alianza (aunque se entiende que los respalda) y pone más énfasis en su importancia para entendimientos con la dimensión asiática de la cuenca (especialmente con la ASEAN). Al respecto la política exterior peruana no ha hecho ese énfasis en un escenario en el que el rol de China es central, pero es claro que el escenario ASEAN es también prioritario.
De otro lado, aunque el Perú destaca las ventajas futuras del acuerdo transpacífico, el plan de gobierno de Nueva Mayoría no las enfatiza. Es probable que ello ocurra por la dimensión de política interna que tiene ese documento en tanto Chile, bajo los gobiernos de la Concertación, auspició esa negociación desde su versión embrionaria (el P4 que conformaban Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei).
En todo caso, el Perú y Chile comparten la preocupación (diferenciada por capítulos y énfasis) de que lo logrado en la negociación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos no se renegocie indirectamente y que no se establezcan reglas que innoven negativamente el sector financiero. Ambos países tienen en esas negociaciones “líneas rojas” que debieran generar algún escenario de coordinación al respecto.
En el escenario del Pacífico, Nueva Mayoría destaca además el interés de que Chile se consolide como “país puerto” (hub regional) y “país puente” entre el Asia y los países del Atlántico suramericano.
En esta materia la competencia es evidente en tanto el Perú aspira también a convertirse en un hub marítimo en el área y desempeñar el rol correspondiente hacia el resto suramericano. Más aún cuando nuestros puertos están insuficientemente capacitados y desprovistos de líneas de navegación que sí tiene Chile. En esta materia el trabajo pendiente del Estado peruano es inacabado y la cooperación potencial en el área no debe provenir de un predominio del vecino en el sector.
Finalmente, es evidente que Perú y Chile desean enriquecer sus respectivas agendas con Estados Unidos y la Unión Europea. Los intereses comprometidos de carácter bilateral son complementarios aunque parece evidente que Chile congrega un mayor grado de atención de esos interlocutores.
Como antes en el caso peruano, Chile ha sido electo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad por los próximos dos años. Ello incrementa en Chile la necesidad de cumplir con las obligaciones multilaterales dentro del sistema de la ONU. Entre ellas está la de acatar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Un escenario de rebeldía frente al fallo de la Corte es, por tanto, menor.
Por lo demás, Chile y el Perú están interesados en fortalecer los organismos multilaterales que es lo que la propuesta de Nueva Mayoría plantea al respecto.
De este balance del plan de gobierno de Nueva Mayoría no es fácil concluir que los intereses divergentes con los intereses peruanos dominan claramente en la agenda de política exterior chilena.
Atendiendo a ese documento, éste es el marco de la sentencia. Éste debería ser mejorado, sin embargo, con un pronunciamiento de la Presidenta electa reiterando las sucesivas manifestaciones del gobierno de Chile sobre su disposición a ejecutar la decisión de la Corte Internacional de Justicia como parte de una política de Estado en tanto el programa de gobierno guarda silencio sobre la materia.
Desde la perspectiva chilena tal pronunciamiento se inscribiría en la decisión del próximo gobierno de intensificar las medidas de fomento de la confianza y de promover la cooperación e integración con el Perú como lo señala el programa de gobierno de Nueva Mayoría en el ámbito de la Defensa.
