En un intento por frenar la injerencia boliviana en el Perú y harto de que las gestiones bilaterales al respecto no surtan efecto, el gobierno ha decidido plantear esa preocupación ante la OEA. A juzgar por la disposición del señor Morales a ejercer la “diplomacia de los pueblos” (una forma transnacional de subvertir la estabilidad) y a obviar toda regla de comportamiento interestatal, quizás la decisión peruana no sea la más acertada.
Y menos cuando el problema mayor es, lamentablemente, la derivación de Bolivia en un Estado fallido con deliberada tendencia a la fractura territorial, a la confrontación social y a la destrucción del equilibrio regional.
Si el antagonista es ideológico y éste plantea un serio problema geopolítico, no es en un foro multilateral poco propenso a aplicar sus propias normas liberales (p.e. la defensa de la democracia representativa) donde la diplomacia peruana puede ser más eficaz al respecto. Y en tanto el problema consiste en la progresiva destrucción del Estado boliviano, la pérdida de dominio en las inmediaciones del heartland suramericano y el desborde social emergente en el área, esa amenaza latente debe ser examinada y discutida por el Perú con todos los países interesados en el progreso suramericano.
Especialmente si existe el riesgo de que el fraccionamiento de ese país tienda a congregar sobre él fuerzas no convergentes que intentarán llenar un vacío de poder que la irresponsabilidad del gobierno boliviano no cesa de alentar. Parte de aquéllas podrían derivar de la reanimación de la nominalmente cancelada competencia argentino-brasileña. Otro tanto podría ocurrir con las fuerzas generadas por la renovada atención chilena en Bolivia.
Pero estas viejas tendencias preocupan menos que la presencia caribeña en el corazón suramericano cuyo posicionamiento beligerante en el área el señor Chávez no se ha cansado de dramatizar. En el escenario descrito, la acción de Venezuela y Cuba ciertamente podría generar en una Bolivia destruida la cimiente de un conflicto regional. Éste podría potenciarse sustancialmente por la presencia violenta del narcotráfico cuya capacidad destructiva es manifiesta en el continente.
Éste es la amenaza sobre la que el Perú debe tratar con sus vecinos. Especialmente cuando el señor Morales desea convertir lo que antes de su gobierno pretendía ser un centro de integración regional en un polo contemporáneo de conflicto hemisférico alentando la confrontación con Estados Unidos.
Por lo demás, la discusión del intervencionismo boliviano en la OEA sólo logrará para Morales una tribuna desde la que intentará intensificar esa confrontación. Ella le ofrece además, una gran oportunidad para fortalecer su pretendido rol de líder de la “soberanía y dignidad” latinoamericana definida como la oposición a Occidente.
Si ello facilitará el sabotaje de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias extraregionales bien hará el Perú en cancelar su opción por la protesta en la OEA y optar por la aplicación de medidas coercitivas económicas a Bolivia si ese país opta por insistir en hostilizar al Perú.
Que el Perú facilite las cosas a Morales en la OEA es mucho premio para un gobernante desestabilizador que ha propiciado la cancelación del progreso de la emergente ciudadanía boliviana y desbarrancado una reforma, cuyo costo, en muchos casos excesivo, merecían una adecuación menos insensata.
