Aunque las decisiones de la OEA han sido periódicamente críticas para el hemisferio americano, la elección de su Secretario General ha sido generalmente indiferente para nuestra ciudadanía. En efecto, decisiones como las que comprometieron el alineamiento anticomunista, la separación de Cuba, la posición común en la crisis de los mísiles, la crisis del TIAR, la suscripción de la Carta Democrática y su aplicación, la activación de la Corte y la Comisión de Derechos Humanos, la participación en el ALCA o el posterior apoyo al uso de la fuerza extraregional por Estados Unidos (Afganistán) han comprometido el destino regional aunque no el interés constante de la población. Hoy, a la luz de la importancia creciente que ha adquirido el sistema interamericano ya no sólo para nuestra inserción externa sino para el establecimiento del orden interno (la Res.1080 aplicada al Perú) y la ampliación del mercado nacional (las exportaciones del Perú a América representan 51% del total), esa elección tiene una dimensión pública mayor. Más aún cuando ésta ha sido condimentada por la renuncia del último Secretario General acusado, en su país, de corrupción.
A ello contribuye fuertemente el cambio de usos y costumbres en la elección de este alto funcionario. En efecto, desde hace tres semanas los candidatos al cargo han desfilado ante el Consejo Permanente en Washington para presentar sus propuestas. Que se recuerde, nunca antes los aspirantes habían confrontado abiertamente sus prioridades políticas y de gestión. Aunque, felizmente, aún no se ha llegado al debate frontal (las presentaciones se han hecho en días diferentes) como lo quería algún país del Cono Sur, he aquí que el Canciller de México, Luis Ernesto Derbez, el Ministro del Interior de Chile, José Miguel Insulza, y el ex -Presidente de El Salvador, Francisco Flores, hacen campaña y lobby como cualquier candidato local, pronuncian discursos que se distribuyen luego como propaganda y se hacen acompañar por políticos de gran peso para mostrar la representación nacional de sus candidaturas.
El proceso es espectacular si se lo contrasta con la sobriedad de los usos prevalecientes en la materia hasta hace poco. Bajo las pautas convencionales los Estados, antes que los candidatos, bucaban de manera más o menos reservada el respaldo de otros Estados y luego procuraban el consenso sin arriesgar la contienda abierta teniendo en cuenta que no pocas de sus decisiones futuras dependerían de la aquiesencia de los demás. El trabajo sigiloso de las cancillerías aseguraba la discreción necesaria para minimizar las posibilidades de fricción en la configuración de alianzas y alineamientos y para ampliar el margen de maniobra en el proceso electoral.
Aunque no hemos arribado aún a la etapa de las pancartas y los debates televisivos (aunque las presentaciones electorales ya pueden verse en directo por internet), hoy las adhesiones son abiertas y los rechazos se pronuncian con mayor o menos agresividad (el caso entre Bolivia y Chile). Ello no es necesariamente malo para la diplomacia entre los países miembros pero ciertamente no es bueno para la política exterior en tanto crea rigideces, fija posiciones donde no es necesario e inhibe la posibilidad de generar consenso (que es el resultado del compromiso reservado y de la no oposición a alguien antes que el voto por alguien).
Quizás este última virtud esté siendo sacrificada hoy en el altar de la publicidad y de una malamente entendida transparencia en la OEA derivada tanto del incremento de la diplomacia abierta como de la necesidad de fortalecer la credibilidad de una insitución erosionada por el escándalo en torno del anterior Secretario General, el expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez (y que ciertamente no es el primero si se recuerda la gestión del señor Orfila) . En efecto, aunque el Secretario General es electo mediante votación singular por las Asamblea General (en principio, por mayoría absoluta entre los 34 miembros del sistema), el consenso suele ser un instrumento recurrido para evitar impasses en el caso de que no se consiga la mayoría (esta es la opción peruana a pesar de que intentó, frustradamente, la presentación de una candidatura formal). Con la extraordinaria dimensión pública del procedimiento actual este beneficio se pierde y es poco lo que se gana.
En efecto, si contar con una mayoría abierta y conocida es conveniente para dirigir un organismo multilateral el beneficio es menor de lo que aparenta en tanto esa mayoría cambiará de acuerdo al interés nacional que se juegue en cada votación (aunque de limitada siempre por alineamientos flexibles). Por lo demás el Secretario General que resultara triunfante bajo el actual procedimiento probablemente verá recortado su margen de maniobra en tanto se sentirá más obligado con quienes hicieron abierta campaña y votaron por él que con quienes votaron en contra. No sería extraño, además, que emergieran al respecto complicaciones intraregionales en tanto los candidatos en pugna tienden a representar subregiones (el salvadoreño desea representar a Centroamérica, el chileno a Suramérica y el mexicano a Latinoamérica) al tiempo que obvian la norma no escrita sobre turnos regionales en la conducción del organismo (las centroamericanos consideran que estas vez corresponde a un centroamericano la conducción de la OEA).
A mayor abundamiento, los credibilidad de una contienda de esta naturaleza no se incrementa necesariamente en tanto las “plataformas electorales” específicas no son todo lo compromisorias que parecen. En efecto, cualquiera que salga electo deberá satisfacer el conjunto de los requerimientos de la OEA que son más o menos conocidos por todos. Ciertamente es interesante que el señor Insulza otorgue más prioridad nominal a la solución de las graves complicaciones de la democracia, la gobernabilidad y los derechos fundamentales o que el señor Derbez enfatice la disminución de la pobreza, del desempleo y la atención a los países pequeños o que el señor Flores llame la atención sobre las necesidades de crecimiento, de infraestructura y de atención a desastres naturales en la región. Pero si su exposición nos ofrece un punto de vista, la gestión en el cargo no podrá concentrarse sólo en estas prioridades sino en la agenda completa requerida por el conjunto de los Estados miembros. Las iniciativas que pueda adoptar el Secretario General ciertamente mejorarán la calidad de su gestión pero la política multilateral no queda comprometida por el proceso electoral. De otro lado, teniendo en cuenta la similar importancia jerárquica de los candidatos, lo que importa es su capacidad de concertación, el grado de respaldo multiregional (y norteamericano) que dispongan y, al fin de cuentas, su carácter. Quizás de estos factores, antes que de los programas electorales, dependa la recuperación del prestigio ético de la OEA y la satisfacción de los requerimientos regionales evidentes: la decisión sobre el ALCA y su vinculación con el desarrollo, la redefinición del sistema de seguridad colectiva, la aplicación de la Carta Democrática en un contexto de debilitamiento institucional y el incremento de la identidad e influencia hemisférica a la luz de la creciente competencia de otras regiones, entre otras prioridades.
