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  • Alejandro Deustua

La OEA, Bolivia y la Irresponsabilidad Colectiva

8 de junio de 2005



Mientras en Florida, la Asamblea General de la OEA escuchaba propuestas sobre cómo potenciar la democracia y prevenir su vulneración en el Hemisferio, en Bolivia el Presidente Mesa optaba por su segunda renuncia al cargo en tres meses forzado por incontenibles fuerzas de desintegración. Como sucede en muchas crisis, los hechos que la generaron estaban a la vista hace un buen tiempo pero fueron desatendidos por la irracionalidad de la dinámica política. Es más, si desde octubre del 2003 ese hombre justo que es el Presidente Mesa adelantó el fracaso de su gobierno al promover la democracia directa (el privilegio permanente de la consulta popular) y deponer públicamente la legítima capacidad coercitiva del Estado (la consigna “no matar” se identificó con la indisposición a establecer el orden), la voluntad hemisférica para aplicar la Carta Democrática, suscrita como condición de pertenencia al sistema interamericano, se había evaporado. En el contexto boliviano tal incapacidad se ratificó cuando, en marzo pasado, el Presidente Mesa renunció revocablemente asumiendo quizás que su alta popularidad se traduciría en apoyo apurado por el temor ciudadano al vacío de poder. El resultado fue, más bien, el fortalecimiento de quienes cuestionaban el poder del Estado en ese país hermano. Y mientras ello ocurría, los miembros del sistema interamericano se distraían, con gran derroche de capital político, en una insólita “campaña electoral” para ocupar el cargo de la Secretaría General de la OEA. El hecho coadyuvó a pasar por agua tibia un golpe de Estado en Ecuador, antecedido por una muy cuestionable “reforma” del Poder Judicial que permitió el retorno impune de un gobernante corrupto, sin que la erosión del sistema democrático en el vecino mereciera suficiente atención por los Estados que han suscrito los fundamentales compromisos de la “claúsula democrática”. Como es evidente, entonces, la incapacidad o la ausencia de voluntad para establecer el orden interno en Bolivia ha sido complementada con la indisposición de los Estados americanos a sostener principios internacionales esenciales para la buena marcha del régimen hemisférico. Como resultado de estas tendencias pasivas, la OEA ha producido, a última hora, no un documento que exija el cumplimiento del compromiso colectivo con la democracia representativa sino apenas una invocación para que la crisis boliviana se solucione de acuerdo a la ley a cuyos efectos se ofrece una indefinida cooperación. Esta declaración no sólo no contribuye a restablecer el orden democrático en Bolivia ni a resguradar al sistema hemisférico en la materia, sino que atenúa la inserción de la región en Occidente. Es verdad que la urgencia de la crisis boliviana requería una respuesta rápida en el marco de la morosidad mostrada hasta ahora. Pero la naturaleza declarativa de la resolución ampara la posición de que la solución de la crisis en cuestión corresponde sólo al ámbito interno de un Estado en riesgo de inviabilidad e impulsa la involución de la Carta Democrárica hacia la interpretación estricta del principio de no intervención en una materia en la que ese principio se había flexibilizado ad hoc por convencida decisión unánime. En consecuencia, no sólo el régimen de defensa colectiva de la democracia representativa en el Hemisferio –que es el quid pro quo de la militancia occidental latinoamericana- ha sido erosionado seriamente sino que se ha incrementado la capacidad desestabilizadora de las fuerzas que hoy corroen un Estado localizado en el corazón suramericano. A caballo de estas fuerzas centrífugas, la renuncia del Presidente Mesa tiende a ser vista como una posibilidad de solución en tanto que éste no encontró sustento en ninguno de los baluartes regionales, ni en los partidos políticos ni en los poderes fácticos. Curiosa solución ésta que exalta la disolución de la autoridad como práctica reiterada con la esperanza de una recomposición interna basada en una nueva consulta electoral. Los que así piensa olvidan que la eventual elección de un nuevo Jefe de Estado en Bolivia no restablecerá el principio de autoridad en tanto que competirá con los reclamos contenciosos de una Asamblea Constituyente y de los referenudms autonómicos. Mientras el orden dependa de la decisión de una ciudadanía peligriosísamente polarizada, las tendencias anárquicas antes que la democracia representativa prevalecerán en Bolivia. Para que ello no ocurra, el rol de la mediación es hoy fundamental. La Iglesia lo intenta llevar a cabo en una situación que confronta a occidente con oriente, a estatistas con liberales, a reformistas que miran hacia fuera y revolucionarios regresivos y endogámicos. Si en este contexto, el rol mediador no es suficientemente vigoroso –y hoy no lo es en Bolivia-, las posiciones de fuerza tendrá siempre la sensación de victoria y actuarán en consecuencia. Si bien éstas son manifiestas en ambos bandos, quienes llevan la ventaja son aquellos que han mostrado disposición a recurrir a la violencia de masas liderados por agentes que han radicalizado su posición conforme escalaban el conflicto social (el señor Morales, por ejemplo, ha pasado de ser un defensor de cocaleros e indígenas, a ser un protector de los recursos naturales y promotor de nacionalizaciones para terminar invocando abiertamente la lucha de clases). Los escenarios fragmentadores que implican la beligerancia armada no son hoy en Bolivia sólo una típica exageración de las primera planas periodísticas. Por ello es que si antes la comunidad hemisférica debió fortalecer la mano del Presidente Mesa con mayor vigor, hoy los regímenes políticos interamericanos no pueden limitarse sólo a ofrecer un amorfo respaldo a las autoridades legítimas de Bolivia cuando ni siquiera se sabe cuáles son. Todos los que que han suscrito la “clausula democrática” en la región -la OEA, la CAN, el MERCOSUR, el Grupo de Río, la Comunidad Suramericana de Naciones- están en la obligación de promover acciones concretas de cooperación con Bolivia y de exigirle a los representantes de los poderes institucionales el cumplimiento de su deber.

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