El mesurado uso de la reserva en el manejo de la información, sea ésta pública o privada, es un instrumento indispensable en cualquier proceso de toma de decisiones. Éste es consustancial al logro de resultados eficaces por cualquier agente y, en consecuencia, es también determinante del adecuado comportamiento de individuos y Estados aún en las sociedades más abiertas.
Cuando la reserva se encuentra más cercana de la prudencia como política que del secreto como innecesario escudo protector, aquélla es funcional a la generación de decisiones más consistentes con el objetivo buscado. Y lo es porque el mecanismo formador de la decisión es más estable, se libera de los excesos de la presión externa que lleva a distorsiones y permite que la decisión sea más fácilmente ejecutable. Si, bajo estas premisas, la reserva interactúa con los requerimientos de transparencia necesarios para lograr cohesión social ad hoc, aquélla se optimiza.
Y al hacerlo fortalece a las instituciones responsables especialmente cuando éstas carecen de pilares suficientemente sólidos. Y también asegura que los procesos decisorios -especialmente aquellos dedicados a la solución pacífica de controversias- presenten calidades superiores de racionalidad y equidad en tanto éstos son liberados de la influencia de factores exógenos de carácter sesgado.
Si ello es indispensable para la normal relación entre los Estados y para la negociación entre ellos lo es más para la solución de sus diferencias. De allí que el Tribunal Internacional de Justicia conduzca los procesos decisorios en el marco de la reserva aunque promoviendo la información indispensable para que otros Estados interesados y la opinión pública concernida no reaccionen por desinformación.
Pero para que la reserva tenga un buen manejo, el Estado debe fijar sus límites y reglas. Si éste procederá al respecto de acuerdo a su naturaleza (los Estado totalitarios tenderán más hacia el secreto y los Estados democráticos se inclinarán por parámetros de mayor transparencia) el hecho es que no podrá dejar de definir y regular la reserva si pretende para sí un comportamiento racional. La irracionalidad -y sus consecuencias de desentendimiento, ineficacia, filtraciones y conflicto- se presentará cuando el Estado deje de ejercer sus funciones en este campo o lo haga de manera inconsistente.
En el caso de la controversia marítima con Chile, la política de reserva ha pasado de un extremo cercano al secreto a otro de la más amplia apertura informativa sin que el Estado haya establecido ni aplicado los parámetros necesarios para ese tránsito de manera explícita. En efecto, éste ha ocurrido en poco tiempo (algo más de un año) más como producto de las circunstancias que abrieron la puerta a la necesaria información mediática que por una decisión política evidente.
De esta manera, los mismos actores que hasta hace poco sostenían la necesidad de mantener un alto grado de reserva en torno a la información pertinente invocando la razón de Estado o hay la publican con detalle esgrimiendo el argumento contrario. El catalizador al respecto ha sido ciertamente la proximidad del proceso que deberá resolver la Corte Internacional de Justicia. Pero a ello ha contribuido también un fuerte componente de arbitrariedad.
Una prueba de ese tránsito inercial ha sido la aparición de información específica u organizada que, de haber contado con una política de reserva, no habría ocurrido o lo hubiera hecho de manera menos sorprendente. Otra prueba de arbitrariedad ha sido el cambio de posición de actores cercanos al proceso de toma de decisiones correspondiente (y por lo tanto, a información privilegiada) en relación a la utilidad de ciertos regímenes trascendentales (como la Convención del Mar) sin mediar razón de por medio que no sea la del cambio de circunstancias.
Por lo demás, es posible que ambos hechos hayan sido también una función de las desavenencias intrainstitucionales generadas a lo largo de la década fujimorista. Esto tiene que terminar. Ahora que el Perú se encuentra ad portas de iniciar un proceso que deberá concluir en la definición del límite marítimo con Chile una mesurada de reserva sobre el manejo de la información debe ser explícitamente definida. Aunque el límite entre lo que puede informarse y lo que no debiera discutirse públicamente es difícil de establecer, ciertas normas generales debieran ser claras para todos.
Entre ellas debiera priorizarse las que deben regir el comportamiento de los servidores públicos cercanos al proceso y, por tanto, a la información relevante. Ello otorgará fluidez y seriedad al comportamiento del Estado, evitará conflictos intrainstitucionales y aclarará los términos de la imprescindible discusión pública distinguiendo entre las necesidades de cohesión en torno al interés nacional (cuya formación requiere de discusión necesaria) y el derecho a opinar al respecto.
