16 de diciembre de 2022
Como era de esperarse Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, como líderes del ALBA, acaban de expresar su apoyo al golpista Pedro Castillo y denunciar “la utilización de estrategias de guerra no convencional contra gobiernos y líderes democráticamente elegidos empleando.… procesos judiciales políticamente motivados y sin sustentación jurídica” para derribarlos. Y como si se tratara de casos iguales, la “denuncia” incluye también a la sentencia de los tribunales argentinos contra Cristina Kirchner condenada por corrupción.
El punto de encuentro entre este pronunciamiento y el sorprendente y previo comunicado conjunto de Argentina, México, Colombia y Bolivia (el grupo cuatripartito) de similar factura es, además de la participación boliviana en ambos pronunciamientos, la total omisión en ellos del golpe de Estado perpetrado por Castillo el 7 de diciembre último.
Eliminado ese hecho fundamental, ambos pronunciamientos pretenden presentar como arbitraria e ilegal la declaración de vacancia de Castillo y la sucesión de la presidente Boluarte (y, en consecuencia, considerar a Castillo como el legítimo presidente).
Esa intención parece más clara en el comunicado del grupo cuatripartito que hace un antojadizo y extemporáneo llamado para que los peruanos se abstengan de “revertir la voluntad popular” como si las instituciones y la ciudadanía peruanas debieran haber permanecido impasibles frente a la usurpación castillista. En el comunicado del ALBA, en cambio, el énfasis se focaliza en una supuesta confabulación internacional para derribar a gobiernos de izquierda en la región.
Al expresar ese propósito, tanto los miembros del ALBA, como los países integran el grupo cuatripartito no pretenden siquiera la ficción de un liderazgo democrático en la región sino hacer del Perú un caso que representa el punto de quiebre de la nueva convergencia de izquierda en el área. En consecuencia, éste debe ser revertido para fortalecer una identidad regional neomarxista al tiempo de forjar una hegemonía que varios de esos gobiernos pretenden establecer en América Latina. Lula en el Brasil, felizmente hasta ahora, se ha excluido de ese emprendimiento.
Estas “denuncias”, por tanto, parecen tener una vocación estratégica que, en opinión de sus titulares, permite y requiere del falseamiento de los acontecimientos políticos ocurridos en el Perú (que giran en torno al golpe de Castillo), el replanteamiento de su fenomenología y la exhibición, como víctima propiciatoria, del efímero dictador. Para los denunciantes lo que está en juego no parece ser el destino de un gobierno corrupto y destructor ni el futuro de un líder regional sino la emergencia de un bloque ideológico que cohesione a América Latina en torno a una izquierda sectaria en un contexto inestable.
Si la búsqueda o proclamación de la verdad no es un activo de las relaciones internacionales, la interpretación de los hechos que debieran fundamentarla sí es un instrumento de política que se exhibe en el terreno de la relación interestatal antagónica y en los fueros jurídicos. Pero, salvo en situaciones muy particulares, ello suele ocurrir dentro de límites que los propios hechos establecen. En este caso, si embargo, nos encontramos frente a la perversión y manipulación de los mismos al punto de su negación a través de interpretaciones que falsean la realidad en perjuicio del Perú.
En consecuencia, la Cancillería debe extender la protesta ya presentada ante los integrantes del grupo cuatripartito, a los países del ALBA y llevar el caso a los foros internacionales pertinentes, globales y regionales, para aclarar los hechos y las acciones que de ellos se deriven.
