Según los organismos económicos multilaterales, América Latina está mejor preparada que otras regiones para confrontar shocks externos negativos en etapas de transición sistémica como la que vivimos. En esta área se destaca la economía peruana, según el discurso oficial local e internacional, como una de las más sólidas y dinámicas.
Esta imagen sectorial del país responde parcialmente a su situación de desarrollo y bienestar relativos (dos de los tres intereses nacionales básicos) pero no al de seguridad.
En efecto, si de publicaciones e instituciones creíbles se trata, el Institute for Economics and Peace (Índice de Paz Global 2013) y el último Latinobarómetro sostienen, respectivamente, que el Perú es uno de los países donde más ha caído el “índice de paz” en el último año y que la sensación de inseguridad originada por la delincuencia es bastante superior al promedio latinoamericano.
En efecto, según el Latinobarómetro el problema mayor del país es la delincuencia en un orden perceptivo de 35% (igual que Argentina) sólo superado en la región por Venezuela (47%) y Uruguay (un sorpresivo 36%) contra un promedio regional de 24%.
La situación es peor si se considera el carácter de la problemática: esas tasas corresponden al peor problema latinoamericano. Según la percepción de sus ciudadanos, la delincuencia y la inseguridad pública es, con 24%, un tercio superior al segundo problema más grave (el desempleo con 16% de percepción) y de lejos más agudo que el tercer problema regional más acuciante (la corrupción con 6%).
Si esta situación perceptiva corresponde estrictamente a la realidad, la peligrosidad del Perú en relación a otros escenarios estratégicos que configuran el riesgo político requiere del gobierno (incluyendo a Cancillería) la mayor atención preventiva y correctiva.
Es más, bajo el supuesto de fuerte correlación entre percepción y realidad, el supuesto de Latinobarómetro implicaría que los escenarios de alto conflicto social generado por el narcotráfico y el terrorismo habrían cambiado en la región de manera radical. Si estos escenarios son México (donde la violencia generada por delincuencia organizada se ha reflejado en 26 mil homicidios en el 2012 de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía -Aguascalientes), Colombia (donde las negociaciones con las FARC no ha implicado el cese de fuego de un conflicto extremadamente sangriento) y Centroamérica (donde la ausencia de gobernabilidad es correlativa con la incidencia de una altísima criminalidad de bandas juveniles), pues los ciudadanos de esos países y regiones tiene una percepción bastante menor a la peruana sobre la magnitud de su problema.
Así, para los colombianos la percepción de la delincuencia como principal problema del país es de sólo 14%, la de México 28% y la de El Salvador, Honduras y Guatemala de 21%, 28% y 30%, respectivamente. Si la realidad correspondiera a la percepción, el Perú sería un escenario volcánico y México casi un paraíso.
Frente a esta gruesa alteración entre lo que se percibe y lo que es, es evidente que algo falla extraordinariamente en la estadística de Latinobarómetro (p.e. la definición de delincuencia no precisa si está referida a la organizada o a la común; no se toma en cuenta la calidad de la opinión encuestada o si ésta sigue una tradición pesimista u optimista, entre otros asuntos). Pero lo cierto es que el problema de inseguridad ciudadana en el Perú es un asunto mayor en el ámbito local y latinoamericano. Y que, para efectos generales, una publicación mayor registra, de manera multiplicada, esa acreditación.
A la construcción de ese cuadro perceptivo más o menos distorsionado contribuye el Índice de Paz Global del Institute for Economics and Peace (IEP) del 2013.
En efecto, ese Índice elaborado por una institución de apariencia seria (pero cuya capacidad de innovación puede producir también resultados lejanos a un buen diagnóstico), establece que el Perú (¡ubicado en el puesto 113 entre 162 países!) es uno de los países cuya condición de “paz” se ha deteriorado más en el mundo… ¡cayendo 22 puestos de una año (2012) para el otro (2013)! Esto es algo extraordinario. Pero forma parte de la percepción general establecida (o de la interesada).
Por lo demás, ni los hechos ni el grupo de países con los que el Perú comparte esta evaluación parecen acreditar tamaño deterioro. Sin embargo, reiteramos, ésta es la percepción institucionalizada que crea una publicación de esta naturaleza. Ello tiene consecuencias negativas para los agentes privados y públicos que trabajan en y con el Perú resultando, quizás, en una mayor sensación de inseguridad.
Al respecto, el IEP aduce que la inestabilidad social ha aumentado en el Perú ligada a impactos ambientales y sociales producidos por proyectos mineros. Al respecto cita el estado de emergencia en Espinar y la violenta protesta contra el proyecto Conga además de enfrentamientos entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas en los valles del Ene y Apurímac y el incremento de la tasa de homicidios como probable efecto de traslación de la metodología del narcotráfico colombiano al Perú.
Sobre los conflictos mineros el informe del IEP no cita los esfuerzos realizados para solucionarlos sin apelar a un mayor uso de la fuerza, ni que las fuerzas de Sendero son remanentes restringidos e incapaces de derrotar al Estado mientras que el “efecto globo” de la criminalidad colombiana hacia el Perú es un hecho que no tiene las características catastróficas que tuvo en ese país.
Sin embargo los hechos han ocurrido y han incidido en la percepción de los evaluadores al punto de degradar la situación de seguridad relativa del Perú (puesto 113 en el Índice del IEP cayendo 22 puestos) al colocarlo junto con Estados fallidos como ¡Siria (puesto 160 cayendo apenas 11 puestos)!, Burkina- Faso (puesto 87 cayendo 32 puestos) y Costa de Marfil (puesto 151 cayendo 15 puestos) y con estados con serias complicaciones de orden político interno vinculadas a su inestabilidad geopolítica como Ucrania (puesto 111 cayendo 23 puestos).
Éstos no son los Estados que tienen el menor índice de “paz” (ellos son Afganistán, Somalia, Siria, Irak. Sudán, Pakistán o República Democrática del Congo) sino los que se han deteriorado más en un año. Pero, en lo que respecta al Perú, el deterioro es tan fuerte que da la impresión de completa ingobernabilidad.
Por lo demás el índice de deterioro no es consistente con la realidad global (aunque el problema exista). Pero así está establecido por el IEP. Ello complica la percepción del problema, incrementa el nivel de alerta de alerta, reclama mucho mayor esfuerzo en su combate (lo que no está mal) y complica a la política exterior del país.
Este caso de extrapolación oficializada de un error perceptivo de una entidad internacional es, por lo demás, contradictorio con la propia estadística regional del IEP.
En efecto, en ella Perú tiene un mejor registro de “paz” que Venezuela y Colombia en Suramérica (aunque bien por debajo de Argentina donde la delincuencia ha crecido enormemente en estos años).
Aunque el “status” de “paz” del Perú contradice al mayúsculo “deterioro”, el documento no prioriza la importancia del “status” sobre el “deterioro” generando adicionales problemas perceptivos para la adecuada confrontación del problema que, sin embargo, existe.
De otro lado, el Índice del IEP presenta una complicación mayor: al confundir defensa con seguridad (un error conceptual fundamental) pondera el gasto militar y el conflicto interestatal con la situación de seguridad interna sin distinguir adecuadamente las categorías.
De esta manera, una región como el Noreste y Sureste de Asia donde ocurren las principales compras militares (y se desarrolla más la tecnología bélica) aparece como regiones “más pacíficas” que Suramérica (donde esas adquisiciones han caído y no se comparan ni en volumen ni valor con las grandes adquisiciones asiáticas).
Es más el índice de “paz” de estas regiones asiáticas apenas es superado por “Norteamérica” (sin México) donde se ubica el principal vendedor de esas armas y por Europa (también un importantísimo proveedor y comprador de armas). Por debajo de Suramérica se encuentran, como es normal, el África Subsahariana, Rusia y Eurasia, Medio Oriente, Nor África y el Sur de Asia como menos pacíficas.
Esa comparación regional interanual debiera haber moderado en el IEP la estadística de la erosión de la “paz” en el Perú en el último año. Especialmente cuando esa entidad estima la situación global ha desmejorado 5% desde el 2008. Pero acá también hay errores: el IEP considera que la región Asia- Pacífico –donde se presenta el mayor potencial de conflicto convencional en el largo plazo- es más “pacífica” que Suramérica y las demás regiones menos Europa y Norteamérica.
Es evidente que el índice de “paz” del IEP presenta serios problemas metodológicos y de apreciación (aunque menores que los de Latinobarómetro). Sin embargo, ambas publicaciones presentan una realidad de inseguridad en el Perú que, si bien debe ser reevaluada, no puede negar los hechos ni los efectos retroalimentadores que presenta, para terceros, la dispersión entre percepción y realidad que muestran estos estudios de aceptación universal.
Esta situación es un verdadero desafío para la política de seguridad, defensa y política exterior del Perú que debe ser afrontado con la seriedad del caso.
Corporación Latinobarómetro Informe 2013.
Institute for Economics and Peace Global Peace Index 2013.
