Confirmando que en materia de integración económica saltar etapas genera vulnerabilidades que necesitan ser superadas, el Consejo Europeo acaba de reforzar normativamente la unión económica aunque fuera para intentar consolidar la unión monetaria.
Ello no obstante, los problemas de financiamiento a las empresas de los países del sur europeo no han sido resueltos por esa medida. Entre las soluciones macroeconómicas y los problemas microeconómicos en ciertos países de la Unión Europea la crisis presenta aún incertidumbres que van más allá de la estabilidad del euro y la solvencia de la unión monetaria debido al fuerte encarecimiento del crédito para las pequeñas y medianas empresas. Ello pone en cuestión a la zona del euro.
De otro lado, la deuda y el déficit fiscal de las economías menores de esa zona continúa haciendo estragos en el esquema de integración regional más avanzado del mundo. Luego del rescate de Grecia y de Irlanda, es probable que la degradación de la calificación crediticia de Portugal (que el FMI ha cuestionado por sus efectos de contagio), del incremento del costo del financiamiento en ese país, de la desaprobación parlamentaria del plan de ajuste fiscal presentado por el gobierno portugués y de la renuncia de ese gobierno lleven a un nuevo rescate y a mayores problemas en la UE.
Para contener este repunte de la crisis y enrumbar hacia el equilibrio económico de la zona del euro “plus”, que incluye a los miembros plenos de la unión monetaria y los que están en proceso de incorporación (no a todos los miembros de la Unión Europea), el Consejo Europeo acaba de aprobar el Pacto Euro.
Este tiene por objetivo establecer un nuevo marco de gobernabilidad económica, cuyo propósito final es recuperar el crecimiento con empleo e inclusión social. En lo específico el acuerdo profundiza la integración entre sus miembros, incrementa la disciplina económica y fortalece mecanismos de supervigilancia y coordinación de políticas nacionales (un pacto de Estabilidad y Crecimiento fortalecido).
Para ello se requerirá de programas de consolidación fiscal (cuyo objetivo es retomar los límites del Pacto de Estabilidad reduciendo la deuda a niveles de no más del 60% del PBI y el déficit a un máximo aparente de 3% en el largo plazo), de coordinación de políticas fiscales, de corrección de desbalances macroeconómicos excesivos y de otros esfuerzos considerables para lograr estabilidad financiera.
Ese paquete será complementado con una propuesta de la Comisión para perfeccionar el Mercado Único además de fortalecer las reformas estructurales (incluyendo medidas de flexibilidad laboral alineando los salarios con la productividad antes que indexación salarios con la inflación), reformar el sistema de pensiones (que en este caso implica el incremento de la edad pensionable), desregular el mercado no financiero e incrementar el comercio con terceros.
Y para fortalecer el sistema financiero, un Mecanismo de Estabilidad Europeo deberá reemplazar luego al transitorio Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF) cuyo capital ascenderá a 500 mil millones de euros de la más alta calificación crediticia y de los cuales 440 mil millones estarán disponibles para créditos en junio (hoy la tercera parte de ellos deben mantenerse como reserva).
Esta mezcla de políticas de disciplina restrictiva y de apoyo monetario es mucho más de lo que obtuvo América Latina durante la década perdida de los años 80 pero menos de lo que economistas contracíclicos de la talla de Paul Krugman recomiendan para los casos en que los remanentes recesivos no han sido superados.
Sin embargo, no todo es disciplina comunitaria en las medidas de la unión económica. El margen de soberanía nacional subyacente permite, en este caso, que los países puedan adoptar el conjunto de políticas más adecuadas. Es decir, aunque todos los miembros de la eurozona se comprometen con las medidas descritas, su adecuada implementación será producto de selección soberana.
Esta decisión, sin embargo, tiene un limitante adicional a las soberanías respectivas. Si bien la supervigilancia no la realizarán unos Estados sobre otros (como aparentemente lo establecía la propuesta original franco-alemana), la Comisión Europea desempeñará ese rol contralor procurando, además, la adecuada coordinación entre las políticas de ajuste. El incremento de la autoridad transnacional (que podrá revisar los presupuestos de cada miembro) se ha estimado como un perjuicio menor (o un beneficio mayor) que la dependencia política de unos Estados en relación a otros superando, parcialmente, la división entre los miembros de la eurozona al tiempo que ésta profundiza la unión económica.
Este escape hacia delante no es ideal, sin embargo, en tanto que es forzado por la crisis. Pero es práctico desde el punto de vista de los que desean transitar por ese camino o del de aquellos a los que no les queda más remedio.
Ello, sin embargo, deja por fuera a los países que no están en la zona del euro ni en la zona del euro “plus”. En consecuencia, las dos velocidades de la Unión Europea que se establecidas mediante el establecimiento del Unión Monetaria Europea (Tratado de Maastrich de 1992), la adopción del euro en 1995 y su puesta en circulación en 1999 (aunque sus antecedentes se remontan a 1979 con el establecimiento del Sistema Monetario Europeo) se ha incrementado. Así, una extraña convivencia entre integración y división se va consolidando también en la Unión Europea.
De otro lado, la Unión Europea procurará fortalecer el sistema bancario (aunque no en la perspectiva de la regulación comprometida en el Grupo de lo 20) empezando por la evaluación del vigor financiero de las instituciones correspondientes. En ese proceso intervendrían la Autoridad Bancaria Europea, el Banco Central Europeo y la Comisión.
Pero esa innovación podría no ser suficiente para superar la crisis si las colocaciones siguen estancadas o se encarecen excesivamente. Sobre este inmenso problema ha llamado la atención, en el diario El País, la ex Comisaria de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de la Unión Europea, Benita Ferrero. Según su diagnóstico, las pequeñas y medianas empresas europeas, que representan la masa crítica de la industria en esa región, padecen de serísimos problemas de acceso al crédito especialmente en el sur de Europa. El riesgo de una “asfixia financiera” por el extraordinario aumento de los mismos (hasta 25%) requiere con urgencia que los bancos emitan obligaciones garantizadas por las instituciones europeas y certificadas por las agencias correspondientes para estimular el otorgamiento de créditos a las pymes. Según la señora Ferrero, si ello no ocurre el desempleo aumentará, la presión tributaria caerá y la deuda pública crecerá envolviendo a Europa nuevamente en un círculo vicioso de incremento de la inseguridad económica.
Esta situación, propia del nivel microeconómico, va a contramano de lo que plantean las medidas del Pacto Euro Plus. Y si se concreta, puede corregir hacia abajo la proyección de crecimiento de Europa para este año y el próximo: apenas 2.3% y 2.8%, respectivamente, según la OECD, bien por debajo del 4.25% y 4.50% del crecimiento global estimado para esos años.
Además de evaluar el impacto que, en un escenario u otro, tendrá la profundización de la unión económica en un escenario principalísimo para nuestra inserción externa, bien harían nuestra autoridades en aprender las lecciones que las medidas europeas enuncian: saltar etapas en materia de integración cuesta; aproximarse a la integración pensando que se puede prescindir de sus procesos o definiciones básicas cuesta aún más; y si la integración no se incorpora a las leyes nacionales y comportamientos internos, los costos son aún más graves cuando un Estado se embarca en ese proceso.
