Como lo saben bien políticos y especuladores un contexto de crisis es también uno de oportunidades. En un escenario de fragmentación regional y de desequilibrio global el aprovechamiento de las oportunidades dependerá de la intensidad de las fuerzas en pugna. Venezuela es un Estado que encabeza en la región una de esas tendencias sin encontrar aquí suficiente fuerza opositora.
En efecto, luego de apurar la quiebra del consenso regional sobre la vigencia de la democracia representativa y de la economía de mercado, el gobierno de Chávez ha emprendido la organización de una alianza hostil (el ALBA) y ha quebrantado el potencial estabilizador de uno de los núcleos de cohesión regionales (el colombo-venezolano).
La más reciente muestra de su disposición agresiva se ha registrado en la última cumbre de esa alianza. Esa organización ha ganado mayor influencia en el Caribe (ya importante a través de Petrocaribe) con la liliputiense incorporación de Dominica. Ello le permite desempeñar un rol quebrantador en la mancomunidad británica y asegurarse votos en la OEA frente a cualquier cuestionamiento.
Pero además, la iniciativa chavista de constituir una fuerza armada “anti imperial” dominada por Venezuela es una innovación antihemisférica que no tiene precedentes en la región. Aunque ese proyecto no cuajó, ha sentado las bases para convalidar un mecanismo de seguridad colectiva que contraría la tarea interamericana de redefinir el TIAR y las agendas adoptadas en las reuniones de ejércitos americanos.
Complementariamente, la organización chavista ha establecido el Banco del ALBA que, aunque sin estatutos serios y con un capital menor, es la herramienta venezolana para incrementar su influencia en el Banco del Sur y en el inefable UNASUR. Si algo faltaba para intentar el control de la frustrada integración suramericana, he aquí un instrumento que lo permite con la anuencia explícitamente “anticapitalista” de Bolivia, Ecuador y Nicaragua y el testimonio participativo de “observadores” del Cono Sur.
Luego de esa demostración de acumulación de poder, Chávez escaló su lenguaje bélico amenazando con emplear, en plena crisis global, la carta petrolera en una supuesta “guerra económica” con Estados Unidos hasta que sobrevino la demanda interpuesta por Exxon.
El reclamo de compensaciones por la multinacional ha resultado en una inédita pronunciamiento jurisdiccional de congelamiento nominal de activos de PDVSA por US$ 12 mil millones. Ello pudiera haber mermado el ímpetu chavista, pero la duda pragmática no le ha impedido acosar a otras empresas extranjera del sector alimentos.
Si esa tendencia se mantiene en un contexto económico menos favorable, ésta indicará que la tendencia confrontacional de Venezuela perdura a pesar de los nuevos bríos que ha cobrado la transición cubana con la renuncia de Castro al liderazgo operativo del gobierno. En este escenario, Chávez quizás quiera aprovechar la oportunidad de heredar el rol del dictador cubano contrariando la progresiva y lenta inclinación por la reforma económica y política en Cuba.
Si Chávez no cambia de línea, éste es el momento en que los Estados latinoamericanos no subordinados a él debieran hacerle saber la urgencia de estabilidad y apertura en el área. Esa oportunidad sin embargo probablemente contraste con la actitud especulativa de potencias regionales que, sin estar alineadas con Chávez, lo protegen agudizando la fragmentación regional.
Impedir que esa tendencia se imponga es un interés que los gobiernos que buscan mayor cooperación suramericana y hemisférica deben afrontar con mayor decisión.
