La aprobación descontextualizada de la denominada “directiva del retorno de los migrantes ilegales” aprobada por el Parlamento Europeo es un error y una injusticia mayor.
Si bien nadie puede cuestionar el derecho de los Estados y de las agrupaciones que los organizan a normar la inmigración y sancionar su abuso, el carácter exclusivamente coactivo de la norma y la manera extraregionalmente inconsulta con que ha sido aprobada no deja muchas alternativas a su cuestionamiento por los Estados de origen de los migrantes.
El Parlamento Europeo, actuando en su capacidad de codecisor con el Consejo, no ha actuado razonablemente al privilegiar sólo la alternativa represiva en el trato de un problema complejo como el de la migración ilegal. Si ése es su derecho, éste es discutible porque ha postergado la cautela de las garantías del caso y no ha confrontado la naturaleza global del problema.
En efecto, esa institución regional no parece haber ponderado adecuadamente las salvaguardas que debieran rodear a millones de personas que pueden a ser expulsadas previa detención por la vía administrativa y no judicial. La percepción de que el Parlamento Europeo no ha cautelado los derechos fundamentales de quienes han violado normas humanitarias se potencia porque la ley se aplicará también a menores de edad y contra familias sin importar su separación después a una reclusión hasta por 18 meses. La gravedad de la decisión no se minimiza por el hecho de que vaya a ser aplicada dentro de dos años o pretenda uniformizar la legislación interna de los miembros de la UE.
Y menos cuando ella va acompañada por la indisposición a regular, de manera simultánea, la migración legal. Esa omisión es clamorosa en tanto, en apariencia, ya se ha considerado normar la condición de los migrantes legales temporales y la de los altamente capacitados además de señalar los requerimientos de inserción local del conjunto de ellos (aprendizaje del idioma, entre otras obligaciones).
De haberse preocupado por promover una política migratoria en lugar de amparar una medida que parece urgida por los ministros del Interior, el Parlamento Europeo habría obrado con la razonabilidad y ponderación que requiere la sensibilidad del problema en cuestión.
Siendo ésta global, reclamaba una elemental coordinación con los Estados de origen de los migrantes. Más aún cuando la Unión Europea promueve el diálogo político con esos países, generalmente en desarrollo. Y siendo la migración indesligable de la historia europea, ésta merecía una aproximación acorde a la cultura que la ha producido y albergado.
Al no hacerlo, los Estados afectados deben cumplir con su deber. Éste empieza por defender los derechos de sus ciudadanos en el exterior aunque esa protección se vea menguada por el carácter ilegal de la conducta de aquellos que ahora la motivan. Por lo demás, si los derechos de que son titulares los migrantes han sido puestos en cuestión por una entidad comunitaria, es lógico que los Estados afectados procuren una respuesta colectiva.
Esta alternativa, sin embargo, no está exenta de problemas mayores. Uno de ellos derivará de la tendencia a radicalizar la respuesta que promoverán gobernantes con predisposición al radicalismo. Otro deriva de la fricción que surgirá entre los Estados que desean negociar con la Unión Europea un acuerdo de asociación y los que lo pretenden menos. En este escenario puede surgir una disputa por el liderazgo intralatinoamericano con ventaja de público para aquellos que prefieren una confrontación.
Como resultado, la situación emergente podría ser propia de un conflicto de civilizaciones que es necesario desescalar en tanto países como España y el Perú ya han optado claramente por un diálogo civilizacional que es imprescindible mantener.
A estas eventualidades nos ha expuesto la irrazonable decisión del Parlamento Europeo, la violentación de las normas existentes por los migrantes ilegales y la persistente ausencia de capacidad internacional para mejorar la gobernabilidad global.
