La presidencia de Evo Morales ha perdido sustento. En un contexto de creciente malestar con su gobierno, son sus propias bases las que cuestionan el fundamento y la eficiencia de su mandato. En consecuencia, las posibilidades de una nueva reelección en el 2014 permitida por la Constitución boliviana del 2009 que formalizó la “refundación” del Estado debiera estar claramente en cuestión (según esa Carta ese intento reeleccionista sería el primero).
Así lo comprueban sucesivas encuestas de Ipsos-Apoyo de Bolivia que registran un fuerte descenso de la aprobación presidencial de 36% en enero a 32% en febrero último. Esta caída se muestra constante desde enero del año pasado cuando el presidente Morales alcanzó una aprobación de 70% para descender luego a 55% en julio y a 49% en diciembre de 2010.
Como es evidente, la curva de desaprobación de la gestión presidencial es inversamente proporcional a la aprobatoria pasando de 25% en enero del año pasado a 41% en julio a 47% en diciembre de 2010, a 56% en enero y a 63% en febrero último. No es éste, por tanto, un fenómeno circunstancial o atribuible a una sola medida sino uno estructural expresado en la progresiva pérdida de legitimidad del gobierno especialmente entre sus propios seguidores quienes se lo han hecho saber en las calles.
En efecto, a lo largo del año pasado el presidente Morales ha debido confrontar una sucesión de protestas y movilizaciones de sindicatos obreros, agrupaciones indígenas y agrupaciones urbanas que han minado su autoridad, puesto en evidencia el agotamiento de la agenda presidencial y mostrado su incapacidad de cumplir sus populistas ofertas electorales.
Ello muestra, de otro lado, que la erosión de la credibilidad presidencial no implica una reconversión ciudadana al liberalismo sino la frustración colectiva, progresiva y concreta con la incompetencia gubernamental y la inviabilidad distributivas de la propuesta indigenista y neomercantilista de Morales y de sus arrestos antiglobales.
Pero si desde el punto de vista de los que votaron por Morales ello indica una cuestionable conducción económica, la gestión de las políticas económicas puede ser considerada insuficiente desde el punto de vista de los organismos multilaterales aunque no descalificadora. En efecto, aunque Bolivia creció en el 2010 3.8% por debajo del promedio latinoamericano de 6% esa perfomance, antecedida de 3.4% en el 2009 según la Cepal, no estuvo cerca del contagio recesivo generado por la crisis global.
Es más, el Banco Mundial mejoró, en agosto de 2010, el status de desarrollo de Bolivia recalificándolo como país de ingresos medios en lugar de país de bajos ingresos. Ello incrementó el potencial horizonte acreedor boliviano al compás del incremento del ingreso per cápita (US$ 1603 a mediados de ese año vs. US$ 1010 en el 2006) consolidado desde que Morales asumió el poder. Si bien esa variación incrementó el status de Bolivia en el mundo, el precio político que pagó el gobierno para acceder a mayores créditos de desarrollo en lugar de mayores donaciones fue la erosión de uno de los pilares de su discurso ideológico: la victimización como instrumento de denuncia antiimperial y de justificación de su comportamiento interno.
Este tipo de gestión ha permitido al gobierno proyectar un crecimiento de 5.04% para este año (vs. la proyección de 4.5% de la Cepal), incrementar el presupuesto en 7% y programar un aumento de la inversión pública en 11%. Es más, sustentado en un récord exportador de alrededor de alrededor de US$ 7 mil millones y en un fuerte incremento de las remesas, el gobierno boliviano pudo cubrir en el 2010 el forado de subvenciones (dejando de lado los bonos entregados a ancianos y mujeres con niños) y de cuestionable gasto público (que este año arrojará un déficit de 4.5% aunque muchos creen que será superior).
En efecto, teniendo en cuenta la caída en la recaudación tributaria (-9.3% en octubre del 2010 en relación al 2009 según la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia) y el incremento (31%) de la recaudación aduanera debido al control estatal de la mayor parte de las exportaciones y del incremento importador, el Estado ha recurrido a estos ingresos para paliar gastos de manera sui generis reduciendo las posibilidades ciudadanas de percibir los beneficios del intercambio comercial.
Esta situación anómala multiplica su impacto negativo si se considera la fuerte concentración exportadora. Ésta se organizó en torno a las exportaciones de gas (40.2% del total), de minerales (23.6%) y de productos agropecuarios (alrededor de 24%, fundamentalmente soya). Los escasos productos de exportación en estos rubros fueron destinados en su mayoría a Brasil (34.6% del total). Estados Unidos (9.3%) ocupa el segundo lugar y Argentina el tercer lugar como mercado externo.
Por lo demás, ese reducido resultado es convergente con la orientación política del gobierno boliviano que rechaza la integración económica convencional y los términos normales del comercio exterior por razones ideológicas. Ello se ha expresado en la negativa a negociar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea y en el desaprovechamiento de las ventajas de los mercados andinos con el consecuente deterioro de relaciones en general (en el caso norteamericano, Bolivia ha perdido hasta las ventajas del ATPDEA). Ello ha incrementado el malestar del sector privado que, más allá de la confrontación que caracteriza al Oriente boliviano, no lo expresa gremialmente con la intensidad necesaria. Ello puede deberse tanto a su falta de participación en el gobierno como, según algunos, al temor de represalias económicas (denegación de licencias, etc.).
Aunque, excluido el Oriente, la escasa protesta empresarial ha sido sobrepasada por los propios seguidores del presidente Morales, el malestar de esos gremios ha retroalimentando el descontento popular en un marco de deterioro del clima de negocios. Ello se ha expresado en la escasez de inversiones privadas. Aunque el gobierno sostiene que hoy existe más inversión petrolera que a principios de la gestión del presidente Morales, el hecho es que las exportaciones de hidrocarburos (gas especialmente) han perdido participación en el total de las colocaciones bolivianas (de 50.3% % en el 2005 a 39.4% en el 2009) (Larrazábal) mostrando el efecto de la escasa inversión. Como prueba de ello, el gobierno ha obligado al Banco Central, mediante ley ad hoc, a financiar a YPFB y a otras empresas estatales. Al respecto la autoridad monetaria ha dispuesto de US$ 1 mil millones para la empresa petrolera y gestionado US$ 300 millones de los cuales YPFB ha podido usar US$ 30 millones dando otra prueba de ineficiencia (Nueva Crónica).
A mayor abundamiento, la pérdida de participación de los hidrocarburos en las exportaciones bolivianas no son reflejo de una mayor diversificación (las exportaciones no tradicionales han caído de 47.4% en el 2002 a 26.1% en el 2009) sino de la otra cara de la concentración: la exportación de minerales ha subido de 19.03% en el 2005 a 34.3% en el 2009 gracias a los altos precios internacionales (Larrazábal).
Por lo demás, el comercio agropecuario está padeciendo de políticas inhibitorias de la inversión debido a la prohibición de ciertas exportaciones, la estatización del comercio interno de los alimentos (denunciada por la FAO) y la inseguridad jurídica sobre el dominio de la tierra.
Estos factores, que han contribuido al incremento de la inflación no sólo no han resuelto los problemas de los ofrecimientos distributivos del gobierno sino que han incrementado en la población la expectativa sobre el uso de mecanismos de control (como en el caso de los controles de precios).
El abuso de este instrumento, expresado también en fuertes subsidios, ha terminado quebrando el “modelo” en el caso de los combustibles. Frente a la imposibilidad material de cubrir los costos, el gobierno decretó la liberalización de los precios en diciembre último. La medida degeneró en protestas de múltiples sectores, huelgas de transportistas y paralizaciones de todo tipo. La gravedad de la explosión social obligó al gobierno a revertir la medida apelando al slogan hiperpopulista “el gobierno gobierna obedeciendo al pueblo”.
Pero esta vez, la flagrante incongruencia gubernamental se hizo patente en la percepción de los seguidores del señor Morales. El antiimperialista radical había traicionado su prédica original y había permitido que la libre fluctuación de los precios intentara reordenar un sector del mercado considerado estratégico. A pesar de la reversión de la medida, la pérdida de credibilidad ya no tuvo retorno.
Si éste fue quizás el punto culminante del descrédito político del señor Morales mostrado por las encuestas de Ipsos, ciertamente no fue su comienzo. En efecto en los primeros meses del 2010, la Central Obrera Boliviana decretó una huelga indefinida para oponerse, por insuficiente, un aumento de salarios de 5% decretado por el gobierno. La movilización obrera fue contestada por sindicatos campesinos afines al gobierno fragmentando así uno de los pilares fundamentales de la organización política del MAS.
Luego, a mediados de año, tocó el turno de ciertos movimientos indígenas que solicitaban mayor autonomía amparada en la exuberante Constitución boliviana que no había sido implementada aún en esta materia. La pérdida del apoyo de estas bases fue imputada por el MAS a supuestas ONG vinculadas a USAID, la agencia de desarrollo norteamericana.
La reiteración urbana de estas movilizaciones se expresan este año anunciando su radicalización para después de carnavales.
De otro lado, un gobierno que impugnó la totalidad de su historia republicana en el preámbulo de su Constitución y que, en consecuencia, dispone de una mentalidad conspirativa encontró conspiradores con facilidad….o los mandó crear. Mucho de ello se puso en evidencia con una maniobra policial supuestamente antiterrorista cuya hipotética célula responsable procuraba desde la secesión de Santa Cruz hasta el asesinato del presidente Morales (el caso Roszas). El caso se probó falso mediante la aparición de un video que muestra que uno de los supuestos implicados recibía dinero de alguna agencia gubernamental. Ello restó legitimidad adicional al aparato de seguridad del gobierno que ya había cooptado a las fuerzas del orden y logrado el juramento de lealtad ideológica de la cúpula de las Fuerzas Armadas bolivianas. La pérdida de credibilidad de esas instituciones del Estado perjudicó, en apariencia, al gobierno.
Por lo demás, aunque en las elecciones de abril del 2010 para gobernadores y alcaldes, el MAS ganó en seis de las nueve regiones, perdió en siete de las 10 ciudades principales incluyendo La Paz y Oruro, baluartes originales del presidente Morales.
Este conjunto de hechos se expresaron en la encuesta de Ipsos que reportaba que la aprobación del presidente Morales descendía de 45% en octubre a 40% en noviembre del año pasado mientras que el gabinete no superaba el 25% y la Asamblea Legislativa Plurinacional registraba una aprobación de apenas 33% antes de culminar el 2010.
Mientras tanto, la inflación fue ganando terreno ese año hasta estallar en enero último subiendo, en ese mes, 1.29% con una proyección anual de 8.38% (casi duplicando el estimado oficial de incremento de precios de 4.5% para el 2011). Como es evidente, el gobierno pretendió enfatizar el componente internacional de la inflación (especialmente el de los alimentos que, efectivamente, es un problema global) como explicación del incremento de precios. Pero la población boliviana, extremadamente sensible a la problemática inflacionaria habiéndola padecido en la década de los 80 del siglo pasado en su dimensión extrema (como en el Perú), vio en ese fenómeno una amenaza mayor. El temor tuvo, por lo demás, fundamento estadístico: mientras que en el período 2001-2005 el promedio inflacionario fue de 3.36% en el período 2006-2010 (el del gobierno del señor Morales) ese promedio subió a 7.19% (Nueva Crónica). En el ámbito alimentario, a ello contribuyó el incremento del consumo acompañado de una menor oferta estimulada, a su vez, por el desincentivo gubernamental de la inversión, la prohibición de exportaciones (que redujo la producción y la productividad), la inseguridad sobre la propiedad de la tierra y obviamente, los serios problemas climáticos.
Ésta fue acompañada por el incremento de liquidez, de las remesas y de la demanda interna. Y cuando la inflación se mostraba irreductible, remedios como la emisión de bonos para retirar dinero del mercado, control de precios y apreciación de la moneda nacional o no se implementaron con la energía suficiente (el primer caso) o sus efectos fueron sólo temporales (en el segundo caso) o sencillamente no rindieron su plenos resultados (el tercer caso) (Carvajal).
Finalmente, una política exterior que cambió el interés nacional por el ideológico (salvo en el caso del problema de la mediterraneidad), que eligió la confrontación como método en el ámbito multilateral y el maniqueísmo en la relación bilateral y regional (especialmente en los casos opuestos de Venezuela y Estados Unidos), no ha tenido mucho que aportar al Estado ni a sus ciudadanos para aplacar su insatisfacción que no sea la defensa de la actividad cocalera. Y mucho menos cuando el diálogo con Chile se ha convertido en una rutina que ha trivializado mediáticamente la principal reivindicación boliviana en una agenda presentada de manera estereotipada aun cuando no hubiera en ella nada que escape a lo conocido ni ésta fuera conducida de manera experta según la prensa boliviana.
A la luz de estos hechos, el presidente Morales quizás no debería intentar una reelección en el 2014. Sin embargo, su programa político y percepción del mundo, sus colaboradores cercanos y la mitología construida en torno suyo quizás no le deje otra alternativa. Especialmente si se tiene en cuenta que, a su juicio, su gobierno es una épica fundacional a pesar de la opinión de sus conciudadanos. Estos, por lo demás, se han ocupado, como en muchos lados, de rendir su capacidad de organización atestiguando la desaparición de los partidos políticos. En ese escenario, quizás sea un nuevo líder ante que algún político conocido el que, sobre la base de una organización ad hoc, probablemente derrote al señor Morales y devuelva a Bolivia a la modernidad y a la sana convivencia internacional.
