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  • Alejandro Deustua

La Carta y el Fuego

Mientras el consenso liberal arribaba en América a su zénit político con la suscripción de la Carta Democrática, ese 11 de setiembre del 2001 el terrorismo islámico atacaba a Estados Unidos de la manera más bárbara que se tenga memoria en Occidente.


Una década después, la democracia formal en América Latina se ha mantenido mientras que aquélla se extiende hoy en Asia Central, Medio Oriente y el Norte de África. En el primer caso, el arraigo democrático ha debilitado su fundamento representativo. Éste ha sido reemplazado en los países del ALBA por la democracia participativa en una metamorfosis que no esconde la vocación autoritaria de su liderazgo.


En el segundo caso, la germinal apertura política está siendo impuesta por la revolución y la guerra cuya violencia es resistida por la brutalidad totalitaria sin que la insurgencia logre aún cohesión suficiente ni liderazgo reconocible.


Como consecuencia, en lugar de consenso tenemos hoy fragmentación política en América Latina mientras en el mundo árabe islámico el nacimiento de un nuevo orden no asegura aún estabilidad. La interacción de estas disfunciones políticas interactúa con una crisis económica potencialmente global.


Así la tendencia expansiva del ámbito liberal en el mundo confronta nuevas formas de autoritarismo, desorden y conflicto. Para que prevalezca la primera tendencia, los países latinoamericanos que adscriben a la democracia representativa tienen una responsabilidad mayor que la celebración del onomástico de la Carta Democrática o que procurar su inconveniente reforma.


El centro de esa responsabilidad es el de la reivindicación de la democracia representativa en la que la mayor participación (lucha contra la pobreza, educación, medio ambiente, etc) es un instrumento. Y también central es su protección colectiva (que va de la mediación a la suspensión del Estado violentador).


Ello no requiere mayor detalle al expuesto en el trayecto de construcción de la “cláusula democrática” que corre de 1991 (la resolución 1080 de la OEA) al 2011 cuando se suscribió la Carta. Pretender lo contrario para disfrazar la falta de voluntad política es poner obstáculos al fortalecimiento democrático de América Latina y a su status en el heterogéneo espacio liberal en el mundo.



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