El cataclismo multidimensional que sufre Japón es de tal dimensión que atender sus consecuencias nacionales y globales casi no deja sitio para lamentaciones. La yuxtaposición de un terremoto devastador (que ha cambiado las coordenadas del territorio japonés y desplazado el eje terráqueo) con un maremoto (cuyo poder de destrucción acabó con la zona costera occidental de la isla de Honshu y cuya onda destructiva corrió a 800 km/h a través del Pacífico hasta llegar a América) con la destrucción de una planta nuclear (que tiene el potencial de evolucionar en una catástrofe que irradiaría destrucción sobre el Asia y el mundo siguiendo la huella de Chernobil según lo disponga la dirección de los vientos) sólo permite evaluar los hechos y actuar al respecto para expresar solidaridad efectiva a los japoneses.
El terremoto se ha producido en la cuenca hacia donde se desplaza el centro gravitacional de poder económico y militar. Pero este escenario estratégico, celebrado especialmente por las autoridades asiáticas en las cumbres de la APEC con ostentoso protocolo y agendas que anuncian siempre incuestionado optimismo, se asienta en el que quizá sea el más inestable piso geográfico del planeta y se envuelve en su más violenta orografía: el “anillo de fuego” del Pacífico.
En ese piso geológico la tensión generada por la fricción derivada de la yuxtaposición de placas submarinas se concentra el 90% de los terremotos (1) (y el 80% de los más potentes) de los que se tenga registro. Por lo demás, la presencia de 75% de los volcanes más activos y latentes del mundo (2), potencian la dimensión destructiva de placas tectónicas en que se asienta esa cuenca rodeada del “anillo” que recorre los bordes de Oceanía, Asia del Este y el Pacífico americano.
No obstante la predisposición catastrófica de ese escenario físico, no son muchas los foros ni las instituciones que se ocupan de esta fenomenología ni la ciencia parece haber avanzado demasiado en medidas preventivas en él.
Ello no obstante, existe un sistema de alerta temprana de tsunamis coordinado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la ONU (que, por alguna extraña razón, se encuentra en el ámbito de la UNESCO) a través del Centro Internacional de Información de Tsunamis. De otro lado, el mecanismo de alerta de maremotos ha mejorado desde el acaecido en el Océano Índico a finales del 2004. Por lo demás, se han suscrito algunos tratados bilaterales y multilaterales sobre la obligación de informar sobre determinadas catástrofes al tiempo que abundan las declaraciones y acuerdos internacionales sobre asistencia recíproca en estas circunstancias.
Pero como vemos en el caso del Japón, estas previsiones quedan cortas. En efecto, la información generada por las autoridades japonesas ha sido más esclarecedora y efectiva en el caso del terremoto y el tsunami que en el caso del accidente nuclear no obstante que Japón tiene la información de informar adecuadamente. En el caso de la destruida central nuclear, de otro lado, la respuesta ha sido extremadamente ineficiente no sólo por la confusa interrelación entre el gobierno y la empresa a cargo de la central sino debido a las confusas explicaciones del gobierno japonés, al escaso poder de evaluación mostrado por las potencias que tienen la tecnología para ello y a la alarmante pasividad evidenciada por la Organización Internacional de Energía Atómica. Ello contrasta con la solidaridad y asistencia internacional ofrecida o prestada frente a la magnitud del terremoto sin que hubiera la necesidad de invocar al respecto ninguna norma de derecho internacional.
Esta desigualdad de respuestas y la prioridad adquirida por la amenaza que presenta el eventual derretimiento del núcleo duro de varios de los generadores de la central nuclear destruida han complicado adicionalmente la respuesta nacional e internacional a la crisis. Ello no debió haber ocurrido y ciertamente no implica que cada uno de los gravísimos factores que componen la complejidad del problema no pueda ser afrontado en su debida medida.
Esa respuesta no es sólo un desafío logístico sino una obligación internacional y un requerimiento estratégico a la luz de las consecuencias trasnacional de la catástrofe. Ésta no se expresa sólo en la superación de los niveles mínimos de mortandad de una guerra convencional (mil muertos) y de la infraestructura destruida (cuyo proyección inicial ya supera los US$ 100 mil millones), sino en la afectación de las condiciones de vida de los habitantes de múltiples Estados, de sus respectivos ambientes ecológicos y en la puesta riesgo de la recuperación de la peor crisis económica internacional desde la Grande Depresión.
De otro lado, si bien Japón ha avanzado en el desarrollo de tecnología antisísmica quizás más que cualquier otro Estado (especialmente en ingeniería civil y de suelos) y dispone de medios para afrontar la crisis, la yuxtaposición de problemas muestra que ese progreso no es suficiente. En efecto, aunque en menor medida que en otros países, el concurso externo sigue siendo requerido. En este caso, el apoyo podría provenir no sólo de organizaciones existentes, como la Cruz Rojas, o de Estado singulares sino de centros multinacionales de reacción rápida operados bajo la autoridad de la ONU.
A estos efectos, debería poder crearse una subsecretaría ad hoc para coadyuvar a la mitigación de la destrucción causada por los desastres naturales, un fondo con recursos suficientes y el respectivo cuerpo de asistencia de seguridad. Esta organización debería ser integrada por oficiales expertos y un grupo de tareas de despliegue rápido bajo las mismas condiciones de obligatoriedad que impone la Carta a los Estados miembros en los casos donde la cooperación militar sea requerida.
En lo que hace al requerimiento del momento y mientras se crea esa entidad, algún organismo con legitimidad suficiente, como la Cruz Roja, podría recibir ahora el mandato internacional para actuar bajo las condiciones descritas. En esta primera fase, ese despliegue podría realizarse en el Japón sobre la marcha.
Estas alternativas de corto y largo plazo bien podrían estar acompañadas de programas de investigación y desarrollo de mecanismos de alerta temprana de terremotos y tsunamis. En materia de alerta de terremotos, esos programas existen y ya han dado resultados primarios en laboratorios norteamericanos. Sin embargo, el recorte presupuestal del gobierno de ese país privará de recursos a estos experimentos. Para evitar este tipo de obstáculos, entidades de la ONU, existentes o por crearse, podrían contribuir a desarrollar esta tarea de manera colectiva con fondos multilaterales.
De otro lado, es claro que los mecanismos de alerta temprana de tsunamis pueden ser mejorados tanto para anticiparlos como para evitar, en lo posible, las alertas exageradas. Lo mismo puede decirse de los mecanismos nacionales de prevención en zonas costeras: no se debería requerir de una alerta para que el gobierno disponga la evacuación de las zonas costeras cuando fuere el caso. Lo que se necesitaría acá es la logística apropiada y el diseño urbano correspondiente.
Y en lo que hace a las crisis nucleares, las obligaciones de información de los Estados que las padecen deberían fortalecerse de manera coactiva teniendo en cuenta los efectos trasnacionales de las mismas. Esta disposición debería ser acompañada de mejor vigilancia satelital internacional y de exigir de la entidad responsable (en este caso, de la Organización Internacional de Energía Atómica), una participación más activa (y, eventualmente, intrusiva) frente a un desastre mayor (la parsimonia mostrada por esa entidad ha sido vergonzosa).
Al respecto debe tenerse en cuenta que la OIEA reporta que, hacia el 2009, había en el mundo un total de 442 reactores nucleares (3). Muchos de esos reactores están instalados en zonas sísmicas. Una prueba de ellos es el Japón que, con 54 reactores nucleares, es el tercer país en el mundo con mayor capacidad instalada después de Estados Unidos (104) y Francia (58). Si Japón es un territorio de fuerte propensión sísmica las medidas de seguridad para la construcción de esos artefactos deberían ser allí superiores al estándar y las obligaciones de apertura a la acción internacional en caso de accidente deberían ser también mayores.
Hoy, aunque esas obligaciones no han sido pactadas, bien podrían ser exigidas apelando a la responsabilidad internacional de esa potencia. Ello serviría, complementariamente, para que grandes potencias como China (que tiene 13 reactores pero que, con 27, encabeza la lista de Estados con mayor cantidad de reactores en construcción) (4) se someta a normas preventivas internacionales más estrictas.
La tragedia japonesa obliga a tomar acciones de alivio local y global y a aprovechar la racionalidad inmanente en ellas para la adopción de regímenes internacionales más eficientes tanto en la prevención de desastres como en la reacción internacional ex post.
