La iniciativa peruana de promover un diálogo latinoamericano con la Unión Europea sobre polÃtica migratoria y de incorporar ese problema a la agenda de la OEA puede ser uno de los mayores éxitos de nuestra polÃtica exterior si esas conversaciones se realizan.
Condicionada por su resultado esa iniciativa es adicionalmente valiosa porque se da en el marco de una fuerte erosión de multilateralismo global y porque otorga al ámbito interamericano una nueva responsabilidad de gran contenido social práctico.
De lo primero pueda dar fe el redundante debate que, desde hace siete años, viene frustrando el buen desenlace de la Ronda Doha. Allà ni los que subsidian la producción agrÃcola desean terminar con esa práctica ni, en general, los paÃses en desarrollo desean abrir más sus mercados de bienes industriales y de servicios.
Y en materia de migraciones, el multilateralismo ha pasado del deterioro al colapso: la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Inmigrantes y de sus Familias adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1990 sólo ha sido suscrita por 37 Estados (ninguno europeo).
De lo segundo, la consideración por la OEA del problema creado por la Directiva del Retorno europea abre el tratamiento del tema a los Estados Unidos en el ámbito interamericano. Si ese debate se realiza ciertamente será extremadamente complicado por la indisposición norteamericana a suscribir acuerdos sobre la materia (el fracaso de los intentos mexicanos es el más flagrante al respecto), pero otorgará al organismo hemisférico una oportunidad para recuperar, en el ámbito social, buena parte de su perdida, pero indispensable, legitimidad.
De momento, las más altas autoridades de la Unión Europea (la presidencia francesa del Consejo Europeo, el Alto Representante para la PolÃtica Exterior y de Seguridad y la Comisario de Relaciones Exteriores de la UE) han dirigido una carta a los cancilleres andinos respondiendo a la preocupación expresada por éstos sobre la inapropiada Directiva del Retorno.
En ella los europeos explican que su polÃtica de inmigración tiene un enfoque global, protege los derechos humanos que encabezan sus prioridades valorativas, busca la equivalencia de los derechos del inmigrante con el ciudadano local y promueve la inserción social del inmigrante legal.
El problema es que el Parlamento Europeo no ha aprobado todavÃa esa polÃtica, que parece sensata, sino sólo su versión coercitiva: la Directiva del Retorno.
Los remitentes de la carta explican que la Directiva asegura un trato humanitario a quienes deben retornar y brinda seguridad jurÃdica en tanto todos conocen las reglas contra la inmigración ilegal.
Aunque esa apreciación ciertamente no endulza el hecho traumático de la expulsión, los europeos proponen un diálogo con los paÃses de origen y de tránsito para gestionar el problema compartido de la inmigración ilegal.
Esto es lo que el Perú y los latinoamericanos buscaban. En consecuencia deben aceptar de inmediato y proponer sitio, hora y agenda para buscar soluciones biregionales a este problema global.
