La cooperación bilateral con los vecinos –cualquiera que sea el status que se le otorgue- y la integración fronteriza constituyen hoy un interés fundamental de nuestra política exterior. Ésta, sin embargo, reclama ciertas condiciones previas aún en el caso en que la “visión del mundo” del interlocutor sea diferente.
En efecto, ese tipo de relación debe fundamentarse en intereses por lo menos complementarios, deben estar libres de actitudes hostiles unilaterales, sus mecanismos e instrumentos convencionales deben ser efectivos (especialmente cuando las relaciones de interdependencia superan a las políticas) y los condicionamientos geopolíticos deben tener un valor superior (y, por tanto, una cierta especificidad) en relación a las que se desarrollan con terceros.
Por lo demás, si al respecto, esa específica relación ya está regimentada por acuerdos anteriores es necesario tener claridad sobre los resultados de éstos. Si aquéllos han funcionado mínimamente debe evaluarse sus beneficios antes de proceder a una mejora y si no, es elemental examinar qué es lo que no ha caminado y por qué.
En relación al Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios de Ilo entre Perú y Bolivia de 2010 cuya nueva versión aprobada por intercambio de notas el año pasado varios de estos requerimientos no se han cumplido o su ejecutoria no es pública.
Los acuerdos de Ilo de 1992 que establecieron a favor de Bolivia una zona franca industrial y otra turística despertaron, en su momento, una inusual expectativa de cooperación entre ambos países. La facilitación de una presencia alternativa en el Pacífico para el país mediterráneo generó entusiasmo en Bolivia y en el Perú una mejor disposición a aprovechar el constructivo planteamiento estratégico boliviano de la época: ser un centro de integración regional que congregara convergencias antes que conflicto.
Pero los problemas de infraestructura, administrativos y el peso de las rutas comerciales preferidas (el comercio boliviano por Arica) no tardaron en jugar su rol.
Los primeros se solucionaron con la construcción de una carretera de primer nivel (en realidad, un mejoramiento sustantivo de un trazo ya vigente) que comunicó La Paz con Matarani (Arquipa) e Ilo rebajando tiempo de traslado y fletes para el comercio boliviano. Los segundos (obstáculos propio de pasos de frontera cuya mejora tomó más de una década en superar o legislación complementaria y especial reclamada por Bolivia para instalar negocios en la costa peruana) demoraron en ser confrontados.
Y si bien el puerto de Matarani, incrementó su espacio para carga de contenedores y su espacio disponible para carga general, atrajo servicios de líneas navieras de primer orden, redujo costos y la carga boliviana por ese puerto se incrementó notablemente, ésta sólo representó sólo cerca del 10% del movimiento de mercancías, Ilo representaba muchísimo menos mientras Arica movía alrededor del 70% del total de la carga boliviana. Obviamente, ese progreso de techo todavía alto no explica el completo abandono del gobierno boliviano de las zonas francas otorgadas en Ilo (cuyos antecedentes se remonta a la década del 70 del siglo XX).
Como no se explica hoy una actitud poco fraterna con el gobierno del Perú que ha cambiado poco durante el gobierno del Sr. Morales y que, más bien, ha llegado a complicar la relación del Perú con terceros (por ejemplo, la negociación del acuerdo multipartes con la Unión Europea y el de libre comercio con Estados Unidos). Por lo demás, la valoración económica del mercado peruano por el gobierno boliviano no ha sido precisamente interesante y ni siquiera promotora (mientras que peruanos invierten en el vecino y expresan su interés en generar valor en múltiples sectores, y bolivianos se interesan en poca escala -y sin el apoyo debido- por el mercado peruano).
Es más, el gobierno del Sr. Morales no ha expresado ninguna consideración de convergencia estratégica especial con el Perú y si lo ha hecho, él se ha encargado de minimizarla con un mensaje siempre hostil con el mundo, desmotivador de la relación bilateral y marcado siempre por su alineamiento estratégico con el ALBA (y con Venezuela y Cuba, específicamente).
Es más, la Armada Bolivia, que ha tenido tan buena relación con la Marina peruana, ha desarrollado, a través de su comando, una relación de lealtad con el Presidente Morales que no está divorciada de la filiación ideológica (que los comandos de las demás armas comparten en el vecino). A esa distorsión coadyuvan de manera importante servicios venezolanos y cubanos.
El Perú desea mantener la mejor relación con el socio con quien comparte uno de los baluartes de su identidad: el altiplano peruano- boliviano. Para ello requiere el interés activo y real de la contraparte. Éste, lamentablemente, no se expresa de esa manera.
A pesar de ello, es posible y deseable promover y facilitar el comercio, las inversiones y los intercambios de servicios con el sector privado boliviano. Si para ello son necesarias nuevas facilidades infraestructurales, el Perú debe proporcionarlas.
Lo que no debe hacerse hoy es comprometer a las instituciones de seguridad y defensa peruanas en la apertura de instalaciones al servicio de instituciones bolivianas sin la reciprocidad del caso (el abandonado Puesto Suárez es extraño a esta relación).
Si el Perú desea abrir una escuela mercante en el sur, ésta debe servir a los peruanos primero y a los invitados extranjeros en general después. No a un Estado determinado cuyo gobierno se esmera en mostrar intereses divergentes cuyas fuentes extranjeras no oculta.
Y menos cuando la solución pacífica de una controversia de carácter bilateral con un tercer Estado está por ser resuelta y debe aún ser implementada.
