14 de diciembre de 2022
Luego de que las instituciones del Estado se cohesionaran frente al golpe de Estado de Castillo, el gobierno sucesor viene dando señales de sensatez y adaptación a las circunstancias mientras subsisten irracionales expresiones de coacción externa y de sublevación interna amparada por el vacado dictador.
Que a las pocas horas de producido el golpe el Perú contara con una Jefa de Estado que asumió el cargo observando todas las reglas es una muestra de voluntad y capacidad restauradora y de inserción externa que la mayor parte de la Nación y de la comunidad internacional saben apreciar.
A esas calidades el gobierno de la Sra. Boluarte ha añadido una adecuada comprensión de la realidad transformando un mandato “normal”, que ella deseaba extender hasta el fin del período (2026), en uno de transición fijando una convocatoria a elecciones para 2024.
La decisión de que éste será un gobierno de corta duración no sólo se da cuenta de que el gobierno entiende qué terreno pisa (escaso apoyo interno e inestabilidad social promovida por Castillo y sus operadores políticos) sino que no desea comparaciones con otros gobiernos cortos de mayor trascendencia histórica (Paniagua extrajo al Perú de un prolongado régimen autoritario que cambió la estructura política y económica del país y lo condujo a una democracia renovada). La Sra. Boluarte sabe que, en el proceso, debe alejar al Estado y al mercado del riesgo del colapso impulsado por un ignorante e insurreccional ex -presidente.
En esa esa tarea la presidenta ha atraído el respaldo de la mayor parte de la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos, la Unión Europea, las agencias de la ONU, la Secretaría General de la OEA y gran parte de los países latinoamericanos.
Pero el falso nativismo socialista que Castillo representa acaba de ser magnificado por integrantes del Grupo de Puebla. Éstos, a través de la renovada coalición de los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina han tomado parte por Castillo. Y lo han hecho mediante un comunicado conjunto beligerante reclamando no sólo el respeto por los derechos del ex -dictador (que han sido meticulosamente cautelados) sino señalándolo como víctima inocente de un hostigamiento sistemático.
Los presidentes de estos Estados han llegado al punto inaceptable de no dar cuenta del golpe de Estado perpetrado por su protegido ni de la corrupción y el desgobierno que llevó al Estado al borde de la disfuncionalidad.
La Cancillería ha respondido a lo primero recordando que el golpe fue motivo de la vacancia gestada por 101 votos parlamentarios y dando cuenta del respaldo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha prestado a la “actuación inmediata de las instituciones del Perú” y de su condena del “quiebre constitucional”.
Pero las seguridades que pueda prestar esta vez el gobierno peruano sobre el respeto de los derechos de Castillo y de su comportamiento en el marco de las obligaciones internacionales harán poca mella en los gobernantes de los países mencionados si se considera la extraordinaria irracionalidad de su posición conjunta.
En consecuencia, el gobierno debe presentar su más enérgica protesta ante cada uno de esos gobernantes, advertirles que el respeto del principio de no intervención no es un lujo decimonónico y que su violación puede afectar el nivel de las relaciones diplomáticas con cada uno de ellos.
Especialmente ahora que la subversión recorre el interior del Perú instigada por afiliados a Castillo y debido a su lenidad en el trato con grupos que, si no tenían ese vínculo, violentaban la ley cotidianamente, destruían propiedad en el interior, saboteaban la producción nacional y cometían actos de terrorismo.
Pero la filiación nativista es potente según ha mostrado el presidente de México López Obrador quien, sin dar cuenta de la inexistencia de los factores del asilo (persecución política del eventual asilado, sometimiento del mismo a la jurisdicción del Estado asilante) no sólo ha insistido en brindar a Castillo ese beneficio cuando éste se encuentra sometido a la jurisdicción penal nacional, sino que ha fundado su defensa en juicios racistas y clasistas.
Por si ello no fuera suficiente el presidente de Bolivia, sin un mínima referencia a los hechos, ha acusado a la “derecha peruana” de la vacancia de Castillo mientras que Evo Morales refería que ésta fue generada por “una guerra híbrida de la derecha internacional” vinculada a la sentencia por corrupción de Cristina Kirchner en Argentina. Aunque estas reacciones parezcan pintorescas expresan la influencia del movimiento aymara boliviano en el sur del Perú de propensión revoltosa y secesionista y que puede servir de disfraz para otra acometida del Runasur (el movimiento “plurinacional de los pueblos” fundado por Morales con propósitos trasnacionales).
Ese impulso nativista e ideológico no está alejado de presidentes más prudentes como Gustavo Petro en Colombia quien anunció que solicitaría a la CIDH la aplicación de medidas cautelares en resguardo de Castillo sin tener en cuenta los derechos del golpista están debidamente resguardados y que la misma CIDH ha elogiado la reacción institucional de la democracia peruana.
Finalmente, a la luz de la vocación paternalista con que el presidente argentino Fernández protegió a Evo Morales luego de que éste fugara de Bolivia a raíz de las irregularidades cometidas en el proceso electoral de 2019, no era impensable que ese gobernante persistiera en el error. Pero que esa insistencia se realice frente a un caso de flagran delictiva revela el predominio ideológico peronista que no duda en arriesgar la relación con el Perú sin importar los riesgos incurridos por el país en la asistencia a Argentina en momentos de extrema urgencia.
Por estas razones, el gobierno debe adoptar medidas más enérgicas de resguardo frente a este tipo de intervención en asuntos internos y de mostrarse más enfático en el trato con cada uno de esos “países hermanos”.
