El riesgo de una recesión en los países desarrollados es suficientemente real para motivar reuniones de autoridades económicas y financieras, globales y regionales, con propósitos de cooperación normativa. Aunque la probabilidad de una recesión no sea aún extremadamente alta, las distorsiones de mercado que ya generan sus factores causales (la correlación entre desequilibrios de fuertes fiscales y deuda insostenible) bien podría convocar encuentros de evaluación y coordinación del sistema financiero multilateral, del ECOSOC, del G20, de la OECD y, entre los regionales, obviamente del UNASUR (aunque el ámbito interamericano sería también importante).
Por ello la reunión de ministros de Economía y Finanzas realizada en Buenos Aires el 10 de agosto pasado con la concurrencia de algunos presidentes de bancos centrales del área sólo puede ser bienvenida. Pero las felicitaciones mediáticas no valdrán el papel en que se escriben si la evaluación de la crisis global, de su eventual impacto regional y las medidas nacionales y de coordinación regional que se adopten no están a la altura de las circunstancias.
Lamentablemente, a la luz de los resultados informados por los medios, la reunión de Buenos Aires parece haber incursionado en ese capitis diminutio. Por lo menos en el Perú aquélla ha pasado casi desapercibida en la prensa y en los sistemas de información del Ministerio de Economía (que publica sólo un insignificante reporte periodístico al respecto) y del Banco Central de Reserva (que no da cuenta del evento). Ello no implica necesariamente que los trabajos realizados en la reunión bonaerense no hayan sido serios o que su eventual reserva deba ser vulnerada, pero ciertamente su magra publicidad no ha contribuido a generar confianza económica en la región ni a resaltar el rol del UNASAUR en la materia. Y no lo ha hecho además porque el diagnóstico colectivo está ausente en la difusión de los resultados y las medidas dadas a conocer son lugares comunes y de tan larga historia que lindan con la tautología.
Este es el caso de la recomendación de un mayor intercambio intra-regional como alternativa de acceso a mercados extra-regionales. Al respecto, la recomendación no sólo no sólo no toma la dimensión de integración de la “medida” sino que parece desconocer su pasado en el área.
En efecto, desde la fundación de la ALALC en 1960 América Latina ha buscado un mayor comercio intra-regional sin que los hechos ni las instituciones subsiguientes (ALADI, MERCOSUR, CAN) hayan logrado resultados suficientes en 41 años.
Así, en una muestra del comercio dentro del área en el período 1986-2010, la CEPAL registra que el punto de partida fue 11% en el año base y que el pico ocurrió en el 2008 (alrededor de 24%) para decaer luego. En ese marco, el punto zenital del MERCOSUR se alcanzó en 1998 (26%) para decaer luego y alcanzar en el 2009 a 15.2%. Y la Comunidad Andina nunca superó el record de 14% (1998) para caer sin pausa hasta el 2009 con apenas 9.2% del total del comercio.
Ni los puntos zenitales del comercio intralatinoamericano, del intrasuramericano ni la tendencia estadística registrada en 14 años de historia reciente se va revertir en el corto ni en el mediano plazo aunque se adopten las más drásticas decisiones promotoras y hasta compulsivas de redireccionamiento comercial.
Por ello, frente a la inmediatez de la crisis, no parece serio que los ministros de Economía planteen una medida comercial para el corto plazo cuando ésta sólo daría frutos en el muy largo plazo siempre que los países miembros de la región, sus gobiernos y agentes económicos realmente se propusieran concretar el objetivo.
Por lo demás, si esa propuesta no parece demasiado útil para la coyuntura tampoco lo es desde el punto de vista sistémico y estratégico. En efecto, hace ya un buen tiempo que la realidad del comercio intra-regional y los beneficios que éste genera en términos de generación de riqueza y de bienestar para los que toman parte en él muestra que la brecha entre Suramérica (y América Latina), de un lado, y Europa, Asia y Norteamérica, del otro, se viene expandiendo sin pausa.
En efecto, el comercio que se realiza dentro de la Unión Europea equivale hoy a 72% del total de esa entidad, el del Asia a 52% y el de Norteamérica a 48% según la OMC. En el caso de Asia ese comercio se ha producido sin la necesidad de acuerdos de integración totalizadores y en Norteamérica ya era importante antes del NAFTA (aunque en niveles cercanos al 30%). Esas magnitudes de intercambio son muy superiores a las suramericanas o latinoamericanas y, por tanto, sus beneficios comparativos nos han ido dejando atrás.
De otro lado, hace tiempo que ciertos gobiernos, autoridades comerciales y analistas hemos llamado la atención sobre este fenómeno de automarginación latinoamericana del proceso de expansión de los mercados regionales en un escenario global que retroalimenta ese dinamismo. Que, en momentos de crisis, los ministros de Economía suramericanos pretendan sacarse de la manga un viejo diagnóstico haciéndolo pasar como norma económica que no tiene aplicación en el corto plazo (que es el relevante ahora) carece de seriedad. Especialmente si en Buenos Aires ni siquiera se han comprometido acciones inmediatas que levanten por lo menos algunas barreras que impiden mejorar el acceso a los mercados suramericanos a los propios suramericanos.
De otro lado, según los medios, los ministros suramericanos parecen haber adoptado la decisión de “crear” un fondo regional contracíclico. Lamentablemente la credibilidad de esta aparente medida está correlacionada con la indefinición de los montos requeridos y con la opacidad institucional con que se procuraría organizarlos. La falta de transparencia al respecto es de tal magnitud que, en momentos en que se requiere confianza de inversionistas y consumidores, se ha dado a entender que tales fondos no serían otra cosa que el incremento del capital del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).
Si ello fuera cierto, el esfuerzo financiero requerido sería monumental en momentos en que los países que conducen sus políticas económicas con seriedad están consolidando sus propias reservas (el caso del Perú, con US$ 48875 millones, es notable).
En efecto, si el FLAR tiene un capital suscrito de apenas US$ 2343.8 millones y un capital pagado de US$ 1864.5 millones (alrededor de 4% de las reservas peruanas), el vigor financiero del mismo es tan insignificante que ni siquiera puede plantearse como una alternativa al financiamiento de balanza de pagos que podría brindar ya no el FMI, sino la CAF (que sí desempeña un rol anticíclico) cuyos activos ascendían a US$ 18547 millones en 2010 y que tiene una capacidad de apalancamiento mucho mayor.
Por lo demás, la coordinación de una medida de “replenishment” de esta naturaleza será aún más complicada en un contexto en que las políticas monetarias y fiscales de los países aparentemente interesados no son coincidentes en el área. Así mientras Colombia y Chile acaban de suscribir un acuerdo estratégico que se sustenta en la gran convergencia política económica, Venezuela está procediendo a cancelar las plazas norteamericanas y europeas como ámbitos de colocación de sus reservas con propósitos que, más allá de la inseguridad que pudieran producir esos escenarios, van en apariencia aparejados a su decisión de promover un nuevo orden económico que, desde su punto de vista, tenga a la región como punto de partida.
Perú, Colombia y Chile ciertamente no coincidirán con ese tipo de medias cuya irracionalidad ni siquiera toma en cuenta que los bonos del tesoro norteamericano siguen cumpliendo un rol de refugio a pesar de la crisis de la deuda. En apariencia las autoridades monetarias venezolanas no han considerado al respecto los consejos de sus privilegiados socios chinos que son poseedores de una inmensa cantidad de esos papeles.
Finalmente, la propuesta de los ministros suramericanos aparentemente orientadas al de emplear monedas nacionales en las transacciones comerciales dentro del área padece también de los cuestionamientos ya mencionados. En efecto, Argentina y Brasil han acordado hace un tiempo, pero a manera de experimento, el uso de sus respectivas monedas nacionales sólo para un ámbito limitado de su comercio bilateral. Y los países del ALBA han creado el sucre como medio de compensación de pagos entre sus miembros, no como medio de cambio.
Más verosímil es el intento de diversificación de las reservas (aunque el euro está dejando de ser una alternativa solvente) o de avanzar en la generación de una unidad de cuenta. Esta última tiene antecedentes concretos en los Derechos Especiales de Giro que empleaba el FMI en reemplazo marginal de una canasta de monedas o en el ECU, una unida de cuenta del antiguo Sistema Monetario Europeo anterior al euro empleado como unidad de cuenta para favorecer la cooperación financiera en la Comunidad Europea. El Presidente Fernando Belaunde ya había propuesto su estudio durante su segundo gobierno.
Pero la consolidación de estos instrumentos, que no son medios de pago, requiere tiempo, similitud de políticas económicas y solvencia en las mismas. Estas condiciones existen en varios países del área, pero el resto sería disfuncional al proyecto. Una unidad de cuenta se podría, sin embargo, estudiar.
Frente a un contexto en que el riesgo y la incertidumbre campean, los ministros de Economía del UNASUR deberían generar, por lo menos, transparencia colectiva. De Buenos Aires, como su invierno, sólo ha emergido opacidad regional.
