30 de noviembre de 2022
El desgobierno equivale a la anarquía cuando el conflicto entre casi todas las instituciones fundamentales del Estado prevalece.
Luego de la visita de la Misión Especial de la OEA en aplicación de la Carta Democrática, ésta es la situación predominante en el país. La contienda de perspectivas entre vacancia presidencial y disolución del Congreso, intensificada por un Ejecutivo amparado por la OEA, la resume.
En efecto, la declaración de improcedencia, por la Mesa Directiva del Congreso, de la insistencia gubernamental en revisar una ley que regula el referéndum (cuestión de estricta competencia legislativa) ha sido el último detonante. El gobierno, luego de interpretar el hecho como una negación de confianza, promovió la renuncia del Primer Ministro y conformó su 5º gabinete. Si el Congreso no lo aprueba estaría al filo de la navaja según la lógica del Ejecutivo.
Como consecuencia, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse a la brevedad sobre una demanda competencial interpuesta por el Legislativo. El Congreso, que ha postergado la consideración la denuncia constitucional presentada por la fiscalía y que puede implicar la vacancia presidencial, sugirió que apuraría ese proceso. Sin embargo, ha presentado una nueva moción de vacancia.
Frente a la gravedad de la crisis, el Poder Judicial convocó a un Consejo de Estado (instancia de diálogo entre poderes) a la que la fiscalía decidió, con razón, no concurrir porque no puede someter a discusión, en fueros extra-parlamentarios, su denuncia constitucional.
En el proceso, el Canciller, que dirige al Servicio Diplomático bajo directiva presidencial, contribuyó a fundamentar la arbitraria decisión del gobierno sobre la inexistente denegación de confianza. Y lo hizo como complemento de la gestión de funcionarios diplomáticos para activar la Carta Democrática. Esta gestión motivó la solidaridad del Consejo Permanente de la OEA sin que ésta ni el Canciller atendieran ni el estado de Derecho que defiende la fiscal ni los “componente fundamentales” para el ejercicio de la democracia que establece la Carta: adecuada gestión pública, probidad y transparencia en el gobierno (art. 4).
Mientras tanto, la salida de capitales continúa sumándose al récord del 2021 (7.4% del PBI), la inversión se seca (0%, BCRP), las probabilidades de que el mercado bursátil sea calificado como mercado de frontera en lugar de emergente aumentan, las exportaciones del sector minero (60% del total) pueden contraerse (EC), la conflictividad social crece afectando a las exportaciones mientras los servicios públicos decaen y la pobreza multidimensional aumenta (38.9%) (COMEX).
En este marco, el deterioro institucional de la democracia peruana, clasificada como “defectuosa” (“flawed”) (EIU), nos acerca a un escenario de Estado fallido.
Para que éste no se materialice es esencial recuperar las bases del estado de Derecho. El pronunciamiento del Congreso sobre la denuncia de la fiscalía es, para ello, esencial. La gestión de la OEA no reemplazará este requerimiento.
