Elecciones e Inseguridad Andina
- Alejandro Deustua
- hace 4 días
- 2 min de lectura
1 de junio de 2026
La inseguridad ciudadana es una realidad clamorosa en la subregión andina. El triunfo del candidato Abelardo de la Espriella en la primera vuelta del proceso electoral colombiano lo acaba de confirmar luego de colocar la confrontación de esa amenaza como una prioridad en su agenda.
De otro lado, en Bolivia, una violenta protesta social en el Altiplano y el centro del país contra un gobierno que ha asumido hace apenas seis meses ha devenido en insurgencia que corta carreteras, impide el acceso a bienes y servicios fundamentales y asedia a La Paz mientras uno de sus líderes, el ex-gobernante Morales, lo conmina a convocar a elecciones o atenerse a las consecuencias.
El Perú, cuyo grado de inseguridad ciudadana llega a 82.4% (INEI) en medio de gran tensión electoral, se verá afectado por estos conflictos sea por acción directa o contagio social.
La situación colombiana se expresa en el notorio incremento de las actividades del narcotráfico y de violencia guerrillera calificadas por un récord de tasa de homicidios.
En efecto, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC) el área cultivada de coca ilegal en Colombia fue en 2024 de 261 mi has. retroalimentando un récord mundial de producción de cocaína. El presidente Petro alega que su gestión redujo esos cultivos pero éstos continúan en máximos históricos (EP). El área cultivada en el Perú, segundo productor de coca, fue ese año de 89.8 mil has. (DEVIDA).
Sobre esa base productiva, grupos armados que suman alrededor de 27 mil hombres y que no suscribieron el acuerdo de paz de 2016 (el ELN) y varios disidentes de las FARC (que sí lo firmó), se dedican al narcotráfico, a la minería ilegal y a la deforestación afectando, con violencia, a la población civil (Human Rights Watch, 2026). Si alrededor del 40% de las acciones terrorista globales se producen dentro de los 50 kms. de las fronteras terrestres se podrá entender la influencia que tienen esas organizaciones en territorio peruano (especialmente las que se movilizan en los departamentos de Putumayo y Amazonas).
Por lo demás, la tasa de homicidios en Colombia en 2025 fue la segunda más alta en Suramérica (25.8 por 100 mil habitantes) superada por la ecuatoriana (50.1 por 100 mil) y muy por encima de la peruana (10.7) (InSight Crime).
Teniendo en cuenta que entre la dureza que promete el Sr. de la Espriella en el combate del crimen organizado y la benigna política de “seguridad humana” con que lo afrontaría el Sr. Iván Cepeda no hay punto medio eficiente, parece claro que Colombia debiera incorporarse al grupo de trabajo de los países del área que coordinan el combate contra la delincuencia trasnacional (Argentina, Bolivia, Chile Ecuador y Perú). Pero el excepcionalismo que reclaman ambos candidatos quizás inhiba esa posibilidad.
Y en el sur, es necesario que los cancilleres peruano y boliviano dejen en claro que sus gobiernos cooperarán para minimizar la influencia de los movimientos sociales bolivianos en el Perú.



