La campaña electoral más polarizada de los últimos tiempos que ha enfrentado a los candidatos más resistidos de la historia contemporánea ha resultado sin embargo “OK”. En efecto, el proceso electoral se ha desarrollado con orden y transparencia apreciables (al punto que ninguno de los candidatos ha realizado cuestionamientos mayores y los observadores internacionales han pasado desapercibidos) pero la materia electoral ha sido extraordinariamente cuestionable (al punto de obligar al elector a optar entre sus requerimientos y sus convicciones). En resumen, la libertad con que se han desarrollado los comicios contrasta extraordinariamente con la ausencia de libertad que supone tener que elegir entre dos opciones rechazadas por casi la mitad del electorado.
En efecto, si, según Ipsos, 40% de los ciudadanos no hubieran deseado votar por ninguno de los candidatos pero, a la luz de las implicancias de gobernabilidad y del voto obligatorio, éstos lo hicieron optando (el voto nulo y blanco llega apenas al 7% con 92% de las actas contabilizadas por la ONPE), ello refleja el inmenso predominio del cálculo sobre la convicción en este proceso. Tal es el resultado “OK”: todo ha estado bien formalmente, pero ni Ollanta ni Keiko (cuyos símbolos propagandísticos emplearon la primera letra de sus respectivos nombres propios) han representado una opción real porque casi el 50% de la ciudadanía que no votó por ellos en primera vuelta lo hizo ahora con el propósito manifiesto de evitar que se elija al contrario.
Ello plantea algo más que una divertida paradoja política en tanto muestra que la legalidad del proceso electoral no ha producido la legitimidad que la segunda vuelta debía garantizar. En este caso el volumen de votos del ganador (51.586%) vs. 48. 414% del perdedor supera de largo la calidad política del voto en ambos casos.
Este resultado “OK” se ha derivado de un conjunto de factores. El primero, y más evidente, ha sido el comportamiento inexcusable de los tres candidatos liberales. Éstos, embebidos en una soberbia suicida expresada en su disposición a llevar el juego de suma 0 hasta las últimas consecuencias, realizaron una campaña propia de los caudillos de inicios del siglo XIX. Su irresponsabilidad, sólo equivalente a su propensión anárquica, lideró su bien merecida derrota que fue también la de las cerradas élites que los cercaron.
Un segundo factor fue la facilidad con que los candidatos que sobrevivieron a la primera vuelta abandonaron sus principios o sus filiaciones. En la búsqueda del centro político –donde se encuentra el grueso de la votación- uno de los candidatos, el señor Humala, dejó de lado, en cuestión de días, su propuesta estructuralista cuya dimensión neomarxista ya había sido potabilizada por la CEPAL a partir de la década de los 70 y que constituye una visión del mundo, para enarbolar unos “lineamientos” de política que ningún liberal podrá objetar. Ello ocurrió mientras que la candidata Fujimori se esmeraba en alejarse –imposiblemente- de la influencia de su apellido halada por promesas de tolerancia que el historial de los miembros de su entorno se encargaba, objetivamente, de desmentir (“nosotros matamos menos” dijo uno de ellos).
Un tercer factor fue el bautismo político de una clase media emergente (cuyos bajos ingresos, sin embargo, marcan su peculiaridad latinoamericana) que acudió con presteza al realineamiento con uno u otro candidato. La decadencia de los partidos políticos –que se ha aproximado casi a la extinción del más longevo de todos, el APRA- se reiteró en esta elección como si el tiempo no hubiera pasado entre 1990 y el 2011. A falta de esos estamentos de intermediación elemental, un nuevo “desborde popular” se ha mostrado en esta contienda. Ya no se trata de obreros o campesinos, sino de jóvenes y urbanos ciudadanos o de nuevos agentes del mercado en busca de prosperidad y de seguridad menos elusiva pero también de básicos contenidos ideológicos (el nacionalismo y la democracia entendidos como fuerzas primarias antagónicas).
Un cuarto factor, ha sido el predominio de los tecnócratas que, también impelidos por motivaciones elementales, abandonaron sus militancias pseudopartidarias para sumarse, con rapidez, a los equipos de los candidatos sobrevivientes. Si este fenómeno muestra la abundancia de oferta para la gestión pública (lo que es bueno para la gobernabilidad) también anuncia una fuerte propensión al transfuguismo (que no es bueno para la democracia).
Un quinto factor ha sido el rol de los liderazgos cuya pluralidad es equivalente a la ausencia de líderes políticos de alcance nacional. En ese vacío, los intelectuales que han denunciado el origen corporativista del señor Humala consideraron que el origen autoritario y antidemocrático de la señora Fujimori era el mal menor y, en consecuencia, actuaron. La racionalización de la “obligación de escoger” los llevó a olvidarse de una alternativa sensata: la del voto en blanco o viciado que, de haber reflejado el sentimiento ciudadano de la primera vuelta, habría mostrado a los señores Humala y Fujimori las verdaderas limitaciones a su legitimidad.
Como resultado de este juego de factores, el Perú ha tenido unas elecciones “OK”. Siendo éste un producto feble que no garantiza gobernabilidad para lidiar con un escenario interno lleno de conflictos sociales y de polarización y con un contexto externo cuyos fundamentos económicos se ablandan, resulta indispensable un acuerdo entre contrarios cuyos fundamentos radican en impedir que la sociedad se desmorone en el conflicto y el Estado se debilite aún más. Para el largo plazo, sin embargo, el Perú necesita a gritos superar el síndrome “OK”.
