El sistema internacional vive tiempos de desorden. En el ámbito suramericano este proceso se resume en la erosión del consenso democrático y de la economía de mercado. A esta mutación se ha sumado el debilitamiento colectivo de la percepción de la amenaza narcoterrorista. Si ello se muestra claramente en la confrontación entre Ecuador y Colombia sobre la naturaleza de las FARC, ahora el desorden incluye al Parlamento Europeo en relación al MRTA.
Si la fragmentación ideológica en Suramérica hacía previsible este escenario debilitante para la seguridad colectiva regional, lo sorprendente es que a éste se sumen instituciones centrales de Occidente, como la Eurocámara, al negarse a incorporar a una probada organización terrorista a la lista de entidades que se deben combatir con respaldo comunitario.
La primera sorpresa surge de la comprobación de que esa organización no estuviera ya en ese registro (el entendimiento común era que los organismos europeos lo habían incluido). Pero la segunda es aún más llamativa por razones sustantivas y formales.
Entre aquéllas destaca la inconsistencia del Parlamento Europeo para evaluar el terrorismo según el escenario en que éste opere. Si es claro que para la UE, Europa, Medio Oriente y otras regiones cercanas (como África) esa amenaza es evaluada con criterios estrictos, éste no parece ser el caso de América Latina.
Aunque ello pudiera corresponder a factores como la distancia de la fuente de amenaza o al ámbito operaciones de la OTAN y de las fuerzas de la UE (p.e. en los Balcanes), estos criterios sólo son razonables para distinguir al terrorismo de alcance global o de impacto desestabilizador inmediato del que no lo es. Pero definitivamente no para desconocerlo como se ha hecho en el caso del MRTA (y como podría ocurrir luego con Sendero o las FARC).
Pero el Parlamento Europeo ha obviado también formalidades básicas para adoptar tan gruesa decisión. Si entre los calificadores de la peligrosidad de una organización terrorista debiera incluirse al Estado agredido, resulta completamente inaceptable que los legisladores europeos no hayan consultado con sus pares peruanos ni con las instituciones locales a cargo de la lucha contra el terrorismo.
Al margen de la opinión alternativa que el Parlamento Europeo haya decidido escuchar (Aprodeh o cualquier otra fuente legítima), el hecho es que la opinión del agredido, que es además un Estado democrático comprometido con la lucha antiterrorista, debió ser consultada. Especialmente cuando ésta se nutre de la experiencia de combate.
Si los eurodiputados proceden así, digamos, con España en relación a ETA, es incomprensible que no hagan lo mismo con el Perú en relación con el MRTA. Al margen de Aprodeh, la opinión determinante sobre si el MRTA subiste o si constituye una amenaza debió provenir de los ministerios del Interior, de Defensa y de Justicia y ser comunicada directamente o a través de la Cancillería.
Ahora que los países andinos y la Unión Europea van a conformar una asociación política en función de intereses comunes, esta distorsión estratégica debe ser corregida por la UE mientras las partes adoptan previsiones para que no vuelva a ocurrir.
