El debate sobre la intervención del Estado en el mercado volverá a encender la pradera empresarial y académica ahora que la Secretaría de Tesoro norteamericano ha propuesto la modernización del sistema de regulatorio de los mercados financieros estadounidenses.
En realidad el debate ya empezó en tanto el planteamiento del Secretario Paulson fue anticipado el año pasado luego de que representantes del sector servicios plantearan mayor desregulación para ganar competitividad. Lo que esos señores deseaban era, en apariencia, evitar la reacción reguladora que sobrevendría a una crisis hipotecaria inminente de la que todos daban cuenta pero frente a la que pocos reaccionaban.
Ahora, luego de que esa crisis contagiara al sistema bancario norteamericano, restara fundamento al mercado bursátil, redujera el consumo y amenazara al resto del mundo con una recesión en la primera potencia, los representantes del sector interesado deben estar encantados con la iniciativa del señor Paulson.
Especialmente después de que el FED inyectara liquidez por miles de millones de dólares para compensar la indisposición de los bancos a prestarse entre ellos, rebajara las tasas de interés a costa del control de la inflación y contribuyera a que uno de los bancos estrella (el Bear Sterns) claudicara luego de modernizarse eliminando, hipotecariamente, el límite entre la banca crediticia y la de inversión.
Con razón dice el señor Paulson que el sistema regulador norteamericano no fue pensado para el nuevo sistema financiero. Es verdad: el avance tecnológico no ha servido sólo para generar nueva interdependencia sino para generar “nuevos productos” cuya perfumada ingeniería se ha vendido empaquetada a partir de una materia prima denominada “basura”.
De ese desperdicio se han “securitizado” desde deuda incobrables hasta hipotecas ofrecidas a quienes no tenían cómo pagarlas. En esta operación de servicio público sui generis el Estado no intervino. Y, por tanto, no advirtió a compradores ávidos de ganancias rápidas y extraordinarias sobre la calidad contaminante de los productos que les ofertaban. Al fin y al cabo las calificadoras de riesgo, muchas de las que evalúan también a las economías nacionales en tiempos de crisis, otorgaban el rango AAA a la práctica de extraer valor de la insolvencia.
Sin embargo, probablemente no todos los representantes de ese sector económico se sentirán favorablemente impresionados por la nueva disposición reguladora de la Secretaría del Tesoro. Especialmente si ésta empezará a implementarse bajo un nuevo gobierno que, dependiendo de la decisión electoral, se atreverá a vigilar más de cerca ya no sólo a los mercados o a sus agentes tradicionales, sino a los fondos de cobertura tecnológicamente renovados y a otro tipo de entidades parecidas que desvían los fondos federales del objetivo de generar liquidez a la especulación en gran escala, por ejemplo, en los mercados de commodities.
Si la Secretaría del Tesoro sabe que una buena parte del incremento del precio del petróleo se debe a factores adicionales a la demanda asiática, al riesgo geopolítico o a la ausencia de nuevas reservas, deberá fijarse también en lo mercados de futuros de otras materias primas. Especialmente cuando éstas sirven hoy de refugio a especuladores que ya no encuentran el incentivo suficiente.
Las economías que aún dependen de la buena marcha de su economía real debe participar en el ejercicio que propone el señor Paulson.
