Cuando en el 2000, la Unión Europea sancionó a Austria por la elección del proto-fascista Partido Liberal, los europeos se felicitaron de la firme defensa de la democracia por las autoridades de la Comisión y el Consejo europeos.
Sin embargo, el contexto en que esa defensa democrática prosperó fue el de las cruentas guerras yugoeslavas que ensagrentaron el sur de Europa durante una década. Aunque la mayoría de las entidades políticas resultantes se cobijaron luego en la aspiración de ingreso a la UE, las señas iniciales de fragmentación en el continente eran ya ostensibles en el centro y en la periferia europea (como hoy ocurre en Ucrania).
Es así, aunque en un formato armónico, que la República Checa y Eslovaquia pusieron fin, en 1993, a la Checoeslovaquia de Vaclav Havel.
De allí en adelante las manifestaciones nacionalistas en Italia (la Liga Nord), Francia (Córcega) y los países escandinavos quisieron poner en riesgo la unidad de estos Estados.
Sin embargo, antes los nacionalistas norirlandeses habían mitigado esa amenaza en 1994 a través de un acuerdo de paz. Y luego ETA, cabeza del terrorismo separatista vasco formalizaba una declaratoria de cese al fuego en el 2006.
Pero estas experiencias resultaron ser sólo una suavización momentánea de las fuerzas de fragmentación que se arraigaban en Europa.
Ya en el ámbito de la Unión Europea, y desde una perspectiva utilitaria, el Primer Ministro Cameron no dudó en poner en riesgo la cohesión del bloque integrador más exitoso llamando a un referendum separatista que, en el ánimo de recuperar soberanía, pensó que nunca perdería. Pero perdió y antes que la nueva primer Ministro, Terses May, declarara el inicio del Brexit el año pasado, Escocia recurría también al separatismo nacional (pero para mantenerse ligada a la Unión Europea).
Hoy dirigentes catalanes, apelando a un conjunto poblacional que no es mayoritario, plantea extraer a Cataluña de la civilizada unidad política española.
No obstante ser una de las comunidades autónomas más exitosas y de las que más beneficios ha obtenido de la democracia hispana (a través de la irradiación de amplísimas libertades políticas ya consolidadas ) y de la membresía de ese Estado en la UE (de la que ha obtenido, a través de varios canales europeos, miles de millones de euros en transferencias a los sectores de infraestructura, agricultura y laboral), esos dirigentes quieren burlar hoy la Constitución española y sus leyes electorales. Y lo hacen para forzar un referéndum en el que el hiperactivismo independentista amedrenta a los catalanes silenciosos que no lo desean.
Al respecto no ha bastado aún que la Comisión Europea haya reiterado hasta la saciedad que la UE no incluye ni incluirá a entidades separatistas no consensuadas.
Ni que el gobierno español haya movilizado al conjunto institucional del Estado para impedir el ilegal pronunciamiento que torpes líderes intentan realizar el 1 de octubre.
Ni que el empresariado catalán y español hayan advertido a Puigdemont, presidente de la Generalitat, sobre los riesgos económicos nacionales e internacionales de vulnerar la ley.
La torpeza independentista de líderes de una entidad como Cataluña, que violenta la garantía de autogobierno que el Estado español brinda a las autonomías regionales, amenaza con resquebrajar una unidad política exitosa tan duramente lograda después de la guerra civil y de la dictadura.
El intento no se contenta con vulnerar las normas comunes sino que ni siquiera intenta una modificación constitucional a través de la cual Cataluña pueda lograr aún más discrecionalidad.
Que esa torpeza no tenga éxito depende de la firmeza democrática de la mayoría silenciosa catalana, del gobierno español y de las prevenciones comunitarias.
Y para que su peligroso ejemplo no prolifere en escenarios que absorben el buen y mal ejemplo externo, América Latina debe adoptar también una actitud preventiva frente al separatismo forzado, ilegal y estratégicamente funesto como el que hoy se dinamiza en España y en la Unión Europea en una errada interpretación del principio de autodeterminación.
Al respecto esperamos que la UE no cometa el error de seguir alimentando esa hoguera con mayores exigencias de cesión de soberanía que debilite a los Estados europeos al punto de la fragmentación.
