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  • Alejandro Deustua

El golpe ecuatoriano y sus consecuencias

21 de abril de 2005



La quiebra del orden interno en Ecuador ha confirmado tres cosas: la extrema vulnerabilidad del Estado de ese país, la regresión del régimen colectivo de defensa de la democracia representativa en la región y la percepción de que, efectivamente, la subregión andina es el centro de la inestabilidad hemisférica.


En efecto, el golpe de Estado que ha afectado al vecino ha echado por tierra, por segunda vez en menos de siete años, la carta fundamental de 1998 que intentó dar vida al Estado ecuatoriano luego de la debacle generada por el ex presidente Abdalá Bucaram. Luego del golpe contra el señor Mahuad el 2000 hoy el Congreso de ese país temina de confirmar la quiebra institucional del Ecuador intentando legalizar otro ilegal cambio de régimen que la tolerancia del Poder Judicial y la instigación del Ejecutivo contribuyeron a provocar.


Al respecto es interesante constatar que las autoridades ecuatorianas presentan el derrocamiento del señor Gutiérrez como una inverosímil destitución por abandono del cargo que reconoce que no hubo ni juicio político contra el señor Gutiérrez ni declaración de incapacidad mental o física como causal para su remoción. Resulta inconcebible que, a pesar de que la TV llevó en directo los lamentables sucesos de Quito, esas autoridades no puedan esgrimir siquiera la razón de Estado para justificar la quiebra de un orden interno inviabilizado por sus propios líderes.


Si es verdad que el señor Gutiérrez vulneró la consitución de su país al cooptar la Corte Suprema, que se alió con los más notorios representantes de la corrupción oficial –como el señor Bucaram- , que la irracional alteración de sus entendimientos políticos ilegitimaron su autoridad, que el incumplimiento de sus promesas electorales estimularon la ingobernabilidad y la insurgencia, también es verdad que el Estado ecuatoriano dispone de leyes y procedimientos para tomarle cuentas. En lugar de ello, el Estado y los líderes políticos dejaron que fuera la ciudadanía la que hiciera justicia para justificar luego la insurrección como una expresión de democracia directa.


Mientras eso ocurrría, los defensores de la democracia representativa –el único sistema de gobierno reconocido por el sistema interamericano- ni escuchaban, ni veían ni actuaban en la OEA. El Secretario General Adjunto, hoy ausente de las sesiones del Consejo Permanente en Washinton, pudo haberse preocupado preventivamente desde diciembre por la situación ecuatoriana y no lo hizo. Y hoy, congregados frente a los hechos consumados, los representantes diplomáticos ante el organismo hemisférico, salvo por las excepciones de Perú y Panamá, siguen guardando silencio a pesar de haber sido convocados en el ámbito de la Carta Democrática.


Si esa indolencia prevalece, los países americanos estarán notificados de que el régimen de protección colectiva de la democracia representativa, tan intensamente aplicado en el caso peruano, es ya letra muerta. La violentación consecuente de la “claúsula democrática” contribuirá entonces a nuestra desinserción de Occidente, a la generción de mayor inestabilidad en la región especialmente la proveniente de movimientos emergentes cuya disposición fragmentadora ya se ha arraigado en Venezuela, Colombia y Bolivia y pretende hoy extenderse al Perú.


En ese caso, el área más frágil –la andina- quedará expuesta a la anarquía, a la invitación a la dictadura y al embate de las “nuevas amenazas” confirmando, en la percepción de las potencias mayores, su condición de área de inseguridad.


Si se desea minimizar el daño ya causado en este escenario, la aplicación estricta de la Carta Democrática es hoy imprescindible. Y para hacerlo debe invocarse la vigencia de la democracia representativa tal como lo sostiene la carta de la OEA y no la democracia a secas como emerge hoy de los comunicados de la CAN y de la Comunidad Suramericana de Naciones. Si vamos a cambiar de régimen en la región no es admisible que esa alteración se lleve a cabo por razones circunstanciales, sin discusión y por una cuestionable vía indirecta.

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