El acuerdo de distensión suscrito en Ginebra el 17 de abril por los cancilleres de Estados Unidos, Rusia, Ucrania y la Alta Representante de la Unión Europea ha probado ser tan líquido como las aguas del Mar Negro que bordean Crimea.
Este entendimiento minimalista de cuyo cumplimiento dependía quizás un proceso de estabilización posterior ha fracasado en todos sus puntos: el desarme de los grupos ilegales no se ha producido, el abandono de los edificios tomados no ha ocurrido, las posibilidades de amnistiar a los manifestantes de ambos grupos (menos a los que hubieran cometido asesinatos) no están a la vista y la misión de la OSCE no ha podido asesorar adecuadamente a las autoridades en tanto éstas se han probado incapaces de actuar eficazmente (es más, en algunos casos éstas han sido ridiculizadas por los rebeldes pro -rusos mientras las escaramuzas ha producido algún deceso adicional al tiempo que el gobierno ruso simplemente no las reconoce).
En ese contexto no sólo el proceso de reforma constitucional está lejos de poder emprenderse a mediados de mayo sino que la reciente visita del Vicepresidente norteamericano Biden no parece haber acarreado mucho apoyo material para la autoridad de Kiev que no sea el de su respaldo político.
Bajo estas condiciones al Presidente Obama –que se encuentra en gira por Asia tratando de consolidar alianzas que den sustento y consistencia a su “pivote” oriental- no le quedan muchas opciones inmediatas que no sean el anunciado incremento de sanciones económicas.
Para que éstas sean efectivas deberán compensar la debilidad de la disposición coercitiva europea. Y si en éstas cuajan e impactan a la economía rusa con excesiva intensidad promoviendo menos aislamiento que debilidad (este año Rusia crecerá apenas 1.3%, por debajo del CIS –los países de la ex URSS- y hasta de los países emergentes y en desarrollo de Europa –que crecerán 2.4% según el FMI), Rusia se verá tentada a retaliar incrementando el precio del gas (o, menos probablemente, cortando su suministro al conjunto europeo). Así lo sugiere The Economist.
Si bien el aprovisionamiento de energía rusa por la Unión Europea equivale a algo menos del 30%, los Países Bálticos dependen 100% de ese origen, mientras que la dependencia de Europa Central oscila entre el 80% (Hungría) y el 59% (Austria). De otro lado la vulnerabilidad de las grandes potencias europeas a ese aprovisionamiento es menor pero sigue siendo sustantivo en un caso importante (Alemania con 37% de su consumo, a diferencia de Francia que sólo requiera gas ruso para cubrir 16% de sus necesidades) (TE).
Y si la coerción económica tendiera a alimentar retaliaciones en Europa a través de un sistema financiero (como indica The Economist) del que depende los créditos rusos estaríamos de cara a una guerra económica. Esa eventualidad tiene puntos de comparación con la que llevó a Europa, a través de devaluaciones y proteccionismo competitivo, a la segunda gran conflagración. Aunque ese escenario sea improbable e indeseable, las sanciones y retaliaciones siguen, en este caso, el derrotero de una escalada mayor.
Es más, el escenario confrontacional que crea el despliegue de tropas rusas en la frontera ucraniana (y que es replicado con fuerte retórica y algún despliegue por la OTAN y escasísimas pero crecientes despliegues de tropas americanas en los Países Bálticos y Polonia), acaba de ser innovado el Canciller Lavrov. Éste ha sostenido que, a la luz de la correlación existente entre las visitas de altas autoridades norteamericanas a Ucrania con la agresividad del gobierno de Kiev y los movimiento revolucionarios, Rusia responderá a cualquier ataque a sus intereses vitales (incluyendo cualquier ataque a ciudadanos rusos -una terminología que cubre un amplio espectro demográfico en Ucrania oriental y en los Países Bálticos –Estonia alberga a un 25% de población de origen ruso-).
The Economist supone que ese escenario puede dispersar a los aliados rusos que tienen alguna capacidad de autosustentación económica entre los ex-miembros de la URSS. Pero, desde otro punto de vista, también podría amalgamarlos si el uso de la fuerza activa lo que hasta ahora es esencialmente una amenaza.
De otro lado, si bien la China dispondrá entonces de mayor discrecionalidad –hoy más cercana a Rusia- un escalamiento como el planteado tenderá a liberar las tendencias al conflicto tan visibles en Asia Central (en continente) y en Asia del Este (especialmente en el mar).
Esta peligrosísima dinámica puede acelerarse o desacelerarse, pero ya constituye un riesgo mayor. Una forma de contenerla es lograr que los europeos incrementen su disposición para contener a Rusia y que, simultáneamente, muestren un cierto ánimo de aproximación. Éste debería dejar en claro que la relación económica entre la Unión Europea y Rusia tiene una dimensión estratégica tal que permitirá consolidar la identidad europea de la potencia euroasiática.
Ello no se logrará apostando por el colapso económico ruso ni sacrificando a Ucrania cuyo rol de buffer en lugar la zona debe ser redefinido.
Lo primero implica que las políticas económicas del FMI, el BCE, la Comisión Europea y las potencias europeas tomen en serio el riesgo geopolítico que el FMI hoy apenas menciona como una variable de inocua intangibilidad en su último informe de abril. Y lo segundo requiere un intenso cambio de actitud europea que, teniendo en cuenta su proceso de recuperación, matice su disposición expansiva con una mayor cooperación con Rusia. El propósito: lograr por lo menos rescatar a Ucrania de la crisis consolidándola con vínculos sensatos con el Este y el Oeste.
Ello implica una vieja fórmula liberal: subir los costos de la agresión rusa para lograr una mejor disuasión sin desatender los intereses estratégicos de esa potencia que puedan ser acomodables y cuya negación llevaría a un juego de suma 0 en el área.
Al respecto los Estados liberales de América Latina, tan propensos a la neutralidad, debieran tener algo qué decir. Especialmente si el juego de poder seguramente va a extenderse, de una manera u otra, a esta zona.
