28 de noviembre de 2005
Si el ciclo político se entiende como la influencia en la economía de un proceso político que se inicia (p.e. una campaña electoral), el pronunciamiento de Alan García contra la adhesión del Perú a la Convención del Mar redefine ese concepto. En efecto, en tanto la vulneración de la disciplina económica, sustentada en un razonable consenso, no reporta verosímiles beneficios electorales durante el cambio del ciclo político, ahora parece rentable comprometer, alternativamente, la política exterior del Estado.
La posición del señor García en esta materia –que no es necesariamente la de sus correlegionarios más enterados- quizás no habría sido posible, sin embargo, sin tres factores coadyuvantes. La distorsión de la contienda electoral que plantea el nacionalismo estatista del señor Humala es el primero. La influencia de algún sector pesquero es el segundo. Y la definición de la política exterior como una función de la política interna planteada bajo la actual administración es el tercero.
Como corolario de este último factor, un interés nacional primario como es la definición cabal de la dimensión marítima del Estado, se han sometido a contencioso debate interno e internacional en el peor momento posible: al final de un ciclo político. Al hacerlo, el riesgo de erosión de ese interés se ha multiplicado debido a su excesiva exposición mediática en un contexto en el que el revisionismo autárquico está de regreso.
A ello ha contribuido el pronunciamiento público de las instituciones responsables sin haber asegurado un clima favorable para la adecuada recepción de su mensaje. Al comprometer intensamente con ello la política exterior en las lides de la política interna, lo que se quería asegurar –la aprobación de la Convemar - ha devenido en botín electoral sujeto a circunstancial interés partidario. Así algún prominente representante de Cancillería y un candidato han terminado coincidiendo en un escenario de pérdida para el país.
Pero en ese contexto, el candidato ha ido más allá que el representante. Al oponerse a un acuerdo que constituye uno de los pilares del multilateralismo contemporáneo el señor García ha reiterado uno de los mas costosos errores de su pasada gestión gubernamental: la complicación de la inserción externa del Perú. Si los costos financieros de ese error son de conocimiento público, los costos políticos del error actual quizás lo sean menos.
En efecto, al intentar colocar al Perú en una posición desventajosa en relación a los aproximadamente 150 Estados de la comunidad internacional que han adherido a la Convemar, la propuesta autárquica del señor García asume que el país tiene los medios propios suficientes para satisfacer objetivos nacionales fundamentales –p.e. una adecuada defensa jurídica de la delimitación marítima- al margen del derecho y la opinión internacionales. Este error tiene un nombre –imprudencia- y es equivalente al que llevó al Perú a ser declarado inelegible por la comunidad financiera internacional.
De otro lado, al considerar que la afiliación de la inmensa mayoría de los Estados miembros del sistema internacional a la Convemar es irrelevante para el interés nacional, el señor García ha olvidado una de las características de la soberanía externa que cobijan ese interés: la adecuada vinculación del Estado con el derecho internacional. Y si el derecho internacional marítimo es hoy gobernado por la Convemar y el señor García desea distanciarse de él, pues está restando condición soberana a un Estado vulnerable como el nuestro.
Nos negamos a creer que el señor García esté dispuesto a incurrir en estos costos para beneficiarse del ciclo político.
