La política exterior peruana enfrenta, de manera simultánea, desafíos sistémicos, regionales y vecinales que requieren urgente respuesta.
La anexión de Crimea por Rusia es una flagrante violación de la soberanía de Ucrania, un país sensible de Europa del Este, mediante el uso de la fuerza y la manipulación del derecho.
Ello ha complicado, de manera directa que aún puede escalar, a Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y China.
Las consecuencias estratégicas de esta crisis sistémica se reflejarán en renovación de prioridades de seguridad y de nacionalismos, alteración de alineamientos que afectarán a América Latina y pérdida de confianza inversionista en Europa y Rusia afectando la recuperación global.
El Perú está en la obligación de no dejarse absorber por el vínculo militar y presentar a Rusia su protesta por un acto que pone en peligro la estabilidad internacional.
Para atenuar el problema de la desaceleración china el Perú no puede hacer gran cosa. Y menos la Cancillería, que carece de activos institucionales comerciales de los que se ha desprendido con exuberante celo.
Pero podría actuar políticamente mejorando la relación con Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y la ASEAN de una manera que implicara mayor interacción con esos mercados. Acciones de promoción de largo plazo y el seguimiento del acuerdo transpacífico no son acciones acordes con la urgencia.
En el ámbito hemisférico la falta de interés, amparado en la falta de consenso, por avivar la jurisdicción de la OEA para evaluar el caso venezolano ha sido una contribución adicional a la castración de esa entidad en cuyo centro se encuentra, por iniciativa peruana, la Carta Democrática.
Y el tratamiento dado a ese caso en el ámbito de UNASUR ha sido casi tan mal manejado como en el 2013: una defensa no calificada del régimen venezolano y una promoción del diálogo con la oposición sin mayor indicación es el magro logro colectivo que no incluye beneficios de integración.
En el caso de Chile, la afirmación de que todo seguirá igual en relación al “triángulo terrestre” porque el Tratado de 1929 ha sido mencionado al paso por la Corte y porque se ha expresado “extrañeza” frente a la reafirmación de usurpación chilena no es consecuente con el interés nacional incluido la prevención de conflictos. Es hora de despertar.
