El hundimiento del barco de guerra surcoreano Cheoan por un torpedo norcoreano constituye una casus belli que la República de Corea trata con la mayor prudencia. Si este Estado no ha recurrido a la amenaza o al uso de la fuerza y ha optado, en cambio, por medidas coercitivas unilaterales de interrupción del tránsito naval y comercial se debe a la implicancia estratégica de la provocación norcoreana y a las consecuencias de una eventual respuesta militar. Además es posible que la reacción mesurada obedezca también a las complicaciones que plantea la aparente erosión del régimen norcoreano.
En efecto, una respuesta militar surcoreana tiene el potencial de desencadenar una escalada bélica en el noreste asiático que, además de involucrar el ámbito nuclear, reclamaría la participación de Estados Unidos, China, Rusia y Japón. Este es el nivel de poder negativo al que Corea del Norte apela de manera recurrente no obstante que, de activarse, implicaría la destrucción total de ese Estado.
De otro lado, el régimen coreano se encuentra, en apariencia, en situación de debilidad extrema luego del fracaso de las “reformas” orientadas a fortalecer aún más el control estatal sobre la economía que siguieron a otras que resultaron en la hambruna ocurrida en la década pasada (The Economist). En el marco del proceso de sucesión de Kim Jong Il (que se habría acentuado por la decadencia física del dictador), el escenario no deja de evidenciar una dimensión catastrófica si se produce un súbito colapso del régimen totalitario. De ocurrir éste sin previsión, Corea del Norte y sus vecinos quedarías atrapados en una vorágine generada por la interacción de una migración masiva y desesperada, el descontrol del armamento nuclear, el faccionalismo derivable en guerra interna y la intervención de Corea del Sur y de terceras potencias (CSIS). Ello ciertamente no es deseado por nadie.
En esta perspectiva, el recurso al Consejo de Seguridad no sólo es lo que corresponde para la adopción de medidas colectivas contra la agresión norcoreana. Es también una necesidad porque, una vez puesta en cuestión la paz en el noreste del Asia Pacífico, es imprescindible evitar que las fuerzas beligerantes se desaten sumiendo en la catástrofe en esa región.
Sin embargo, una resolución que sancione a Corea del Norte con medidas del capítulo VII de la Carta de la ONU probablemente no tendrá el trámite razonable ni los resultados que se podrían esperar.
En efecto, China podría no acompañar un voto por sanciones adicionales a las que ya recibió Corea del Norte por sus actividades de proliferación nuclear. Su eventual oposición no se explica sólo por la alianza con ese Estado en la que la potencia mayor cumple el rol de mentor y protector militar y económico del régimen de Kim Jong Il. Además de ello, la protección china da cuenta del interés de esa gran potencia de asegurar un buffer antioccidental en su frontera sureste, de incrementar su perfil de contendor y eventual revulsivo de la presencia asiática norteamericana y de asegurarse un rol clave en cualquier negociación que implique a Corea del Norte. Ello incrementa el status chino de potencia regional y global.
Por lo demás, el apoyo condicional a Corea del Norte en la mesa de negociaciones permite a la China desempeñar un rol constructivo en esos ejercicios sobre armamento nuclear en los que, de no existir la problemática norcoreana, tendría que adopta una posición más confrontacional. Este es el caso de su participación en las conversaciones de los 6 (las dos Coreas, Rusia, Estados Unidos, Japón y China) donde China ha contribuido a que Corea del Norte negocie su programa nuclear a cambio de fuentes alternativas de energía y de recursos occidentales sólo para dar un paso atrás por cada paso adelante.
En cambio Rusia, ya distanciada de su vieja asociación coreana, está en capacidad de apoyar las nuevas medidas que podrían imponer el Consejo de Seguridad dependiendo de su apreciación independiente de los hechos. Ello dependerá de la evaluación que haga de los trabajos realizados sobre las causas del hundimiento del Cheoan por un grupo de investigados de Corea del Sur, Australia, Suecia, Estados Unidos y el Reino Unido.
El Perú se ha limitado, hasta ahora, a expresar públicamente su preocupación por el hundimiento del barco surcoreano y ha tomado nota de los indicios de responsabilidad norcoreana. Pero debe ira más allá por razones de interés nacional y global. Ahora que negocia un acuerdo de libre comercio con la República de Corea y que los intereses complementarios con ésta se han incrementado, Perú debería persuadir a México y Brasil (los miembros no permanentes actuales del Consejo de Seguridad) a votar a favor de las sanciones a Corea del Norte.
Pero debe hacerlo en el entendido de que éstas podrían incrementarse luego si ese Estado persiste en su política de sistemática desestabilización del noreste asiático teniendo en cuenta, además, que las medidas pueden fracasar. Así ha ocurrido antes a pesar de que el Consejo u otros Estados han reclamado a Corea del Norte por su participación en actos de terrorismo, de falsificación de moneda y de comprobada proliferación de armas y de tecnología de destrucción masiva y de otros crímenes internacionales. Este es un caso en que la coerción sistemática acompaña a la impunidad permanente del régimen norcoreano. Salvo que cambie el régimen, el largo plazo es el ámbito de la postura a adoptar.
