Si una flota de 260 buques pesqueros extranjeros se posicionara en aguas internacionales frente a nuestras costas nadie dudaría de que su comando podría proponerse realizar faenas masivas, quizás ilegales, en nuestro “dominio marítimo”. Ello representaría un serio problema de seguridad.
Este escenario acaba de materializarse entre la zona exclusiva del mar ecuatoriano y las aguas que corresponde a las islas Galápagos con una flota china de las dimensiones señaladas.
La amenaza pudo atenuarse luego de que la Comisión Permanente del Pacífico Sur (Perú, Colombia, Chile y Ecuador), pero no los respectivos cancilleres, brindaran respaldo a nuestro vecino.
Con ese apoyo el Canciller del Ecuador negoció el eventual abordaje por autoridades ecuatorianas de barcos de esa flota que ingresaran a aguas jurisdiccionales de ese país aunque la flota permaneciera, faenando, en aguas internacionales. Al margen del resultado, ese Canciller pudo negociar porque sabía qué defendía: las diferentes áreas marítimas establecidas en la Convención del Mar.
Si lo mismo hubiera ocurrido en el Perú (lo que es aún probable) nuestra Cancillería no sabría si debería defender un mar territorial (en cuyo caso la respuesta tendería a la beligerancia) o una zona económica exclusiva de 188 millas complementarias del mar territorial de 12 por la sencilla razón de que el Perú no es parte de la Convemar, no ha definido su “dominio marítimo” y su comportamiento apenas se basa en una declaración ante la Corte Internacional de Justicia sin que ello se concrete en costumbre reconocida.
Y a falta de capacidades militares suficientes, el Perú no tendría tampoco el amparo pleno que brinda la Convemar, salvo el de la tradición que nos vincula en este campo a Ecuador y Chile. A pesar de ello la Cancillería sigue sin promover la firma de ese indispensable tratado. Tal es nuestra vulnerabilidad en este caso.
Ello ocurre en un escenario de expansión marítima china en la Cuenca del Pacífico la que, luego de asegurar bases y puertos de avanzada en el Océano Indico, ahora transgrede derechos de socios comerciales y hasta de aquellos que han suscrito acuerdos sobre la “Iniciativa de la Franja y la Ruta”, el gran proyecto geopolítico chino de alcance global.
En este marco, calificado por la precariedad estatal del momento, nuestra Cancillería ha llevado al Congreso una iniciativa para la aprobación del Acuerdo de Escazú que complica nuestra soberanía básica, confunde el escenario multilateral con el trasnacional y el de los derechos humanos con los del medio ambiente.
Ese acuerdo, que no admite reservas, protege a todo sujeto que desee acceder a información ambiental (que puede ser reservada), promueve jurisdicciones innecesarias (sin distinguir a actores legales de ilegales) y alienta su participación indiscriminada en decisiones ambientales que no son de su incumbencia.
Si ello se debe a presiones de “relatores” de la ONU, representantes de ONG o de diplomáticos despistados en momentos de gran debilidad nacional la intención sería aún más lamentable.
