Colombia está produciendo un cambio estratégico en la región al involucrarse en tres procesos innovadores que potenciarán su status e influencia en el área.
El primero (las conversaciones de paz con las FARC) posicionará a Colombia como la potencia articuladora del norte suramericano en la medida en tengan éxito las conversaciones que se realizan en La Habana con auspicio noruego y venezolano.
El segundo (una próxima y plena incorporación colombiana a la OECD) y el tercero (un inminente compromiso de cooperación formal con la OTAN) añadirán al mayor status colombiano regional y global, una inserción económica y de seguridad de carácter liberal firmemente vinculada en Occidente.
Esta situación beneficiará al conjunto latinoamericano. Al sistema interamericano porque la relación de América Latina con Estados Unidos y Canadá deberá ser más fluida a pesar de las fricciones dentro de ella. A los miembros de la Alianza del Pacífico porque consolidará la naturaleza e importancia del grupo. Y a los que no lo son porque contribuirá a irradiar en ellos los beneficios de la economía abierta y de la democracia representativa facilitando vínculos con los países del viejo “Norte” y del “Oeste”. Como es obvio, este último efecto se logrará a pesar de la fricción resultante con los miembros del ALBA y de una agudización de la fractura regional mientras el beneficio cobra cuerpo.
Si, como todo proceso, ninguno de los tres mencionados rendirá plenamente sus frutos hasta que éstos hayan culminado, los indicadores de rumbo y tendencia que aquéllos trazan irán arraigando el nuevo rol colombiano, decantando a su favor la opinión de los Estados que verán en ellos la formación de intereses convergentes (los de la Alianza del Pacífico) y apurando la reacción contraria de los que se oponen (especialmente Venezuela y Bolivia) hasta que el peso de la nueva realidad neutralice en éstos la divergencia de intereses.
Como el primer proceso está aún calificado por la incertidumbre (a pesar que las conversaciones en La Habana ya lograron un avance mediante entendimientos que conciernen al sector agrario), concentrémonos en los otros dos que marcan derroteros de curso cierto y realización más o menos cercana.
A fines de mayo los 34 miembros de la OECD decidieron iniciar conversaciones con Colombia y Letonia orientadas a lograr la plena membresía de esos estados en esa entidad. El Secretario General de la misma, el mexicano Miguel Angel Gurría, ha informado sobre tal decisión sustentado en dos fundamentos que se retroalimentan: la necesidad de la OECD de ampliar su membresía global para consolidar su propósito de fijación de estándares de mejores prácticas económicas y la necesidad colombiana de incorporarse a la OECD como factor crítico de sus esfuerzos de desarrollo y de reforma.
Al respecto, Colombia deberá cumplir con una hoja de ruta de reformas sectoriales que la OECD auspiciará para lograr, luego de las evaluaciones del caso, tanto la membresía en la institución como la consolidación de ese Estado en el rumbo del desarrollo asegurando un mayor nivel de crecimiento sustentable, mejores niveles de vida y estabilidad financiera (art. 1 del Tratado Constitutivo de la OECD).
Así ha ocurrido con México en 1994 y con Chile, Estonia, Israel y Rusia (que fueron invitados en el 2007 e incorporados en el 2010, salvo Rusia con la que las conversaciones continúan). Y así ocurrirá con Costa Rica y Lituania (con los que la OECD iniciará conversaciones el 2015).
En la medida en que las reformas probablemente correspondientes a la treintena de áreas de trabajo sectorial de la entidad se realicen y sus resultados sean aprobados, Colombia accederá plenamente a la OECD.
Obviamente no es este acceso el que garantizará a Colombia la adquisición del status de país desarrollado sino la eficacia con que transite el rumbo trazado (Chile se ha planteado ese objetivo para el año 2020). En el proceso el Estado colombiano habrá consolidado una meta de largo plazo, implementado políticas que difícilmente será alteradas y logrado un mayor status para la interlocución económica. Ésta se traducirá en mejor acceso a los mercados financieros y en vínculo consolidado con los países liberales (es decir, todos los desarrollados) ampliando el área en que éstos operan y se arraigan.
Dicho sea de paso, a esa expansión contribuirán también estados como Rusia (que, como se ha mencionado, sigue el proceso de accesión) y los BRIC ampliados (Brasil, China, Indonesia y Suráfrica) a los que la OECD ha ofrecido un programa de compromiso fortalecido (“enhanced engagement”) con propósito de cooperación.
En un contexto de ampliación institucional de economías de mercado de alto rendimiento, la futura membresía colombiana otorgará a la Alianza del Pacífico el sello de calidad correspondiente en tanto que, con ella, tres de sus cuatros miembros pertenecerán a la OECD. En consecuencia, esos países definirán su inserción de acuerdo a nuevos estándares producto de las reformas adoptadas.
Además de agregar solvencia, status y convergencia de intereses entre los miembros de la Alianza, el nuevo status colombiano fortalecerá en el Perú la persecución de un curso similar que, por lo demás, ya empezó a recorrer.
En efecto, el Perú suscribió en el 2008 la Declaración sobre Inversiones Internacionales de la OECD comprometiéndose a otorgar el trato nacional a los inversionistas extranjeros y a mantener una conducta favorable a un buen ambiente de negocios. Ello ha implicado que el Perú forme parte del Comité de Inversiones de la OECD del que son miembros otros adherentes al tratado de esa entidad (Argentina, Brasil, Chile, Egipto, Estonia, Israel, Letonia, Lituania, Rumanía y Eslovenia).
A partir de esta membresía y del estímulo político que genera Colombia, el Perú debe dar los pasos correspondientes para lograr también su plena incorporación a esa entidad. Si no lo hace, su status y régimen económico, por lo que tanto ha bregado, quedará disminuido entre sus pares. Este interés nacional es superior a las críticas que pueda suscitar en los países del ALBA (cuyo rol disfuncional en la región es cada vez más evidente) y a los llamados a otro tipo de unidad regional.
Con la misma lógica de consolidación de una posición estratégica y de lograr una mejor inserción global, Colombia suscribirá un acuerdo de cooperación con la OTAN. Ello fortalecerá la filiación occidental colombiana otorgándole a los países andinos y del Pacífico latinoamericano un anclaje en el corazón de Occidente que sólo puede fortalecerlos en su proyección al Asia. El impacto de esa filiación sobre los demás será convergente con la relación especial que mantiene, por ejemplo, Brasil con Estados Unidos y la Unión Europea (a pesar de su nueva vocación regional), incierta con Argentina (que tiene una relación particular con la OTAN) y divergente con los demás.
A diferencia del vínculo con la OECD, la relación con la OTAN no será la de una imposible incorporación sino la de una cooperación institucionalizada bajo la categoría “socios globales” (“partners across the globe”). A esta categoría cooperativa pertenecen ya Australia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Pakistán, Irak, Afganistán y Mongolia y no implica asociación individual ni colectiva (como en el caso de las “asociaciones marco” en las que se inscribe el Consejo de Asociación Euroatlántica-Asociación para la Paz, el Diálogo del Mediterráneo o la Iniciativa de Cooperación de Estambul).
Por lo demás, este tipo de asociación no es equivalente a la que obtuvo la Argentina en 1994 como “aliado extra-OTAN” (el término no aparece en el registro público de la Alianza Atlántica) que según la historiografía crítica, fue producto de una decisión del Congreso norteamericano al que el Ejecutivo sometió la iniciativa luego de la participación argentina en la 1ª Guerra del Golfo.
Al respecto puede decirse que este cuestionado vínculo no ha impedido a fuerzas de mantenimiento de la paz argentinas (y chilenas) desempeñar un loable rol de asistencia humanitaria en los Balcanes (en el caso argentino, específicamente en Kosovo).
Las ventajas concretas del nuevo vínculo colombiano se reflejarán en entrenamiento estratégico, intercambio de información, inteligencia y tecnología y, eventualmente, en ejercicios conjuntos en un menú en el que Colombia podrá optar.
El marco en que estas ventajas se obtienen deriva de la complementariedad de intereses en la expectativa de que éstos se fortalezcan en el futuro. Como es lógico, ni Colombia ni la OTAN podrían cooperar si lo que predomina entre ellos es la divergencia de intereses.
Ello no implica establecimiento de bases militares en la región ni acosamiento de estados suramericanos como lo han planteado de manera iracunda Bolivia y Venezuela. Por lo demás, Colombia ha expresado su voluntad de explicar con mayor amplitud su nueva vinculación en el ámbito del Consejo de Defensa Suramericano (esta aclaración ha calmado los ánimos de los integrantes del ALBA los que, seguramente volverán a la carga).
A la luz de la participación chilena y argentina en operaciones de mantenimiento de la paz en el escenario europeo y de los beneficios estratégicos que ahora obtendrá Colombia, bien haría el Perú en estudiar ese escenario.
Especialmente, si la cooperación de inteligencia, entrenamiento y transferencia tecnológica que pueden brindar Estados más avanzados es eventualmente convergente con las necesidades de seguridad y defensa nacionales. Más aún si ella se concreta en el fortalecimiento de capacidades en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y en el incremento del rol potencial del Perú en la realización de operaciones de mantenimiento de la paz en otras regiones.
Por lo demás, si el nuevo vínculo colombiano se da en un escenario en el que la OTAN ha extendido su marco operativo a acciones “fuera de área”, debe tenerse en cuenta que esas acciones sólo comprometen a los miembros plenos de la OTAN. Es decir, Colombia no se convertirá en un Estado que podría franquear la intervención de la OTAN en Suramérica al margen de la voluntad regional. Pero sí podrá recibir cooperación para atender sus necesidades de seguridad en la región.
En cualquier caso, a la luz de la historia del intervencionismo militar de Estados Unidos en América Latina (circunscrito en realidad a Centroamérica y el Caribe) el capítulo “intervencionista” debería quedar aclarado en el acuerdo que negocie Colombia con la OTAN.
Aclarado éste, el nuevo rol económico y de seguridad que desempeñará Colombia en la región será, en el agregado, beneficioso para ésta. En lugar de limitarse a tomar nota, el Perú debe ver en ese desarrollo una oportunidad que deberá explotarse de acuerdo al interés nacional y a la necesidad regional de fortalecerse.
