El gobierno colombiano ha informado sobre la conclusión de un acuerdo sobre participación política de las FARC sujeto a la culminación del resto de la agenda (que incluye los muy complejos asuntos de fin del narcotráfico, desarme y compensación de víctimas).
Este acuerdo, que sigue al primero sobre asuntos agrarios en un lapso extremadamente extenso, no está vigente porque las negociaciones se rigen por el principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, contiene asuntos que deben ser aún aclarados.
En primer lugar, un documento (que ha sido publicado como una Declaración Conjunta) establece que se han logrado garantías para la participación democrática de la oposición y del movimiento que deberá aún desarmarse.
Como es evidente, las FARC no son la oposición en Colombia: en tanto el acuerdo no ha concluido sigue siendo el enemigo. Asumimos que esa materia, por tanto, deberá ser aprobada o por el Congreso o por una consulta popular.
En segundo lugar, el acuerdo sostiene que se han logrado entendimientos sobre participación directa de la población. Hasta donde se sabe, Colombia pertenece al ámbito de las democracias representativas. Cualquier cambio del orden interno debe ser, en consecuencia, también avalado por el Poder Legislativo y/o la ciudadanía.
De otro lado, sobre el apoyo ciudadano al proceso de paz se tiene conocimiento de que éste es mayoritario pero es confuso en relación al acuerdo reciente acuerdo político.
En efecto, de un lado se establece que el apoyo nacional al acuerdo político es superior. Pero del otro, la resistencia a la transformación de las FARC en un partido político es de 61% en las zonas afectadas por la acción de la esa entidad clandestina (El País).
Si bien lo avanzado es sustantivo, la importancia del contenido requiere de mayores precisiones para emitir una opinión en el Perú. Especialmente si, en ese marco, se va a negociar asuntos de carácter transnacional como son los que competen al narcotráfico y al desarme de las FARC cuya presencia fuera de las fronteras de Colombia es conocida.
De momento, saludamos que el proceso de paz, al que hemos respaldado, avance. Pero para aprobar sus contenidos en relación a una organización terrorista que aún aparece en la lista negra de ciertos Estados y que opera eventualmente en territorio peruano ligada al narcotráfico las partes deben ser más precisas sobre la naturaleza de la transformación y participación política de esa organización (que, de momento, no podría ser similar a las establecidas legalmente) y sobre la cancelación radical de su presencia en los países vecinos.
