Una inestabilidad política sin precedentes en los últimos tres cuartos de siglo ha envuelto al Brasil. La crisis generalizada de liderazgo sin el amparo de otra institución creíble que no sea el Poder Judicial (o más bien la fiscalía y la Corte Suprema) se escenifica en medio de un pantano de corrupción que ha corroído el tejido social de la potencia suramericana y que absorbe al conjunto de su clase política.
Sin marco legal para elecciones directas (que buena parte de la población reclama frente a la perversa decadencia de sus dirigencias, partidos y gremios), sin la alternativa del golpe de Estado (que nadie desea ni la Fuerza Armada está en capacidad de realizar) y con la única salida electoral en el ámbito de un Congreso extraordinariamente desprestigiado (alrededor del 60% el Senado y de la Cámara de Diputados ha sido investigado, acusado o condenado según Trasparencia –Gestión-), la Jefatura del Estado brasileño ha retornado al purgatorio que precedió al infierno de la destitución de Dilma Rousseff.
Imputado por testimonios y grabaciones proporcionados por un corrupto multimillonario, el presidente Temer está siendo investigado también por corrupción (aval de pago de sobornos) y obstrucción de la justicia (el caso Lava Jato). Ello ha llevado a la oposición a gestionar su destitución y a Temer a impugnar las pruebas (las grabaciones habrían sido varias veces manipuladas).
Bajo estas condiciones, que hacen casi imposible su gobierno, el presidente se niega a dimitir aduciendo que ello sería una aceptación de culpabilidad. El asunto se ha vuelto también personal.
Y aunque Temer estuviera en disposición de dejar el cargo, la falta de legitimidad del Poder Legislativo para elegir al presidente de la Cámara de Diputados o, en su defecto, al presidente del Senado para llevar a cabo una transición limpia podría forzar la Constitución brasileña para que el cargo recaiga en el presidente del Supremo Tribunal Federal. La convocatoria a elecciones por vacancia del cargo sólo cabe una vez agotada la línea sucesoria.
Aunque ello no ocurra y el presidente Temer sobreviva, su capacidad de gestión se habrá reducido como cabeza de jíbaro: su coalición ya ha sido abandonada por el PSB (un partido menor), el PSDB duda seriamente de mantenerse en ella (Fernando Henrique Cardoso, su dirigente histórico, se ha expresado a favor de la renuncia de Temer) y hasta su propio partido (el PMDB) presenta divisiones al respecto.
Si la fragilidad califica a su alianza política, ésta es aún es más extrema en términos de apoyo popular. Sólo 10% de los consultados por la Confederación Nacional de Industrial apoyan a Temer mientras que ese gremio concentra su preocupación en el sostenimiento de las reformas estructurales realizadas para otorgar viabilidad a una economía que, antes de la nueva crisis política, emergía de la recesión.
En efecto, en el primer trimestre Brasil creció 1.12% interanual (aunque el 0.44% de marzo indica la fragilidad de la tendencia) luego de haberse contraído -3.8% y -3.6% en 2015 y 2016, respectivamente (FMI). Pero a ese repunte se llegó con el desempleo subiendo a 13.7% (IBIGE) y con una inflación de apenas 0.95% (4.57% interanual según el Banco Central). Ello indica lo que la caída del consumo de las familias no ha mejorado (el BBVA espera este año un crecimiento de apenas 0.9% en este rubro).
Si el repunte económico no se sustentaba en apoyo popular antes de la crisis y éste se amparaba en las reformas (la decisión de no gastar más en 20 años salvo para compensar la inflación; la reforma laboral que flexibiliza el mercado y, de momento, incrementa el desempleo; y la reforma de las pensiones que buscar sustentar mejor el beneficio que hoy compromete el 60% del gasto), su profundización y existencia quedan hoy comprometidas.
En medio de protestas y huelgas, éste es el pilar que la Confederación Nacional de Industrias busca proteger. La incertidumbre y la crisis de confianza impiden hoy apostar a que las demandas de la CNI tengan éxito al tiempo que queda comprometida la gobernabilidad y la eliminación de distorsiones de la economía que son las anclas que el FMI esperaba ver fortalecidas en el mercado brasileño.
Para muchos éste es un problema nacional que, por el bajo nivel de integración e interdependencia en la región, no debiera afectar a los vecinos. Estos observadores deberían ilustrarse mejor. Si no desea considerar la dimensión global de la crisis monetaria brasileña de 1999 o, más cercanamente, el gran impacto de desestabilización regional generado por las prácticas corruptas de empresas brasileñas en buena parte de Suramérica (igualmente proclive a la corrupción), no se puede dejar de tener presente el impacto en el área causado por la caída de 8.8% en el índice Bovespa el día en que se dio cuenta de las grabaciones comprometedoras del presidente Temer.
En esa oportunidad el Mercado de Valores de Buenos Aires cayó 4.2%, el IPC de México bajó 2%, el índice referencial de la Bolsa de Valores de Lima se contrajo en 2.03% y la Bolsa de Santiago retrocedió 1.55% (Reuters). La sensibilidad bursátil en el área expuesta por la crisis brasileña política ya no es marginal.
Por lo demás, aunque la integración comercial suramericana sea menor, el 15% de las exportaciones argentinas que se colocan en el mercado brasileño son vulnerables a la crisis. Como lo son también las colocaciones uruguayas y paraguayas que tienen en el Brasil un mercado principal. La proyección de la perfomance argentina de este año (2.2%) luego de remontar con gran esfuerzo una contracción de -2.2% el año pasado puede verse afectada (especialmente en los mercados industriales, buena parte de cuyos bienes se exportan al Brasil).
Si el “problema Temer” no es meramente brasileño los países de la región deben poder discutir –y quizás adoptar- medidas preventivas al respecto.
