Si en su discurso de toma de posesión la Presidenta del Brasil reiteró que la continuidad definirá sus cuatro años de gobierno y el avance en esa ruta determinará los términos de su progreso, los elementos de cambio implícitos en la peculiaridad de su liderazgo y en las complejidades de su gobierno no pueden minimizarse. Como tampoco deben serlo los términos de la política exterior anunciada por el Canciller Antonio Patriota en un lenguaje tan tradicional como el viejo Rolls Royce que condujo a la Presidenta a Planalto.
Es verdad que, más allá de la influencia de los imponderables en un contexto internacional de cambios, la intención de generar transparencia y estabilidad surgió diáfana en la asunción del mando de la Presidenta Rousseff. Pero la intención, sin embargo, puede ser superada por las contradicciones implícitas en su propuesta y por la compleja realidad con la que tendrá lidiar.
Y ésta empieza con el pasado. En efecto, la base de continuidad referida por “Dilma” no incluyó a la gestión del ex -Presidente Cardoso que construyó los cimientos sobre los que gobernó el ex -Presidente Lula. Tal cercenamiento de la historia reciente no fue bueno para una Jefa de Estado que expresó su deseo de gobernar “para todos los brasileños”. La minoría opositora probablemente no se habrá sentido adecuadamente incluida.
Comprometida de tal manera con la gestión de Lula sin haber heredado sus poderes (87% de aprobación tras 8 años de gobierno mientras que ella fue electa en segunda vuelta con 56% de los votos) ni sus habilidades (las que provienen del sindicalismo y del carisma), no implicaba la negación a tender la mano a la oposición. No hacerlo no costó mucho pero tampoco pareció sensato. Y menos cuando el despejado escenario que hereda (resumido internamente en un Congreso de mayoría oficialista en ambas cámaras) no estará exento de escollos que deben ser eliminados o reducidos: cierta contracción global, inflación de 5.6%, un gasto público que debe ser vigilado como las altas tasas de interés de más de 10% (que eventualmente deberá aumentar) y exceso de expectativas. A ello debe añadirse el hecho de que la mayoría parlamentaria (alrededor de diez partidos) puede ser más frágil de lo que quisiera el Partido de los Trabajadores.
Por lo demás, esta continuidad de reducido pasado temporal ha sido innovada de partida por la incorporación de cuestiones de “género” en el gobierno. Si 16 de 37 ministros del nuevo gabinete fueron ministros del gobierno de Lula, no menos de nueve adicionales serán mujeres. El cambio pude empezar a medirse por esta conformación, especialmente si una tercera parte del mismo es inducido por cuestiones de reivindicación femenina. Ello, a su vez, implica una nueva evolución: la “acción afirmativa” que se identifica de esta manera redoblada con el gobierno de los débiles no parece demasiado afín al gobierno de los mejores.
Esta opción de gobernabilidad debe evaluarse, sin embargo, en el escenario de la percepción predominante (la conciencia de que Brasil atraviesa “el mejor período de su vida nacional” con grandes ganancias de soberanía externa) y de una convicción aparente (la certeza de que Brasil puede acceder al status de país desarrollado conformado por clases medias al tiempo que erradica la pobreza extrema). Esta convicción, que parece superior a una mera aspiración, es ciertamente un instrumento de cohesión gubernamental y nacional que se intentará materializar mediante el empleo de un par de instrumentos principales.
El primero (el político) se ha planteado menos como una herramienta expedita que como una reforma institucional de objetivos bien complejos: restaurar valores e inducir en los partidos políticos “un sentido pragmático”. Lo primero implica acabar con la corrupción (ciertamente una tarea de gran aliento y de ninguna manera continuista) y lo segundo supone reducir el rol de las ideologías (objetivo harto complicado por la conformación de un Congreso multipartidista aferrado a viejas prácticas y por un contexto internacional en el que la redefinición del rol del Estado y del mercado marca el cambio de era).
El segundo instrumento (el económico) parece más claro pero, por contradictorio con el discurso, es también innovador antes que continuista. De un lado la Presidenta Rousseff ha enfatizado su fuerte convicción antiinflacionaria (al punto de pretender la transformación de la cultura brasileña al respecto), ha expresado su disposición a eliminar de obstáculos la actividad económica (lo que implicará reformas de mercado internas y externas) y ha comprometido su voluntad de arraigar en el Brasil el espíritu emprendedor (una alusión directa al compromiso del individuo y un alejamiento del rol paternalista del Estado).
De otro lado, la nueva Jefa de Estado ha reivindicado la valoración de la fuerza de la industria nacional orientada a la exportación (una versión contemporánea de la sustitución de importaciones), así como el apoyo estatal a la pequeña y mediana empresa y al Programa de Aceleración del Crecimiento (el compromiso multibillonario del Estado para invertir en infraestructura y energía 560 mil millones de reales –alrededor de US$ 330 mil millones- en cuatro años que se aumentarán en un segunda etapa). A la luz de los montos empeñados, el equilibrio entre las políticas de mercado y el gasto público será difícil de establecer. En todo caso, la continuidad de propósitos implica acá innovación en el control de las cuentas públicas.
Sobre estas bases se desarrollará una política exterior definida en términos clásicos (un enunciado de principios convencionales) e indiscriminados (profundización de relaciones en general) por la Presidenta y desagregada, en términos también convencionales, por el Canciller Antonio Patriota. Pero aquí el clasicismo tiene poco de conservador.
En efecto, enunciada con el lenguaje diplomático de un profesional formado esencialmente en el multilateralismo (aunque su última misión fue la Embajada brasileña en Estados Unidos), la política exterior brasileña se propone como fuertemente revisionista.
Así, recurriendo al cobijo institucional de Itamaraty, el Canciller Patriota propuso una proyección externa asumiendo la disminución de la vulnerabilidad brasileña (un hecho real que no debiera sobrevalorarse en un contexto de cambios sistémicos), promoviendo un modelo de desarrollos más inclusivo (en oposición quizás a los propuestos anteriormente por los organismos multilaterales) y recurriendo a la autoridad ganada por el Brasil para participar en todos los debates relevantes (una forma de referirse al ejercicio de la creciente influencia brasileña en la redefinición de la institucionalidad global -empezando por al ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU-, en la solución de conflictos extraregionales –como los del Medio Oriente en los que Brasil ya ha innovado fuertemente- o en el combate del proteccionismo –recurriendo a un amplio espectro que pueden ir desde el uso medidas antidumping y el control del ingreso excesivo de capitales hasta la difícil negociación de la ronda Doha-).
En relación al protagonismo multilateral brasileño, la propuesta es la de impedir la organización de círculos excluyentes (una alusión a las élites que conforman potencias desarrolladas pero que no explica la exclusión que opera entre los propios países en desarrollo) y la de asumir la representación de parte de estos últimos (un rol que el Brasil ha evitado hasta ahora y que hoy, en apariencia, quiere aunque su desempeño en el G20 no haya sido demasiado ilustrativo al respecto: que se sepa, países como el Perú no han sido consultados sobre las coordinaciones ese grupo).
Y si bien el Brasil se propone consolidar a Suramérica como la base de su influencia global y de la formación de un sistema multipolar (un factor tradicional de la política exterior brasileña desde 1991 por lo menos), la iniciativa sigue partiendo del Cono Sur. Así el MERCOSUR seguirá siendo el factor dinamizador mientras que la relación con la Argentina será el factor estratégico fundamental. En esto no hay nada nuevo, salvo la importancia implícitamente secundaria otorgada al resto de los países del área. En efecto, con estos países Brasil establecerá relaciones bien específicas y no calificadas. Ello ya viene ocurriendo nominalmente aunque el gobierno del Presidente Lula trató con privilegio ideológico la relación con Venezuela y Bolivia. Si en la formulación del Canciller Patriota no hay trazos de esa inclinación ideológica sí hay con los vecinos un grado de desagregación superior que pudiera semejar el privilegio de la relación intersectorial antes que la de la complejidad interestatal. Ello pone en cuestión algunas aproximaciones suramericanas al Brasil (p.e. la “asociación estratégica” del Perú que ha deseado hacer de la relación con esa potencia la matriz del vínculo con el resto de la región). En ello también se asume que no habrá convergencia entre grupos equivalentes (CAN-Mercosur, por ejemplo) lo que es un dato de la realidad que el Brasil aparentemente ya ha capitalizado. Sobre esa base, que anuncia menos implícitamente el predominio brasileño, el Canciller Patriota piensa en un espacio regional que el Unasur debe organizar sin preocupación por el complemento hemisférico. Sobre este asunto debe decirse, sin embargo, que la disposición a profundizar la relación con Estados Unidos (y con la Unión Europea) ha sido claramente expresada empezando por la cooperación de seguridad (el combate al narcotráfico) y la cooperación energética. Si hubiera en ello reiteración del concepto de “nuevo Occidente” (algo que falta definir), éste parece diluido por una vuelta aparente al pasado que la realidad contemporánea facilita: el privilegio de la relación con los países del “sur” (justificada además por la percepción de que la relación “norte-sur” se resiste a desaparecer).
Si ello incluye al África en términos de una relación primordial y al Asia como necesidad, también incorpora nuevos foros que, sin embargo, evocan nuevas jerarquías de poder: los BRIC y especialmente el IBSA (India, Brasil y Sudáfrica) que implica a las grandes potencias emergentes democráticas.
Sobre esta base de influencia con objetivos que expresan continuidad pero que procuran no poca dosis de cambio, el Brasil se prepara para ejercer su rol global. Ella se expresa en términos de integración y, aparentemente, en menor incidencia ideológica. Pero también en término de una brecha de capacidades y de proyección de intereses.
Reducir esa brecha depende de cada Estado suramericano y converger en torno a intereses depende no sólo de la complementariedad sino del manejo de la asimetría correspondiente. El esfuerzo que se haga al respecto (esperamos que desmarcado de ideología bolivarianista) tendrá que tener en cuenta que Brasil está alterando la estructura del sistema internacional mientras el resto de Estados regionales buscan apenas una mejor inserción en el mismo. Ello implica que quien se integrará a un sistema multipolar podrá ser el Brasil, pero no el resto de los Estados suramericanos ni mucho menos la región que es sólo un espacio geopolítico. Si se tiene esto en cuenta trabajar con Brasil será más beneficioso y la cooperación e integración consecuentes más realista. Ello obliga, sin embargo, a no desatender nuestros intereses hemisféricos y marítimos que son de distinta naturaleza, ámbito e intensidad.
