Brasil viene mostrando cambios cualitativos en su política exterior orientados a reposicionarse en el sistema internacional como una potencia intermedia de alcance global y a ser reconocida como tal. Ello, sin embargo, ocurre proporcionalmente aún más en el campo de la acción diplomática que en el de la adquisición de capacidades.
Así, en el ámbito multilateral, Brasil se ha incorporado al G-20, un foro que, en teoría, debe reemplazar al G-7 en la coordinación de las políticas de las mayores economías para mejorar la gobernabilidad financiera global; ha coliderado el G-20 comercial (en momentos G-22 o G-19) en el fracasado intento de lograr el éxito de la Ronda Doha a partir de la eliminación de los subsidios de los países desarrollados en el sector agrícola; y se ha embarcado en el intento de modificar la arquitectura financiera del sistema internacional y en la tarea de lograr un sitio permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.
En el ámbito plurilateral Brasil intenta consolidar institucionalmente la instancia de grandes potencias emergentes (los BRIC). Esta instancia, al margen de su organización, es ya un factor de poder constituyente de una nueva jerarquía que alterará la estructura del sistema.
Y, extrapolando el interés que sustenta su rol de contribuyente a la solución pacífica de controversias en Suramérica, Brasil intenta ahora proyectar ese interés al escenario de los principales conflictos regionales (de los que, hasta hace poco, se consideraba retóricamente lejano). Así, procura posicionarse como un mediador verosímil en las sísificas negociaciones palestino-israelíes y ha promovido, con Turquía, un cuestionado acuerdo nuclear con Irán para extraer a esa potencia del ámbito de las sanciones que el Consejo de Seguridad puede intensificar por la persistencia iraní en incurrir en actividades de proliferación nuclear.
Finalmente, en el ámbito bilateral, Brasil ha logrado ser reconocido como privilegiado interlocutor extrarregional (el caso de Estados Unidos –reiterado con la visita del presidente Obama en el 2009 y de la Unión Europea -a pesar de que ese grupo de integración privilegia el trato con bloques de integración como el MERCOSUR-). En consecuencia, ha superado el ámbito regional donde pretendió el logro de una identidad internacional fundada en la integración regional (y que últimamente ha enfatizado, más bien, en el privilegio ideológico de vinculaciones con ciertos Estados conflictivos, como Venezuela).
Y, aunque en el campo militar, Brasil ha avanzado menos que en el diplomático, ha restablecido viejas pretensiones sobre su prevalencia en materia de capacidades militares con la adquisición de US$ 12 mil millones de armamento sofisticado de Francia (que implica transferencia de tecnología, la potenciación de actividades de ensamblaje y la eventual adquisición de un submarino nuclear) en el contexto del desarrollo de su propia industria militar, nuclear y tecnológica (que es superior en la región pero menor al de otras potencias BRIC).
Este conjunto de evoluciones se producen en un escenario internacional en transición y provisto de ineficaz polaridad dominante. El natural desorden sistémico que produce la emergencia brasileña –y la de otras potencias intermedias- impacta, por tanto, en un sistema cuya anarquía creciente es mitigada apenas por la fuerte interdependencia desarrollada en los últimos 30 años.
Como es evidente, esta situación de inestabilidad ofrece posibilidades de reacomodamiento estatal e incrementa la necesidad colectiva de organización regimental de manera directamente proporcional al desorden en evolución. En ese contexto, la comunidad internacional requiere (es un decir) de la potencia emergente cautela por lo menos en ciertos temas como el control de la crisis económica o el de la proliferación nuclear. En consecuencia, esa comunidad aspira (o debiera hacerlo) a que esa potencia emergente complemente sus propios intereses con los comunitarios en esas áreas si aquélla desea mantener su prestigio (que en el caso brasileño se envuelve en una elaborada “vocación pacífica”).
Pero Brasil ha prescindido de esas aparente aspiraciones colectivas en el caso de la negociación brasileño-turca sobre el desarrollo nuclear iraní. Si parecía improbable que esas negociaciones se hubieran realizado con total desconocimiento de parte de los miembros de la comunidad internacional (en este caso, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y de éstos más Alemania -el P5+1- teniendo en cuenta, además, que Turquía es un miembro de la OTAN), el hecho es que los resultados de las mismas invitan a concluir que hubo al menos un grado de falta de transparencia brasileña.
Más aún si la intervención de sus autoridades (al más alto nivel) pareció dirigida menos a garantizar que Irán no desarrollara una capacidad nuclear con fines militares que a “generar confianza” política con Irán con el propósito de impedir que este Estado sea sujeto de nuevas sanciones del Consejo de Seguridad.
El resultado ha sido la generación de mayor desconfianza. En efecto, Brasil sólo “logró” obtener de Irán un compromiso que ya Irán había abandonado el año pasado (el intercambio de 1200 kilos de uranio de bajo enriquecimiento por uranio enriquecido al 20% del que, en lugar de Rusia, se haría cargo Turquía -que, hasta donde se sabe- no tiene capacidades de procesamiento nuclear) en un contexto de mayor desarrollo nuclear iraní y sin garantía alguna de que esa evolución no conduciría a un desarrollo militar.
El acuerdo, por tanto, pareció más una interposición entre el Consejo de Seguridad e Irán en momentos en que el consenso en aquella entidad sobre el peligro nuclear iraní e creciente. El acuerdo, por tanto, ha resultado disfuncional a los propósitos comunitarios y ha generado serias dudas sobre el tipo de relación que Brasil intenta establecer con Irán, sobre su capacidad de intervenir responsablemente en negociaciones cuyo marco colectivo ya ha sido establecido y sobre la influencia que Brasil otorga a Irán en Suramérica a través suyo y del vínculo venezolano y boliviano.
En efecto, la iniciativa brasileña plantea también inquietud en Suramérica por el tipo de alineamiento estratégico que Brasil induce en el área y por un indeseado tipo vinculación de la región con escenarios de conflicto en los que otros Estados tienen intereses distintos (y donde, sin embargo, éstos no tienen aún mayor influencia). A ello se agrega el impacto de la acción brasileña en el incremento de las brechas de poder en la región.
El primer punto genera mayor alejamiento de Estados Unidos y de los Estados liberales del área contribuyendo, por tanto, a la mayor fragmentación hemisférica. El segundo, obliga a los Estados suramericanos que no tienen aún capacidad de influencia en el Medio Oriente ni en el Asia Central a adoptar decisiones para los que no están preparados y que llevarán, por tanto, a alinearse apresuradamente con alguno de los polos hemisféricos o a guardar una inaceptable neutralidad. Y el tercero, desestabiliza núcleos de cohesión regionales (la relación brasileño-argentina, renovada en 1988), organiza otros de cuestionable naturaleza (el brasileño-venezolano) y ensancha la brecha estratégica con los Estado suramericanos del Pacífico.
Aunque la emergencia brasileña es un hecho que corresponde a un interés nacional legítimo, Brasil debe revisar su conducta en tanto ésta causa innecesaria inestabilidad adicional dentro y fuera de la región. Al respecto debe también clarificar su política exterior, especialmente la nuclear. Y si desea innovar estratégicamente el escenario suramericano, bien haría en informar sobre sus acciones cuando éstas tengan la envergadura de la aproximación iraní.
