Sin capacidad para celebrarlo, Bolivia ha transcurrido por su día patrio en medio de un vértigo divisionista que parece no tener otro fin que el colapso. Y mientras el presidente atiza la movilización popular apelando compulsivamente al referéndum, la descomposición del Estado se agrava dramáticamente.
En efecto, luego de que esa fuerza autodestructiva generara fragmentación territorial, ésta corroe la autoridad central al punto de que el presidente no puede asistir a la capital política del país (Sucre) a cumplir con su deber onomástico ni la población le permite recibir provocadoras visitas de sus propios colegas (la frustrada presencia de los presidentes de Venezuela y Argentina en Tarija). Tales son los resultados del gobierno de Morales: cegado por su desmesura “anti-imperialista”, el Estado se quiebra sin que el mesiánico presidente se de cuenta que están echando su escasa soberanía por la borda.
Incapaz de evaluar los costos de este desastre para Bolivia y la región, Morales tampoco da muestras de prevenir el colapso dando algún paso razonable en busca de cohesión. Lejos de ello, del balcón de Palacio Quemado (ya ni siquiera en la sede del Congreso) ha derramado triunfalismo y asegurado que persistirá en profundizar su “revolución en democracia” (una versión indigenista del viejo socialismo) cuando cerca de la mitad de la población se opone a ella.
Tal demostración de fanatismo (la escala más alta de la imprudencia) le impide dar cuenta de la ilegitimidad de este emprendimiento (que es bien distinto al que lo obliga a ejercer el buen gobierno) aunque pueda obtener la mayoría en el referéndum del próximo 10 de agosto. Tal ilegitimidad no es sólo política sino jurídica en tanto Bolivia carece, por iniciativa de Morales, de un marco constitucional adecuado porque el ilegal mecanismo de aprobación de la nueva carta fundamental impide que ésta defina el orden interno como debiera.
En otro contexto histórico, este fue el camino que siguió la experiencia chilena que produjo a Pinochet y el que, quizás, muchos bolivianos ven como alternativa a la confrontación civil mientras una parte de los vecinos regionales expresan su respaldo a Morales y la otra parte se sienta en la OEA a escuchar la tardía preocupación de su Secretario General.
Si un desenlace tan dramático no ha ocurrido es que porque, además del respaldo de la mitad de la población con que cuenta Morales, el golpe de Estado no tiene viabilidad hoy en América, y también porque la economía boliviana está creciendo a tasas que bordean el 4% generando lo que algunos perciben como un período de bonanza. Sin embargo, según los industriales bolivianos (Fernando Quiroga S. en Nueva Crónica 21), buena parte de esa perfomance se debe a los altos precios internacionales de los commodities, a las remesas de bolivianos obligados a emigrar y al incremento del dinero que genera el narcotráfico.
En este escenario no se incluye la inversión privada porque ésta es sencillamente insignificante. En cambio sí se incluye el incremento de la demanda interna a un ritmo en el que la presión inflacionaria supera los dos dígitos a pesar de que la estadística no es del todo fiable. Frente al incremento del gasto público actual y futuro, los beneficios del superávit fiscal se minimizan mientras el incremento de las reservas no resulta una garantía suficiente frente a un shock mayor. Bajo estas circunstancias, el desempleo y el crecimiento no sustentable implícitos en el “nuevo modelo económico nacional” pueden agravar aún más la inestabilidad política que enmarca la precaria economía boliviana.
A ello contribuye la vocación aislacionista de Morales que, en contradicción con predilección por las relaciones públicas, persiste en bloquear la relación de Bolivia con la Unión Europea y los Estados Unidos y en consolidar, en cambio, una alianza con Venezuela que subordina su proyección a los intereses de esa potencia.
Según el ex -Canciller Gustavo Fernández (Nueva Crónica 20) el sustento que el viejo socialismo y el indigenismo aportan a la política exterior boliviana no se expresa tanto en el aporte dinerario de Chávez (menos de un centenar de millones de dólares en apariencia) sino en la tutela efectiva que ejerce Venezuela sobre la conducta externa boliviana. A ello debe agregarse la incidencia, de constatable pero imprecisa profundidad, en ciertas instituciones fundamentales del Estado.
Ello ha llevado a que Bolivia se convierta nuevamente en el Estado tapón que quiso dejar de ser en décadas pasadas y en el pésimo aprovechamiento económico de su potencial agropecuario y de hidrocarburos. La primera característica se ha expresado además en el bloqueo de socios históricos, como el Perú, en negociaciones económicas internacionales y en el deterioro de la relación bilateral correspondiente. La denominada “diplomacia de los pueblos” que Morales ejerce a través de la vía trasnacional ha incrementado considerablemente esa erosión
A esa disfunción ha contribuido el interés chileno de aproximarse a Morales incrementando las expectativas sobre una solución al problema de la mediterraneidad boliviana, la disposición brasileña a no llamar la atención de ese gobernante a pesar del desbalance regional que éste genera y la inapropiada disposición argentina a apoyarlo personalmente (conducta que ha merecido el rechazo de la población de Tarija a la visita de la presidenta Fernández).
Si el referéndum del próximo 10 de agosto ratifica la actual distribución de fuerzas internas en Bolivia, la tendencia a la implosión de ese Estado se incrementará. Para que ello no ocurra se requiere un sustantivo cambio de dirección en la gestión del gobierno boliviano. Los vecinos de ese Estado que deviene rápidamente en inviable deben tomar conciencia de ello y actuar en consecuencia.
