Este domingo el Estado boliviano será conmocionado en Santa Cruz por la realización de un referendum autonómico. Este acto político antes que jurídico es la respuesta que uno los departamentos más pujantes de Bolivia da al divisivo y confrontacional gobierno de Evo Morales. Pese a todos los avisos, ese gobernante ha propiciado esta alternativa que, siendo ilegal, lo es tanto como el quebrantamiento del Estado de Derecho en ese país.
Si bien el referendum está jalonado por reclamos económicos específicos (como la reivindicación fiscal sobre los derechos hidrocarburíferos que el gobierno central ha impuesto sobre el Oriente con fines distributivos) y por demandas políticas sobre cómo conducir un proceso de descentralización que el gobierno de Morales insiste en ideologizar, el acto del domingo representa la convocatoria a un forma de gobierno diametralmente opuesta al que promueve quien, desde hace tres años es cada vez menos Jefe de Estado y cada vez más líder de una facción que alienta el conflicto político en Bolivia.
En este contexto de ilegalidades superpuestas no vamos a apoyar el referéndum pero tampoco vamos a avalar a un gobernante que insiste en buscar la contienda antes que cumplir con su primer deber: mantener la unidad de su Estado bajo condiciones de democracia representativa.
Al respecto se dirá que la preferencia de Morales por la democracia directa y el consistente apoyo del 50% de la ciudadanía lo avala. Pero la sistemática destrucción de las instituciones del Estado boliviano por este sindicalista que ha reemplazado el buen gobierno por la movilización cotidiana de las masas cancela la legitimidad de esa eventual representatividad.
Por lo demás tampoco se puede alegar que Morales haya sido en Bolivia un agente eficaz de la inclusión de sectores antes postergados. Como se puede ver en el resto de la región y el mundo, la apertura política y del mercado ha congregado estratos emergentes que integran nuevas clases medias y atraen crecientemente a las ciudades –y sus servicios- a una población rural que busca alternativas a la pobreza. La emergencia social no es una fenomenología que Morales haya generado pero que sí intenta monopolizar extendiendo sobre ella una paternidad de muy cuestionable cariz ideológico y racial.
Ésta no sólo ha sido sistemáticamente avalada por los países del ALBA (y por Venezuela y Cuba en particular) sino que ha merecido el respaldo militante de Estados que, como Brasil y Argentina, han antepuesto la filiación ideológica a sus obligaciones hemisféricas (destruyendo, en el proceso el mecanismo de protección colectiva de la democracia representativa).
De manera escandalosa ello se ha producido in extremis y por omisión con la aceptación hemisférica del ilegal proceso de aprobación de una nueva Constitución en Bolivia que, al tiempo de marginar a la oposición, patrocina un Estado inviable. Éste desea basarse en la promoción de la desunión en lugar de la sana diversidad favoreciendo una caótica plurinacionalidad, en la aceptación de diferentes jerarquías jurisdiccionales, en la postergación de la propiedad privada y en el privilegio representativo de un estrato antropológico que desea obviar la realidad del mestizaje para favorecer a una determinada “raza” sobre la otra.
De esta receta para el caos no surgirá nada bueno en el corazón de Suramérica. Y mucho menos un Estado de Derecho. Si en ese marco anárquico se llevará a cabo el referendum en Santa Cruz, que será seguido por otros en diferentes departamentos, es evidente que su ilegalidad deriva de otra mayor.
De allí que la ineficiente labor de la OEA aspire ahora apenas a que éste se realice sin violencia. Es decir, la aspiración del organismo hemisférico (y la de otros Estados co -responsables de la situación boliviana) es que el caos generado se administre en paz.
Tal precariedad de propósito luego de promoverlo en la práctica es inaceptable. Los Estados responsables deben procurar contribuir al urgente restablecimiento del Estado de Derecho en Bolivia y a demandárselo de la forma más enérgica y urgente al señor Morales.
