Mientras el gobierno boliviano declara su fervor por la democracia y simultáneamente estimula la agitación callejera, los bolivianos recurren hoy al diálogo en situación de crisis extrema mientras el oficialismo amenaza con el uso de la fuerza.
La posibilidad de que ésta predomine sobre aquélla depende menos de los tardíos mediadores de hoy (altas autoridades de Argentina, Brasil y Colombia) que del autocontrol de la prepotencia autoritaria del gobierno boliviano y de la conducta de las regiones orientales.
La ausencia de ese control ha estimulado el espiral autodestructivo que el Presidente del Senado boliviano, Óscar Ortiz Antelo, explica hoy en el exterior llamando la atención sobre la necesidad de invocar todos los instrumentos de defensa colectiva de la democracia representativa que han suscrito los países americanos.
Sin embargo, probablemente el señor Ortiz Antelo se ha dado cuenta de que la mayoría de los miembros de la OEA, de la Unión de Naciones Suramericanas, del MERCOSUR y de la CAN no desean honrar esos compromisos. No importa que ante ellos se presente el panorama trágico de un Estado al borde de la disolución. Ni que el Presidente del Senado de ese país trate de explicar que la forma de gobierno que el Presidente de Bolivia ejerce consiste en la sistemática desinstitucionalización del Estado con el propósito de procurar un “un gobierno sin Estado y una democracia sin partidos”.
De otro lado, los propios bolivianos tampoco parecen desear mayor asistencia ni practicar demasiado diálogo en este momento de extraordinaria desconfianza. Así mientras la Iglesia se resiste a participar en una mediación porque se resiste a ser manipulada (en lugar de ello opta por una convocatoria de los prefectos), miembros de la oposición desconfían de los buenos oficios externos. Al fin y al cabo ellos han comprobado el parcial y tardío rol de la Secretaría General de la OEA y la filiación de representantes de los gobiernos del Brasil (el caso del principal asesor presidencial, el señor Marco Aurelio García) y de Argentina (el caso de los dos presidentes Kirchner) con el señor Evo Morales.
Por lo demás, Morales no tiene la disposición necesaria para esa gestión. En efecto, mientras admite la participación de “países amigos” sigue empleando, como desde el principio, los instrumentos que le otorga la comunidad internacional para denostar a la oposición y vincularla al “imperio” (al cual solicita, no obstante, facilidades de acceso a los mercados).
Peor aún, mientras tolera esa gestión externa, Morales sigue apelando a las masas para impedir el reiterativo referéndum autonómico que convocará Santa Cruz en mayo y los que seguirán en Tarija, Pando y Beni en junio. Si es claro que esos referendums no se enmarcan en la ley, también lo es la quiebra del Estado de Derecho en Bolivia por la acción oficialista.
Para quien quiera verlo, allí está, entre otros abusos, la aprobación ilegal de una inviable Constitución al amparo de la presión violenta de las masas. Este viejo modus operandi oficialista ha sido reiterado durante la “aprobación” de otro referéndum gubernamental por el Congreso convocado también sin la oposición. Ésta, luego de ser invitada a otro “diálogo” con el gobierno, fue impedida de retornar al Legislativo por la “fuerza popular”.
De esa “presión” no están ausentes bandas paramilitares armadas, como los Ponchos Rojos, que Morales autorizó a desfilar junto con las Fuerzas Armadas.
Bajo estas circunstancias es necesario ampliar la mediación de Argentina, Brasil y Colombia a otros Estados regionales o que organizaciones como la Unión Europea demanden a Morales poner coto a sus desmanes y a la oposición a abstenerse de acciones que agraven la fractura del Estado. El Perú debe contribuir a que una de estas opciones tenga éxito.
