Siria acaba de ser escenario de un nuevo ataque con armas químicas. Es éste un segundo llamado de atención a la comunidad internacional para procurar la terminación de una guerra civil que tiene gran participación externa, carece de solución militar inmediata y en la que proliferan imputaciones no aclaradas sobre el uso de esas armas sin que se haya establecido siquiera la naturaleza de los químicos usados.
La responsabilidad sobre la identificación y la punición de los responsables es universal porque está vigente la Convención sobre Prohibición de Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Uso de Armas Químicas adoptada por la Conferencia de Desarme de Ginebra de 1992 y puesto en vigencia en 1997. A ella se sumó el establecimiento de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas con propósitos operativos.
Las acciones necesarias para impedir el uso de esas armas corresponden, salvo en el caso de la legítima defensa, al Consejo de Seguridad de la ONU y no a una gran potencia en particular (la mayoría de las cuales tienen armas químicas).
Siria tiene armas químicas. Si esa potencia hizo uso de ellas cuando el momento de la guerra civil ha cambiado a su favor es asunto a dilucidar por la misión que la ONU ha enviado al lugar (cuyo mandato es determinar si hubo uso de armas químicas y no quién las usó). Siria tiene la obligación de prestar todas las facilidades a esa misión para que cumpla plenamente con su encargo. Luego deben determinarse las responsabilidades y las metodologías de uso teniendo en cuenta que la fabricación de armas químicas no es asunto demasiado sofisticado hoy día. Sobre la base de ese informe, el Consejo de Seguridad debe obrar. La responsabilidad de proteger a la población siria corresponde a esta entidad y no a una potencia en particular que, sin embargo, debe liderar los esfuerzos complementarios para parar la guerra y castigar al responsable. En este punto no es posible mirar a otro lado.
