El ataque terrorista en Bombay ha mostrado bastante más que la persistente disposición del terrorismo islámico al crimen masivo. Al atacar un centro de modernidad asiático, sustentado en el sector servicios y, especialmente, en el financiero, ha golpeado al sistema capitalista en momentos de extraordinaria vulnerabilidad: uno de sus principales objetivos ha sido agudizar la crisis financiera global.
Y siendo India una de las potencias emergentes que contribuyen fuertemente al crecimiento mundial su rol, en épocas de recesión, es aún más importante. Es evidente que ese ataque ha estado dirigido a disminuir esa capacidad al intentar la parálisis de uno de los escasos motores económicos que compensan la contracción de las economías de los países desarrollados.
De otro lado, al tanto del frágil equilibrio alcanzado entre Pakistán e India, el terrorismo islámico ha deseado promover un conflicto regional con fuerte capacidad de desestabilización global a la luz de las fricciones que caracteriza la relación entre ambas potencias cuya capacidad nuclear es reconocida.
Ello ocurre, por lo demás, en momentos en que la posibilidad de reacción coordinada de la comunidad internacional ha disminuido momentáneamente tanto por el impacto de la crisis económica como por el extenso proceso de sucesión democrática en la primera potencia mundial.
Si, en consecuencia, como en el 2001, estamos frente a una agresión terrorista de dimensión sistémica, los miembros de la comunidad internacional están en la obligación de activar la seguridad colectiva contra esta amenaza letal y relanzar, también en dimensión sistémica, la ofensiva antiterrorista en las escalas nacional, regional y global.
En América Latina, ello implica fortalecer los esfuerzos nacionales en la lucha contra el narcoterrorismo que tienen a Colombia, México y Perú como escenarios más visibles. Ello implica mejorar el apoyo logístico y económico norteamericano y europeo y el soporte interinstitucional que los países del área comprometidos con esta lucha puedan aportar.
En el caso mexicano, la cooperación con el esfuerzo de ese gobierno parece más urgente por la dimensión amplia y trágica del combate. Por tanto, los esfuerzos de interdicción suramericanos para cortar las vías de acceso de los narcoterroristas mexicanos a sus fuentes de aprovisionamiento andinas debiera ser una prioridad principalísima.
En el caso colombiano, es necesario aprovechar la nueva predisposición del gobierno del Presidente Uribe a recibir asistencia de sus vecinos. Esta disposición no ha sido antes planteada con la claridad con la que ahora se reclama. Con anterioridad se temía la presión excesiva sobre el territorio colombiano.
Hoy esa presión tiene otras dimensiones y se muestran en las políticas exteriores de Venezuela y Ecuador. En tanto el primero libra una batalla “antiimperialista” (y acumula capacidad de poder material al respecto), probablemente considera a Colombia como uno de los escenarios donde ese combate debe plantearse. Su cooperación, por tanto, es francamente dudosa.
A esa incertidumbre se suma la que plantea el gobierno del Ecuador como consecuencia de su afectación por el desborde del conflicto colombiano. Privilegiando la defensa de su soberanía territorial entendida en términos restrictivos, Ecuador deniega a Colombia la posibilidad de sellar la frontera común eliminando a las fuerzas terroristas que allí se encuentran (el caso Reyes). Si, en principio, Ecuador tiene aquí sólo parte de la razón (su cooperación debió ser explícita y oportunamente solicitada en el caso mencionado), no debiera abstenerse de cooperar con las fuerzas colombianas para extirpar a fuerzas narcoterroristas que Ecuador, de otro lado, no desea calificar de tales.
Y en el caso peruano, es necesario incrementar la lucha nacional contra la peligrosa versión narcoterrorista sustentada en la remanencia de las fuerzas de Sendero Luminoso. En consecuencia, resulta fundamental acabar con ellas en el VRAE y en el Alto Huallaga y librar al centro del país de esa presencia nefasta.
Para ello necesitamos un mayor esfuerzo militar y económico. Lo que ciertamente no necesitamos es un irracional fricción con Chile alimentada por agentes públicos con escasa comprensión de los más urgentes problemas de seguridad en el área. Menos aún cuando esa fricción puede tener efectos económicos debilitantes que reforzará el impacto del ataque terrorista en el Asia.
