En la perspectiva del lugar común, es evidente que para la gran mayoría de latinoamericanos una asociación con la Unión Europea debiera ser “natural”. Igual percepción tienen, aunque en un marco de jerarquías bastante desagregadas, los funcionarios ligados a las instituciones europeas.
En una perspectiva menos declamatoria, es más difícil afirmar que latinoamericanos y europeos comparten principios y valores comunes. Aunque eso es lo que deseamos muchos, la realidad establece que el consenso liberal sobre democracia, derechos humanos y libre mercado, luego de un período de afianzamiento aparente, se ha disuelto en una fragmentación que polariza a la región.
Tal fragmentación es compleja e intensa y, por tanto, menos clara de lo que parece. Su gravedad va acompañada por factores emergentes de poder que, como en los casos de Venezuela y Bolivia, están más cerca del siglo XIX que del siglo XXI.
En consecuencia, a la vieja discusión sobre si América Latina es o no una región más o menos cohesionada se añade hoy, nuevamente, la fractura de su involución ideológica. Para algunos de sus miembros, esa involución tiene una dimensión antioccidental, hecho que el resto, siendo mayoría, no desea confrontar.
En consecuencia, para que la V Cumbre ALC-UE tenga algún éxito, la Unión Europea que, a diferencia de América Latina, sí es una comunidad (a pesar de sus diferencias internas), debe proceder a reconocer esta realidad objetiva.
Por lo demás, la UE y sus interlocutores latinoamericanos deben definir, con seriedad interestatal y no sólo burocrática, qué contenido desean darle a la “asociación estratégica” en formación. Aquélla tendría más sentido si, por ejemplo, articula mejor a ambas regiones en el marco de Occidente y si contribuye a potenciar a América Latina frente al Asia.
Ello, sin embargo, no se logrará con un enfoque meramente idealista y funcional cuya agenda está repleta de temas globales que, o se yuxtaponen con los que se negocian en otros foros (el caso de la lucha contra la pobreza y a favor del medio ambiente) o siguen meticulosamente una secuencia burocrática (la sucesión de cumbres desde 1999) cuyo contenido desentona con la realidad política y crecientemente inestable de la región y del mundo.
Más aún, si esa asociación llegara a definirse adecuadamente, ésta debiera poder concretarse en instrumentos de mutuo beneficio político y económico que muestren la voluntad de ambas partes de participar como superior a la decisión de implementar una nueva forma de asistencialismo europeo implícito en los nuevos enfoques de cooperación.
Sobre lo primero poco es lo que se ha discutido (el “diálogo político” desea, en apariencia, concentrarse, en ciertos problemas globales). Y aunque sobre lo segundo se ha avanzado con el lanzamiento de negociaciones de acuerdos de libre comercio con diferentes subregiones, éstos encuentran dificultades derivadas, en no pocos casos de externalidades que desmerecen el interés mutuo en concretarlos.
En efecto, la negociación entre le UE y el MERCOSUR sigue paralizada por su total dependencia de una negociación multilateral mayor: Doha. El vínculo entre el cuestionamiento conosureño de los subsidios agrícolas europeos y la exigencia de éstos de un mayor acceso a los mercados es un círculo vicioso que no se resolverá mientras las negociaciones comerciales multilaterales no culminen (y ello parece, de momento, improbable bajo las actuales circunstancias electorales en Estados Unidos).
A ello se agrega la falta de progreso de la negociación entre la Unión Europea y Centroamérica por la interpretación extensa que realiza la UE de los compromisos de liberación de “sustancialmente todo el comercio” de la OMC llevándolo al 90% del universo arancelario. Que se sepa, el consenso anterior giraba en torno al 80%. De otro lado, Centroamérica bien podría merecer de la UE la aplicación más estricta del tratamiento diferencial. Sin embargo los europeo llevan razón cuando recuerdan que si Centroamérica ya negoció una acuerdo de libre comercio con Estados Unidos de amplio acceso, no tiene sentido que no se proceda de igual forma con la contraparte transatlántica.
En cuanto a la CAN, la exigencia europea de circunscribir su mandato al acuerdo andino de integración original puede estar sacrificando la disposición de apertura de Perú y Colombia a una definición burocrática de integración que obliga a no avanzar mientras Bolivia y Ecuador no lo dispongan. Este absurdo favorece a Bolivia y Ecuador que tienen o procuran modelos económicos más cerrados que abiertos (y que, por tanto, son menos proclives a la integración de mercados) y perjudica a Perú y Colombia.
Por lo demás, la UE no parece percibir el componente estratégico que para Perú y Colombia tienen esos acuerdos en tanto vínculos efectivos con Occidente (como lo son los acuerdos con Estados Unidos) que, especialmente la Bolivia de Evo Morales, desprecia.
Si el Perú desea progresar en la vinculación con la Unión Europea, es indispensable que se esmere en persuadir a esa contraparte de la conveniencia de circunscribir el ámbito de Estados latinoamericanos con valores compartidos a los que efectivamente intentan practicarlos, que se apreste a redefinir de manera más realista el contenido de la “alianza estratégica” y que dé muestra más ejecutiva de su interés apurando la negociación de los acuerdos de libre comercios comentados.
A ese empeño podrá contribuir, además, un fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los Estados europeos hoy algo disminuida.
