El proceso de liberalización económica de la última parte del siglo pasado requirió algo más que apertura y (excesiva) desregulación de mercados. En los países en desarrollo cuyas crisis estuvieron signadas por serios desbalances fiscales y financieros una conjunción de políticas de ajuste fiscal, de flexibilidad cambiaria y renegociación de la deuda fue la norma impulsada por el Fondo Monetario y el Banco Mundial.
El contexto para la implementación de uno de esos instrumentos -la flexibildad cambiaria- tuvo antecedentes sistémicos. Éstos se desarrollaron a partir de la crisis de Bretton Woods que, en 1971, dejó de lado la fijación del cambio derivado de la convertibilidad del dólar en relación al oro.
A esta evolución, producto de una crisis mayor, siguieron políticas de tipo de cambio administrado en el ámbito del G7 (los acuerdos del Plaza y Louvre en 1985 y 1987) y de la Comunidad Europea (el Sistema Monetario Europeo de 1979 de fluctuaciones limitadas) orientadas a la estabilización cambiaria.
Estas políticas fueron el anticipo de la evolución, más o menos general, hacia políticas de tipo de cambio flotante complementadas con mayor disciplina fiscal generalmente en países en desarrollo (el caso de muchos de los latinoamericanos).
Esa tendencia cambiaria y fiscal se alteró cuando el Tratado de Maatsricht de 1992 (precedido por el Acta Única Europea de 1986) sentó las bases en el Viejo Continente de una unión monetaria que se materializaría con la fijación del tipo de cambio entre los once países miembros de la zona del euro como tercer y último paso previo a la puesta en circulación de la moneda europea en el 2002. El Tratado de Maastricht, que estableció los criterios de disciplina fiscal y convergencia (déficits máximos de 3%, deuda de no más del 60% del PBI e inflación baja -no superior al 1.5%-) como prerrequisito para el abandono de las políticas monetarias de los miembros de la eurozona superó así la etapa de establecimiento del ente precursor del Banco Central Europeo –el Instituto Monetario Europeo- en 1994 y la del desmantelamiento de las barreras a la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales en 1989.
Sin embargo, la urgencia instigada por razones geopolíticas y geoeconómicas (la reunificación alemana) y el exitismo del momento derivado del progreso integracionista impulsado por la élite tecnocrática de Bruselas, postergó ciertas salvaguardas imprescindibles para la adecuada fundamentación de la una unión monetaria: el establecimiento de eficaces instituciones de supervigilancia que fueran más allá del compromiso del Banco Central Europeo para controlar la inflación.
Es más, como complemento de este vacío ni el Consejo ni la Comisión Europeos establecieron, o sugirieron, la necesidad de mecanismos para el retiro ordenado de países que incumplieran con los criterios de la unión o que se vieran forzados a ello por un shock de largo plazo.
Como consecuencia de ese punto ciego en la prospectiva europea, quizás los miembros del sistema asumieron que, si bien éste no era invulnerable, sí era imperecedero. Esta percepción indujo a la postergación generalizada (incluyendo la de Alemania) de la disciplina básica de la unión en un contexto de abundante liquidez y crédito.
La patología macroeconómica fue entonces universal en la eurozona (el caso de los déficits y sobrendeudamiento griego obviamente no es el único en Europa) y la microeconómica también (la irresponsabilidad de la gran banca europea alimentó un consumo desbordado siguiendo, grosso modo, los patrones generales de la gran crisis norteamericana de 2007-2008 y de los antecedentes latinoamericanos de 1980 más allá de las especificidades de cada fenómeno).
Este calamitoso escenario ciertamente requería de disciplina fiscal. Pero ciertamente no de una que ahogara las posibilidades de una recuperación razonable especialmente en las economías más afectadas. Y claramente no necesitaba un ajuste que atara a estos países a la piedra de molino que implica no contar con una política monetaria que ayude a superar la crisis mediante mayores exportaciones y ganancias de competitividad.
El primer exceso ha sido matizado nominalmente por el Consejo Europeo que se ha comprometido con objetivos de crecimiento y empleo que complementen la disciplina que impone el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Monetaria y Económica. Más allá de la confianza que inicialmente pueda generar este acuerdo (denominado también “fiscal compact”) y del compromiso de supervigilancia y coerción contra los que incumplan las reglas básicas (presupuestos balanceados obligados por normas constitucionales, déficits fiscales de 0.5% máximo –salvo excepciones autorizadas- incremento del déficit hasta 1% sólo cuando la relación deuda externa/PBI no supere el 60%, correcciones automáticas cuando los miembros del sistema se desvíen de estos objetivos y coordinación y supervigilancia monetaria incrementada incluyendo medidas punitivas), el hecho es que poco dice el Tratado sobre políticas de crecimiento efectivas que no sean buenos deseos.
Y en relación al retiro ordenado, temporal o definitivo, de un Estado cuya economía no soporte el rigor de la nueva disciplina, ni el Consejo ni el Tratado dicen algo sino que niegan, implícitamente, esa alternativa. La unión monetaria europea se ha vuelto, por tanto, no sólo más rígida sino que incrementa los costos de una flexibilidad que parece vital para países que, como Grecia, requieren complementar su extraordinario ajuste con una política monetaria y cambiaria acorde con la extrema gravedad de su situación.
Acá la Unión Europea se ha topado con un muro jurídico (no existen normas para tales efectos), otro económico (los beneficios estimados del ajuste se impusieron sobre la evidencia del costo para Grecia que ya implica una pérdida de alrededor de 16% del PBI -6.8% sólo en el 2011 según el IIF- mientras que el desempleo llegaba el año pasado a 20.9%), otro institucional (la retirada de un país se equiparó, quizás excesivamente, a la quiebra del sistema monetario), otro político (la salida de Grecia mostraría al mundo ya no la obvia insuficiencia de la unión monetaria europea sino la falta de voluntad política de una agrupación que es –o era- el modelo de integración más exitoso) y otro geopolítico (la Unión Europea perdería su indefinida aspiración a un status superior en el sistema internacional y su influencia en el conflictivo entorno inmediato).
Es claro que un país que tiene un déficit fiscal de casi 16% del PBI, un déficit de cuenta corriente de -15%, un riesgo país (spread en relación al rendimiento de los bonos alemanes) de cerca de 16 puntos en el 2011 y una deuda externa de 150% del PBI necesita un esfuerzo extraordinario de disciplina económica. Pero quizás no una que, a costa de desempleo y de crecimiento sólo reduzca la deuda a 120% del PBI……en el 2020. Esa economía necesita perspectivas de crecimiento provenientes de su propio esfuerzo que un tipo de cambio flexible –y quizás no el euro- puede proveer y que debería ser complementado con ajustes que no arriesguen lo que queda de la cohesión social, con asistencia externa cuya solidaridad sea compatible con el compromiso de retorno a la unión monetaria y con inversión extranjera que quizás deba contra con garantías públicas de carácter multilateral.
Por lo demás, la disciplina del nuevo Pacto de Estabilidad per se no sólo no asegura hoy progreso sino que tampoco funcionamiento: España acaba de atenuar unilateralmente su compromiso de reducción del déficit para este año de 4.4% a 5.8% del PBI. Y la Comisión Europea ha aceptado la demanda de ese país que tendrá 24.3% de desempleo este año y 46% de desempleo juvenil. Si ello muestra el umbral de resistencia de una economía grande en Europa, también indica que el ajuste europeo, tal como está, puede no funcionar. Si ello ocurre, su impacto en la economía mundial será mayor.
