El núcleo del autoritarismo suramericano y el gobierno de la potencia regional que contribuyó a cambiar el consenso liberal en el área acaban de ser embestidos por sendas crisis de sobrevivencia.
Siendo ambas de carácter multidimensional, la crisis venezolana compromete los términos de sobrevivencia del Estado mientras que en Brasil es el gobierno el que está en cuestión.
En el más grave caso venezolano, la oposición ha logrado un triunfo sin precedentes desde 1999. Administrativamente éste tiene carácter parlamentario y no compromete formalmente al presidente que controla férreamente el resto del Estado. En el caso brasileño, en cambio, donde las instituciones estatales, más allá de su solvencia, mantienen una autonomía democrática, acaba de plantearse una investigación parlamentaria a la presidenta de la República que puede resultar en su desafuero, renuncia o su más debilitada gestión.
En ambos casos los gobiernos han perdido el sustento social que los consolidó en el poder en el 2013 y 2014. Pero en Venezuela ello ocurre en un escenario letal.
En efecto, con un nivel de pobreza por ingresos superior al 70% (ENCOVI), escasez de productos básicos de más de 50%, reservas internacionales que bordean los US$ 15 mil millones, 15%-20% de déficit fiscal y 25 mil homicidios anuales (OVV), la sociedad está desesperada. Mientras tanto el gobierno sólo produce contracción económica (-10% del PBI este año, Fedecámaras), hiperinflación (entre 150% y 200% en el 2015) y excusas (Venezuela es víctima de una “guerra económica”).
Sin embargo, el Ejecutivo mantiene gran capacidad represiva y disposición a ejercerla en nombre de la “revolución chavista” (aunque parte de la Fuerza Armada le haya restado poder). A ello coadyuvan los gobiernos del ALBA que, sin su centro articulador, encuentran en el pretexto “anti-imperialista” justificación para su atrincheramiento.
Bajo estas condiciones la plural oposición venezolana debe contribuir a satisfacer necesidades sociales de corto plazo y ejercer las facultades propias de una mayoría calificada (desde promover las libertades y procurar independencia de poderes hasta censurar autoridades y promover un referéndum revocatorio).
Esta nueva realidad haría sitio a la reconciliación si el chavismo perdedor se mostrara proclive al diálogo. Pero esa disposición no parece hoy visible.
Para que aquél funcione, los gobiernos regionales deben tomar posición para presionar o inducir al gobierno de Maduro a que devuelva al Estado y a la sociedad los poderes y libertades secuestrados. Mientras ese proceso no se apure habrá inestabilidad en la región.
A ella se sumará la que proviene del Brasil y de la interacción de la menor capacidad de gestión de la crisis económica con la inestabilidad política propia de la eventual acusación y destitución de la presidenta.
En el tránsito hacia un nuevo escenario de libertades y de apertura en la región la estabilidad radica hoy en los países del Pacífico y en la Argentina siempre que éstos actúen en consecuencia.
