Venezuela sigue siendo hasta hoy un Estado fuertemente autoritario y regionalmente desestabilizador. Pero si su ciudadanía aprueba la reforma constitucional que patrocina Hugo Chávez, Venezuela se convertirá en un Estado totalitario de orientación socialista que generará aún más inestabilidad en el área.
Este fenómeno político no sólo será inédito en América Latina (en Cuba Castro no consultó sino impuso a sangre y fuego un régimen comunista mientras Allende fracasó mortalmente cuando optó por la "vía legal" al socialismo) sino que alterará más profundamente la distribución de poder en Suramérica. Si ello ocurre el consenso liberal latinoamericano de la década pasada no sólo confirmará su fractura sino que impulsará fuertes tendencias de confrontación ideológica en la región, de resistencia antihegemónica frente a Venezuela y sus aliados y de contienda sobre la calidad futura del orden interno de nuestros países.
Después de los sacrificios políticos y económicos que la región ha realizado en el último cuarto de siglo, esa eventualidad debiera de ser prevenida y el gobierno venezolano advertido de que los suramericanos no admitirán ni desestabilización ni injerencia. Sin embargo, en tanto hoy no hay cohesión para dar ese paso, quizás un vistazo a lo que se propone la reforma constitucional venezolana pueda ser un incentivo al respecto.
Como dice el ex -ministro de Defensa chavista Raúl Baduel, Venezuela no está frente una simple reforma constitucional sino delante de un cambio estructural que el ex -militante define como un golpe de Estado. En efecto, lo que se propone Chávez, de manera minuciosa y controlista, es cambiar la ideología y la razón de ser del Estado venezolano, dominar al ciudadano y a la economía, gobernar sine die y asignar un rol renovadamente belicista a la fuerza armada de ese país.
Pare empezar Chávez ha propuesto que el interés del individuo se subordine constitucionalmente al del Estado bajo el eufemismo comunitario. Sobre ese principio tutelar enrumbará constitucionalmente a Venezuela hacia el socialismo. Para ello propone subordinar la propiedad privada a la pública creando la propiedad social directa (ejercida por el Estado) y la indirecta (ejercida por el "grupo") equivalente a la "propiedad ciudadana" y una forma de propiedad mixta. En tanto la nueva estructura de propiedad otorga a la propiedad privada a un rol menor, sus titulares probablemente tendrán que pactar con el Estado su sobrevivencia.
Sobre esa base el Estado se hará cargo de un Modelo Económico Productivo orientado a la creación de una economía socialista. En ese proceso el Estado se hará cargo de la exploración y explotación de los hidrocarburos, controlará estrictamente la economía y cancelará la independencia del Banco Central para atenerse a un Plan Nacional de Desarrollo. Para favorecer el apoyo a ese proyecto creará la jornada laboral de seis horas.
La capacidad del Estado para organizar ese proceso se ejercerá a través de l os denominados Poder Público y Poder Popular. El Poder Popular se organizará a través de "consejos" de trabajadores, campesinos, estudiantes, y otros a la manera cubana o quizás de los soviets con atribuciones en diversas instancias decisorias (empezando por las municipales). El Poder Público, en cambio, lo ejercerá el Presidente rediseñando las 36 funciones establecidas en la Constitución anterior. La vocación controlista de ese poder va desde el dominio de la política cambiaria hasta la designación de tantos vicepresidentes como el Presidente disponga.
Entre esas atribuciones se encuentra la creación de nuevas circunscripciones territoriales en un diseño que hace de la ciudad el centro de la distribución política y de la "comuna" (una de las forma de ejercer el Poder Popular), el corazón articulador de la misma. La extralimitación del uso de ese poder está ya sugerida con la incorporación de Caracas a una unidad territorial que se denominará "Cuna de Bolívar y Reina del Guaraira Repano".
Y como el poder no funciona sin burocracia y sin disposición de la fuerza, Chávez propone incorporar a las "misiones" como gestores públicos y definir un nuevo rol para las fuerzas armadas. Éstas tendrán constitucionalmente una función antiimperialista y antioligárquica que admitirá entre sus mecanismos de defensa la guerra popular y la incorporación de milicias (ello explica la compra de 100 mil Kalshnikovs a Rusia).
Como se sabe, el principio de autodeterminación es uno de los más respetados por la tradición jurídica latinoamericana. Pero éste no puede llevarse al punto de promover un orden interno estatal que lleva impreso el conflicto con los demás. Y esto es lo que Chávez está haciendo.
