Con la mayoría de los Estados americanos continentales y los más relevantes de la Unión Europea respaldándolo, el presidente encargado de Venezuela, Guaidó, ha iniciado el mes anunciando que éste será crucial para la recuperación democrática de ese país.
Así lo confirman el reinicio de la presión en las calles, el anuncio del arribo de la asistencia humanitaria inicial, el impacto creciente de sanciones económicas (especialmente las de Estados Unidos), una nueva reunión de la OEA ad portas y nuevas demandas del Grupo de Lima (antes que acciones concretas).
Entre éstas destacan llamados a la Fuerza Armada venezolana para que respalde al presidente encargado y a la comunidad internacional para que evite realizar transacciones financieras y comerciales con el régimen de Maduro en el extranjero además del reclamo de garantías para el acceso de la ayuda humanitaria.
Si ese Grupo –y el Perú- no desea empeñarse en el intento de procurar el desenganche de Rusia, China y Cuba del ilegal gobierno venezolano (lo que dice mucho de su poder colectivo), bien podría invocar un instrumento que acerque su escasa capacidad de acción a su fortaleza declarativa: la responsabilidad de proteger.
Aunque carente de soporte pleno, ese concepto de seguridad colectiva fue patrocinado por el Secretario General Kofi Annan en el 2000, patrocinado luego por Canadá (un miembro del Grupo de Lima) y aceptado por la Cumbre Mundial de la ONU el 2005.
La responsabilidad de proteger es un compromiso comunitario para proteger a las poblaciones del genocidio, de los crímenes de guerra, de la “limpieza étnica” y de crímenes contra la humanidad. Si algo dejó la barbarie en Rwanda y en la guerra de los Balcanes fue el establecimiento de esta responsabilidad para que esas carnicerías y sus métodos no se repitieran.
Pero en Venezuela, éstos siguen viento en popa con 87% de la población en la pobreza, 61% de la misma en pobreza extrema y 55% de desnutrición en niños menores de cinco años debido a políticas deliberadas de un dictador que, nutriéndose de su propia barbarie, pretende negar con mentira y represión.
Si al respecto puede alegarse que la activación de la responsabilidad de proteger es inviable hoy a través del Consejo de Seguridad de la ONU por el veto sino-ruso, éste bien puede servir de principio que oriente un mayor compromiso regional basado en su aplicación anterior. Ésta ha ocurrido en media docena de conflictos en el norte y centro de África entre 2011 y 2013.
Si en el caso venezolano los alineamientos contrarios impiden similar acción, la imposición, negociación o acción popular para la aplicación de la responsabilidad de proteger no deben ser impedidas por nadie para asegurar que la asistencia humanitaria llegue a su destino en Venezuela.
A esta altura resulta inexplicable que el Grupo de Lima no logre aplicar en el campo esa obligación (p.e. vía asistencia humanitaria) y que Canadá, un inspirador, no le otorgue nueva vida delegando todos la acción definitiva en Estados Unidos, Brasil y Colombia.
