El gobierno venezolano fomenta, desde su origen, la inestabilidad como política.
Proyectada hacia afuera a través de una zona de influencia esa estrategia dividió a la región. Y ejercida internamente su control autoritario ha devenido hoy en calamitoso desgobierno que no puede aún ser ordenado por la mayoritaria oposición.
Como consecuencia, el Estado venezolano ha pasado de comandar con Cuba una entidad hegemónica subregional (el ALBA) a ser hoy casi un Estado fallido (ya es un gobierno fallido).
En ese transcurso la potencia que quiso ser la Venezuela chavista hoy genera temor por implosión. Aun así, el gobierno venezolano se resiste a abandonar la política de inestabilidad en la esperanza de un rédito de sobrevivencia.
No de otra forma puede entenderse que, frente a la catástrofe interna, el causante del desastre insista en ejercer poderes extraordinarios para extraer al país de la crisis.
Y también que pretenda hacerlo diagnosticando la catástrofe de manera delirante (para el ministro de Economía –hoy cambiado- la inflación “no existe en la realidad” cuando la hiperinflación está en camino) y manteniendo las políticas que han llevado al país a la ruina. Todo ello mientras el Tribunal Supremo de Justicia, saturado de políticos chavistas, veta la disconformidad con el decreto de emergencia económica expresada por la Asamblea Nacional venezolana.
La disposición a practicar la inestabilidad como forma de gobierno se expresa también en la conclusión aparente del diálogo con la oposición cuyo inicio dejó entrever el Sr. Maduro con su presentación en el Congreso en enero. Así, en lugar de adelantar la liberación de presos políticos luego del triunfo aplastante de la oposición, el gobierno esperó a que la Asamblea Nacional emitiera la ley de amnistía y reconciliación nacional sólo para advertir que ésta sería vetada por el Tribunal Supremo.
La oposición ha interpretado estas políticas de inestabilidad como evidencias de un autogolpe chavista en ciernes para mantenerse en el poder. Con el mismo tenor el oficialismo califica de golpista el anuncio de la oposición de procurar la conclusión del gobierno de Maduro de manera democrática y eficaz.
En el marco de la confrontación de poderes y del rol perverso que desempeña en él el Tribunal Supremo esta situación merece la mayor atención hemisférica. La Carta Democrática ofrece al respecto el legítimo instrumento de acción colectiva que devuelva al gobierno de Maduro a la realidad.
Más aún cuando, sin legitimidad, pretende actuar internacionalmente llamando a grandes interlocutores (China, que sigue facilitando créditos a un gobierno insolvente) o jugando viejas cartas de dominio y alianza (un compromiso con Rusia, Irán y Arabia Saudita para detener la caída de los precios del petróleo al estilo OPEP).
Pero Maduro desea algo más. Desea regresar al gran escenario internacional para recuperar el poder que ha perdido en la región. Prevenir las consecuencias desestabilizadoras de esa opción debiera concernir a UNASUR siempre que ese foro actúe en consecuencia.
