Como si el control de la mayoría de las instituciones del Estado y el bloqueo de la Asamblea Nacional no fuera suficiente, el presidente de Venezuela acaba de subordinar al conjunto del Poder Ejecutivo a las órdenes del Ministro del Poder Popular para la Defensa, General Vladimir Padrino López.
En el marco de la crisis total que vive Venezuela, el pretexto oficial de esta decisión, que militariza aún más al gobierno (a la presidencia del Comandante Chávez siguió la presidencia del Congreso por el General Diosdado Cabello en otros copamientos militares), es orientar a la “Gran Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro” para que ésta ponga fin al desabastecimiento de 80% de productos básicos.
Esta medida coloca a Venezuela en los linderos del autogolpe e intensifica la deriva dictatorial del señor Maduro. En efecto, la decisión presidencial no sólo parece proponer un co-gobierno con la Fuerza Armada sino el fortalecimiento, si cabe, del control ideológico de la población.
No otra cosa puede concluirse de los atributos extra-militares que lleva el General Padrino al gobierno. Estos se resumen en la condición “socialista, antiimperialista y revolucionaria” que ese mando militar atribuye a la Fuerza Armada que comanda (como lo declaró al asumir en 2012 el cargo de segundo comandante del ejército).
Como es evidente tal declaración constituye una declaración de militancia y sumisión ideológica de la Fuerza Armada al gobernante y de alteración del rol de esta Fuerza como garante del interés nacional.
A pesar de la opinión en contrario de la Asamblea Nacional, el señor Maduro ha mantenido su arbitraria decisión. Ella encaja perfectamente dentro de la definición de “régimen pretoriano” con que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, ha identificado la naturaleza del gobierno.
Mientras tanto los Estados miembros de la OEA continúan evaluando el informe sobre la situación de quebrantamiento constitucional, político, social y económico en Venezuela que, de manera detallada y fáctica, les presentó el Secretario General de esa institución el 23 de junio pasado. Como si la contundencia de los hechos fuera eludible o inexistente el Consejo Permanente se limitó, en esa oportunidad, a escuchar al señor Almagro sin señalar curso de acción alguno.
Es más, la morosidad operativa continúa en el Sistema Interamericano a pesar de que la crisis venezolana se expresa cotidianamente en sus extremos más patéticos, como el humanitario.
Al respecto pareciera haberse impuesto en la OEA un temeroso e implícito consenso que no desea siquiera que se mencione la Carta Democrática como marco apropiado para ayudar a la resolución la crisis en cuestión a pesar de que el informe del Sr. Almagro se presentó haciendo uso de las atribuciones que otorga el artículo 20 de ese instrumento.
Como pretexto para la inacción parecen predominar al menos un par de razones inefables. La primera radicaría en el temor de que cualquier aproximación decidida a la crisis venezolana no cuente con los votos necesarios como resultado de la oposición que ejercerían los miembros del ALBA y los integrantes del Caribe.
La segunda es aún más injustificable: en tanto ya existe un mecanismo de “diálogo” que encabeza el ex -presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (secundado por los expresidentes de la República Dominicana y Panamá, Leonel Rodríguez y Martín Torrijos), los miembros de la OEA esperan que éste produzca, aunque fuere por inercia, algún resultado en un plazo sin término. Especialmente ahora que la Unión Europea ha designado al político español como mediador.
Si esta situación es tan real como es burlesco el “diálogo” propuesto por UNASUR en el 2013 (cuando el opositor Enrique Capriles reclamaba ser recibido por la presidencia pro témpore de ese entidad, que presidía el Perú, y no se le ofreció otra cosa que esa alternativa carente de institucionalidad y de convicción regional) no parece razonable que el Consejo Permanente de la OEA no refuerce ese mecanismo por lo menos con una mediación en forma sustentada en la Carta Democrática. Pero parece que la entidad hemisférica prefiere enmascarar su abstención en la inercia del “diálogo” que sólo ha dado signos de inoperatividad e ilegitimidad mientras ha ganado tiempo el señor Maduro.
Y mientras la parálisis institucional americana se agrava, el señor Maduro continúa dando prueba fehaciente de su disposición dictatorial. Por ejemplo, al mantener el control fronterizo impidiendo que los venezolanos puedan salir legalmente del país a aprovisionarse en Colombia. Al respecto, la arbitrariedad de Maduro se ha puesto en evidencia en la crisis humanitaria permitiendo que la frontera se abra dos o tres veces para ciudadanos que apenas pueden gastar en provisiones básicas uno o dos sueldos mínimos.
De momento ello permite al gobierno venezolano desviar el conflicto político hacia el conflicto humanitario y que los vecinos se concentren en prestar su mínima asistencia en esta materia. Si este es el caso, es probable que pronto, con algún gesto que legitime al dictador a propósito de esa crisis, éste permita que la comunidad internacional proporcione ayuda material en cantidades superiores.
Si los Estados americanos se dejan arrastrar a esa actitud minimalista, Maduro se habrá convertido en el personaje imprescindible sin el cual el caos ya visible se apoderará, en la percepción ajena, de toda Venezuela mientra el gobierno cívico-militar gana en presencia al estilo peruano de la última década del siglo pasado.
Para evitarlo, y al mismo tiempo permitir que la comunidad internacional contribuya a aliviar la crisis humanitaria en Venezuela, los vecinos americanos deben exigir de Maduro que asuma de una vez la responsabilidad de convocar al referendum revocatorio y que se atenga a las consecuencias procurando una transición ordenada del mando.
De lo contrario parece cada vez más probable que el gobierno cívico-militar venezolano aligere el tránsito de la frustración política de la población a la lucha por su subsistencia y que una explosión social se irradie, con consecuencias mayores, por el norte de Suramérica.
