Venezuela no es una democracia, no tiene un mercado, su gobierno no provee servicios públicos indispensables y su sociedad puede derivar hacia la confrontación callejera.
En efecto, en Venezuela no existe separación de poderes que el gobierno impide mientras el estado de derecho es vulnerado por la arbitrariedad con que actúa el Poder Judicial como instrumento del Ejecutivo. Por lo demás, la representación soberana que encarna la Asamblea Nacional, mayoritariamente opositora, es frustrada cotidianamente por la disposición totalitaria del señor Maduro que prefiere actuar por decreto (leyes habilitantes, estados de excepción).
En ese escenario el bloqueo de la voluntad popular que desea expresarse mediante un referéndum revocatorio normado por ley es una función del elogio de la arbitrariedad revolucionaria elogiada por el vicepresidente Isturiz.
Frente a la masiva quiebra del orden constitucional en Venezuela, la comunidad regional (UNASUR) y hemisférica (la OEA, que ha dejado solo a su Secretario General) han depuesto su obligación de proteger colectivamente la democracia en la región (la Carta Democrática) y hasta de patrocinar intentos mediadores de menor rango. Esa abstención mide el grado de cohesión comunitaria existente en el área.
En su defecto ex –presidentes regionales y de España intentan sus buenos oficios con el respaldo de la Secretaría General de la ONU. No es improbable esa iniciativa sea absorbida por la intensidad de la debacle económica venezolana.
A la contracción reciente de -18% de la economía venezolana (-4% en el 2014, -5.7% en el 2015 y -8% en el 2016) debe sumarse la inflación de 720% este año (con una proyección de 2200% para el 2017 según el FMI).
Esta catástrofe se expresa hoy en escasez general, especialmente de productos de la canasta básica (el ingreso familiar sólo permite acceder al 16%), en mayúsculo incremento de la inseguridad (los homicidios en el 2015 sumaron de 17770, dimensión superior a países en guerra, que acompaña a la movilización militar contra el “enemigo externo”) y en la carencia de servicios (el gobierno quiso compensar los cortes de luz reduciendo la semana laboral pública a dos días).
La incapacidad de respuesta se explica en un déficit fiscal estimado oficiosamente -17%, escasísimo nivel de reservas (US$ 13.6 mil millones) y fuerte caída del ingreso petrolero (-35% en 2015) que representa 95% de las exportaciones como resultado de un gran desmanejo administrativo y no sólo de caída de precios.
Para colmo, Venezuela afronta problemas de pago de deuda externa que difícilmente se reestructurará si el principal acreedor (China) no lo hace después de haber prestado US$ 65 mil millones vía cash por oil.
La tendencia lleva a Venezuela a una situación de Estado fallido cuya alternativa es el totalitarismo. Las más inmediatas referencias al respecto son Haití en América y los países de la “primavera árabe” del Norte de África. Venezuela es, por tanto, un problema de seguridad para la región. Y sin embargo la región no actúa.
