Este fin de semana, los uruguayos probablemente elegirán por segunda vez a Tabaré Vázquez como presidente. Con ello confirmarán la tendencia en los países del Atlántico suramericano a mantener en la Jefatura del Estado durante tres períodos de gobierno, por lo menos, a un gobierno del mismo partido de izquierda.
Si ello ocurre (las tendencias favorecen hoy con 52% al candidato del Frente Amplio sobre 42% del opositor Luisa Lacalle Pau) el Sr. Vázquez habrá consolidado el triunfo obtenido en la primera vuelta (47.9% sobre 30.9% del Sr. Lacalle) respetando la normativa electoral de su país. Y habrá confirmado también que, luego del mandato del Presidente Mujica, un índice de popularidad del 70% al término de su primer gobierno es un arma política contundente en manos de un líder decente como él.
Esas virtudes, sin embargo, no parecen suficientes para justificar la falta de alternancia en el poder que define mejor un régimen democrático del que Uruguay, luego del turbio período dictatorial 1973-1985, es quizás el mejor exponente en el Cono Sur. Menos aun cuando los “partidos tradicionales” como el Partido Nacional del Sr. Lacalle y el Partido Colorado del Sr. Pedro Bordaberry, han modernizado sus estructuras, relegitimado sus bases y presentado minuciosos y prácticos programas de gobierno.
Es más, si los uruguayos prefieren el continuismo este fin de semana lo harán basados en una muy respetable opción ideológica pero también en un estímulo material identificado con los programas sociales. Si bien estos generan inclusión a través del Ministerio de Desarrollo Social, ello no se refleja en mejoras en la educación y en la seguridad ciudadana uruguayas que fueron, en su momento, ejemplos civilidad y del Estado de bienestar en América Latina.
Hoy esas cualidades se han perdido en Uruguay donde el índice de deserción escolar es altísimo, la calidad de la educación es tan baja como alta es la influencia de los sindicatos del sector y donde los niveles de inseguridad han llegado al extremo de que ni la residencia del Ministro del Interior esté exenta de asalto (hecho comprobado recientemente).
Estos signos de deterioro social debieran manifestarse en rechazo o crítica poblacional. Pero ello no ocurre quizás porque, como en Brasil, el corporativismo puede estar encarándose en el Uruguay mientras el gobierno del Frente Amplio no hace mucho por evitarlo.
Al respecto, debe reconocerse, sin embargo, que esta peligrosa deriva no recurre aún a las malas artes empleadas en los países del ALBA para lograr reelecciones sin fin (el cambio ad hoc de la ley electoral en beneficio del mandatario de turno).
Sin embargo, la adhesión popular sí ha permitido al candidato que ganó la primera vuelta obviar la importancia nacional como los es, de manera insoslayable, la erosión económica.
En efecto, confrontado por serios problemas de estancamiento, retroceso y estabilidad económicos, el triunfante Sr. Vázquez ha anunciado una lista amplia de prioridades en la que la generosidad del gobierno se incrementaba en la misma proporción con que se guardaba silencio sobre el reconocimiento, diagnóstico y medidas específicas necesarias para contrarrestar el embate inflacionario, la pérdida de confianza en los actores económicos y las deficiencias de inserción externa uruguaya.
Así, el 26 de octubre pasado, el Dr. Vásquez anunció el establecimiento de un sistema nacional de cuidados para la primera infancia y los adultos mayores, mayor descentralización, un programa de gobierno digital, un nuevo plan de vivienda popular y un plan nacional de cultura humanista. Estas prioridades fueron complementadas por anuncios inorgánicos de naturaleza económica (disminución de la carga tributaria con énfasis en la reducción de impuestos indirectos, un esfuerzo de inversión en infraestructura y un sistema nacional de competitividad en el que participarán los sectores público y privado) que no merecieron el reconocimiento del contexto respectivo ni de los objetivos buscados.
De esta ausencia de metas se salvó la “apuesta educativa” que si bien plantea asegurar que el 100% del alumnado culminen el ciclo básico con un mínimo de egreso del 75%, no refirió propuestas para la indispensable mejora de la calidad educativa de la que Uruguay solía ufanarse hace unos años con razón. Lo mismo ocurrió con el plan de seguridad pública que apuntó en general a la fórmula poco práctica de soluciones integrales y de ataque de las causas con que suelen distraerse los esfuerzos requeridos para dar razón de ser al poder coercitivo de la ley.
En cualquier caso, en esa decena de capítulos programáticos, los requerimientos externos de Uruguay brillaron por su ausencia. Si la prioridad social del probable futuro presidente de la República Oriental es legítima y comprensible, la falta de preocupación por un entorno externo fuertemente deteriorado en los ámbitos regional y global es preocupante. Y lo es más para un país que, por pequeño y por carecer de un mercado interno significativo (Uruguay tiene una población de apenas 3 millones casi inamovible desde hace medio siglo), el comercio y el financiamiento externos son una necesidad vital.
Para el opositor Sr. Lacalle, en cambio esta dimensión de la problemática uruguaya es una prioridad que, no por poco popular, puede dejarse de lado. En efecto, el programa del Sr. Lacalle reconoce explícitamente la importancia del sector externo y propone cambios importantes para afrontar la politización de los agentes diplomáticos, la dependencia infértil de Brasil y Argentina, la disfuncionalidad del MERCOSUR, la necesidad incrementar el nivel de relaciones con las economías liberales del área y mejorar la posición negociadora en el ámbito multilateral. Todo ello se plantea en el marco de la apertura como condición indispensable para una economía pequeña como la uruguaya.
Si el Sr. Lacalle triunfase, estos planteamientos serían un factor contribuyente a la solvencia regional, hoy tan precaria. Y si no lo hace (como es probable) estos aportes debieran ser recogidos por el Sr. Vázquez si Uruguay no desea quedar encajonado en un extremo del Atlántico sur suramericano atribulado por la desconfianza externa que genera sus malos contactos y por la poca influencia que producen las encantadoras frases del Presidente Mujica a las que con tanto humor se refiere el ex –Presidente Julio María Sanguinetti.
En efecto, no es poco lo que ha perdido la tradición jurídica de la política exterior uruguaya con el apoyo a Venezuela que atenta cotidianamente contra el Estado de Derecho, ni con Irán que pretende la proliferación de armas nucleares (aunque su posición se inclina, felizmente, ahora por la negociación) ampliando, en ese contexto antioccidental, sus contactos en Suramérica.
Por lo demás, la relación con Argentina y Brasil en el marco del Mercosur (que si se constituyó en zona de libre comercio y en unión aduanera fue para vulnerar sistemáticamente ambas plataformas) ha devenido en el empantanamiento uruguayo en una zona de obstáculos al libre comercio que plantean las dos potencias regionales dominando la agenda. Al respecto no se conoce propuesta uruguaya alguna de recomposición o reordenamiento subregional.
El mantenimiento de esa relación incuestionada (aunque imprescindible bajo otros términos) por los gobernantes del Frente Amplio, ha contribuido a la infravaloración del Uruguay por sus vecinos mayores, ha perjudicado la relación con Paraguay (tan duramente tratado por el entorno mercosureño y regional) y no ha favorecido el vínculo con Estados liberales del Pacífico suramericano como Perú y Colombia con los que el Sr. Lacalle quisiera una relación más productiva.
En ese marco, el Sr. Lacalle ha hecho bien en plantear el fortalecimiento de la relación bilateral con Brasil y Argentina para compensar los daños que causa la relación plurilateral y en ponderar adecuadamente el valor que tiene el poder de contratación con terceros sin las amarras del Mercosur (hoy Argentina sigue bloqueando la negociación de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que ya había sido fue congelada por años). Sobre la base de ese mejor posicionamiento, Uruguay podría mejorar su posición negociadora en los foros multilaterales
Si el Sr. Vázquez triunfa será importante para la región que preste atención a estos reclamos de la oposición uruguaya con la que ha prometido dialogar. De ello depende la mejor inserción regional y global de la República Oriental y un incremento en el status de interlocución con potencia regionales medias como el Perú. Por lo demás, de la ponderada atención a la agenda interna que propone la oposición depende también el bienestar del Uruguay en los próximos años.
